La seguridad pública es uno de los derechos humanos colectivos fundamentales que debe ser garantizado con eficiencia plena, como se señaló en el Programa de Seguridad Pública 1995-2000. En cumplimiento de dicho programa, en la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública se prescribe la "coordinación de los cuerpos de seguridad pública municipales, estatales y federales" ya existentes, a fin de prestar con eficiencia el servicio de seguridad pública.

Todos esperábamos que esa coordinación sería reglamentada y puesta en marcha prontamente, para que, con estricto respeto a la Constitución, las leyes y los derechos humanos, el servicio de seguridad pública mejorara significativamente. En lugar de ello, el año pasado, a propuesta legislativa repentina del Ejecutivo federal, se creó la Policía Federal Preventiva, a la que se asigna como "función primordial salva- guardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos". Se le dota de "autonomía técnica y operativa en el ejercicio de sus atribuciones", las cuales ejercerá en todo el territorio nacional. La nueva policía depende de la Secretaría de Gobernación, está jefatu- rada por un comisionado y asume también las atribuciones que estaban conferidas a las "policías administrativas federales": Migración, Federal de Caminos y Fiscal Federal, cuyos efectivos "podrán formar parte de la Policía Federal Preventiva, si cumplen con los requisitos que establece la ley..."

Es decir, en lugar de establecer legal y materialmente la "coordinación de los cuerpos de seguridad pública municipales, estatales y federales" ya existentes, como se había ordenado en la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se creó una superpolicía federal. ƑEra esto necesario? Los mejores criminólogos coinciden en que no se necesitaba crear nuevos cuerpos policiacos, ni siquiera aumentar los efectivos de los ya existentes. Cuando menos el Distrito Federal cuenta con más poli- cías en promedio que las capitales más pobladas del planeta. Lo indispensable era, dicho sintéticamente, profesionalizar a los cuerpos policiacos que ya te-níamos, pagarles salarios dignos, dotarlos de recursos adecuados y sufi- cientes para efectuar su labor, y establecer mecanismos idóneos de control de sus funciones, como lo señala detalladamente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el documento Propuestas para la Profesionalización de la Policía Preventiva del Distrito Federal, entregado en agosto de 1997 al entonces secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, y que se ha vuelto a entregar a los sucesivos ocupantes de ese cargo.

Pero, además, recientemente se ha incorporado a 5 mil militares a la nueva superpolicía. No se ha informado si previamente fueron dados de baja del ejército. La Constitución establece en su artículo 129: "En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar..."

Independientemente de ello, un militar, como cualquier otra persona entrenada para una función especifica, se ve afectado por la correspondiente "deformación profesional". La disciplina militar prepara para destruir si lo demanda la "seguridad de la nación", no para prevenir delitos o infracciones en el seno de la vida colectiva. Es más conveniente preparar personas para la función policiaca de "seguridad pública", que debe ser eminentemente técnica, que forzar a militares, entrenados para funciones naturalmente destructivas, a volverse policías. La inconveniencia de esto último se reveló no hace mucho en forma clara y dramática. En 1997 se incorporó a la policía preventiva del Distrito Federal a numerosos miembros del Ejército Mexicano, quienes incurrieron en frecuentes abusos. Llevaron a cabo operativos policiacos en los que se detuvo arbitrariamente a numerosas personas, que finalmente tenían que ser puestas en libertad, porque no había elementos para imputarles algún delito o infracción. Todo esto culminó trágicamente con la ejecución policiaca de seis jóvenes de la colonia Buenos Aires, que escandalizó al mundo y dio lugar a una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.