n Controversia sobre el caso del Banco Unión
Se reserva la CRICP el derecho de acudir a la Suprema Corte
María Esther Ibarra n La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) de la Cámara de Diputados envió ayer una misiva al presidente Ernesto Zedillo en la cual le notifica que se reserva el derecho de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la vía de la controversia constitucional, al negarse a proporcionar la información sobre los fondos utilizados de Banco Unión en la campaña política del PRI en 1994.
Al término de una reunión de trabajo de esa instancia legislativa, su presidente en turno, Jorge Emilio González Martínez, informó lo anterior y confirmó que entre el 1o. y 10 de septiembre, dentro del próximo periodo ordinario de sesiones, se presentará al pleno de los diputados el asunto de la controversia constitucional.
El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) también señaló que es prácticamente un hecho que en el actual periodo extraordinario no se discutan las leyes en materia financiera, al no haber acuerdo entre los partidos en la Cámara de Diputados.
En la reunión de la CRICP, agregó, se trató la clausura o prolongación del actual periodo extraordinario de sesiones e indicó que eso dependerá del tiempo que tarde el Senado de la República en llegar a un acuerdo sobre la iniciativa de reforma de Ley Orgánica del Congreso de la Unión.
Por ello, recalcó, no será este martes 10 cuando concluya el periodo en curso, tal como se había previsto la semana pasada. Ese día, precisó, sesionará el pleno de los diputados para debatir el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sobre el proyecto de reformas al Cofipe, aprobado anteayer por el voto mayoritario de la oposición.
Al retomar el asunto de la controversia constitucional, González Martínez aseveró que los requerimientos de información de los fideicomisos de Banco Unión no tienen por qué frenar el informe Mackey sobre los resultados de la auditoría al Fobaproa.
Comentó que ciertamente la SCJN tiene sus propios plazos para determinar sobre la controversia, pero que de todos modos el Ejecutivo tendrá que dar su versión a ese máximo órgano de justicia del país.
En la misiva, la CRICP reitera al Presidente que no coincide con los fundamentos y argumentaciones que, por medio del titular de la Secretaría de Gobernación, Diódoro Carrasco, les hizo saber a los legisladores de ese órgano en el sentido de no estar facultados ni el secretario de Hacienda ni el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para proporcionar la información solicitada por los auditores sobre el Fobaproa en torno a los fideicomisos de Banco Unión.
En otro orden, González Martínez comentó que se analizó con el oficial mayor de la Cámara de Diputados los preparativos de seguridad para la ceremonia del quinto informe de gobierno, cuyos costos serán similares a los del año pasado.