Al mismo tiempo que el gobierno de Ernesto Zedillo busca cambiar la Constitución para privatizar totalmente las empresas eléctricas estatales, contrata los servicios de asesores extranjeros, como la inglesa Eastern British Power International y la española Unión Fenosa, para ``transformar y modernizar'' las áreas de administración, generación y distribución de esas empresas estatales. El lunes 26 y el viernes 30 de julio La Jornada informó que el monto de esos contratos asciende a 20 millones de dólares durante los últimos tres años, y a 13 millones tan sólo durante 1999.

En particular, el contrato firmado con Unión Fenosa le significa a Luz y Fuerza del Centro (LFC) pagar a los asesores extranjeros salarios que resultan escandalosos para nuestra realidad, como el medio millón de pesos mensuales que recibe el coordinador del proyecto, los 380 mil pesos mensuales que obtiene el jefe del proyecto, y los 270 mil pesos mensuales para otros expertos. Además, se le pagan los gastos de alojamiento y comida en México así como los viajes de España a México, y viceversa. Estos técnicos extranjeros ganan en un mes lo que un trabajador de salario mínimo gana en cinco o seis años. Esto resulta alarmante por varias razones.

1) Las autoridades del sector energético nunca informaron a la sociedad de la contratación de esos asesores extranjeros y, como es su costumbre, se han negado a informar con amplitud sobre el tema.

2) Si de modernizar la industria eléctrica se trata, ese gasto es innecesario, pues Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuentan con técnicos altamente capacitados que pueden no sólo recomendar sino también poner en práctica esos programas de modernización, sin cobrar un solo centavo por ello. Además, órganos técnicos de consulta a los que debería acudir el gobierno --pues para eso están--, como el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas (CIME), han manifestado reiteradamente a la Secretaría de Energía su plena disposición a contribuir en la búsqueda de alternativas para el desarrollo de la industria eléctrica. Sin embargo, las autoridades han desechado sistemáticamente esas propuestas, tal vez porque van en sentido contrario a sus deseos privatizadores. En opinión del CIME, para modernizar nuestra industria eléctrica no es necesario privatizar total o parcialmente LFC y CFE, mismas que pueden convivir sin problemas con empresas privadas, en el marco legal que rige actualmente.

3) En consecuencia, tal parece que la razón de fondo de la terquedad oficial por utilizar cuantiosos recursos públicos en asesorías y estudios extranjeros es para tratar de justificar la privatización de las empresas eléctricas estatales. Pretenden ocultar que se trata de una decisión ya tomada y buscan eludir su responsabilidad, al hacer aparecer que su decisión privatizadora está apoyada en recomendaciones de ``carácter técnico'', emitidas por ``especialistas imparciales de renombre internacional''.

4) Como un agravante adicional, cabe señalar que esa supuesta imparcialidad no existe. Uno de esos asesores extranjeros contratados por las autoridades del sector energético, Unión Fenosa, es al mismo tiempo uno de los inversionistas que construyen la nueva planta de generación eléctrica en Hermosillo, Sonora (La Jornada, junio 23, 1999). Además, Unión Fenosa lleva la voz cantante en la reorganización de LFC para preparar su privatización, por lo que actúa como juez y parte en el proceso. Así, con recursos públicos, el gobierno mexicano paga a empresas privadas extranjeras para que justifiquen una privatización de la que ellas serían beneficiarias directas, en perjuicio del país.

Por lo visto, la delincuencia organizada se da no sólo entre servidores públicos y narcotraficantes. Existe otra delincuencia organizada, de cuello blanco, integrada sobre todo por funcionarios públicos federales, banqueros y prominentes empresarios privados, algunos de los cuales temporalmente están en prisiones extranjeras y otros se desempeñan como legisladores. Sus trapacerías no se limitan a legalizar el gran robo a la nación que es el Fobaproa y a estorbar la auditoría ordenada por la Cámara de Diputados alegando supuestas razones de confidencialidad y secreto bancario, ni a llevar adelante a cualquier costo proyectos de extracción petrolera como el de Cantarell, sin atender los graves cuestionamientos de los especialistas sobre su viabilidad técnica y económica y sobre las violaciones a la Ley de Adquisiciones. También se ocupan de contratar ``asesorías técnicas'' extranjeras a la medida de su impunidad, para tratar de justificar la entrega del petróleo y la electricidad a poderosas corporaciones que controlan cada vez más a países con gobernantes de pacotilla.