Sergio Zermeño
Referéndum

Si algo ha producido el movimiento estudiantil en sus 107 días de huelga es, por un lado, una angustia generalizada sobre el futuro de la educación superior en México y, por otro, un catálogo bastante bien decantado de propuestas y soluciones posibles. Hoy si algo ha producido el movimiento estudiantil en sus 107 días de huelga es, por un lado, una angustia generalizada sobre el futuro de la educación superior en México y, por otro, un catálogo bastante bien decantado de propuestas y soluciones posibles. Hoy tenemos ante nuestros ojos tres posiciones definidas:

1) La del CGH, que consiste en no levantar la huelga hasta que sean resueltas íntegramente las seis demandas de su pliego petitorio, y hasta que no sea convenido un Congreso de Reforma Universitaria, incluyente, plural y resolutivo.

2) La de las autoridades de la universidad, que consiste en exigir la devolución de las instalaciones universitarias, ya que la solución parcial o total de los seis puntos del pliego petitorio no está en sus atribuciones institucionales, aunque no se opondrían a la realización de algún foro o foros de discusión, no resolutivos, sobre problemas e inquietudes de los universitarios, una vez que la institución se encuentre normalizada. Declaran igualmente que no habrá sanciones si las faltas que han cometido los paristas no son graves.

3) La de un distinguido grupo de profesores eméritos de la UNAM, que ha recogido con fidelidad una cantidad importante de propuestas hechas por individuos y grupos de universitarios, particularmente del sector académico, y que consiste en:

Que todos los alumnos tengan la oportunidad de terminar el semestre y no se establezcan sanciones a los universitarios por participar en la huelga.

Que se suspendan los pagos por servicios previstos en el nuevo reglamento y se posponga la discusión de los reglamentos de Exámenes y de Inscripciones así como el tema de los vínculos entre la UNAM y el Ceneval.

Establecer espacios de discusión y análisis, en donde se retomarían los puntos anteriores, abiertos a toda la comunidad, sobre los problemas fundamentales de la universidad que conduzcan a cambios necesarios en la institución; el Consejo Universitario prestará atención preferente a sus resultados y los traducirá en resoluciones.

Al aceptar el CGH lo anterior, el Consejo Universitario nombrará una comisión organizadora representativa de todos los sectores de la comunidad universitaria que pondrá en marcha dichos espacios en un plazo máximo de 60 días. Los eméritos firmantes se constituirían en comisión de seguimiento de estos acuerdos.

Las expectativas del conflicto no son nada esperanzadoras debido al estancamiento en que han caído estudiantes y autoridades. Unos piensan que dejando pasar el tiempo así se acumularán más fuerzas sociales descontentas, la universidad se abrirá al pueblo y se amplificará el caldo de cultivo antineoliberal. Otros, que este proceso de degradación hará que la opinión pública, manipulada o no, repudie a la UNAM de hoy y que, a continuación de un periodo traumático, sea reabierta en su deseado nivel de excelencia académica, reducto de las élites y productora de cuadros para la eficacia global.

Cuando los conglomerados sociales llegan a semejantes puntos muertos, cuando los actores en conflicto no pueden lograr acuerdos porque el diálogo está roto, porque sus lenguajes no se tocan, porque no existe un espacio compartido de interacción, el conjunto de la comunidad tiene que retomar sus obligaciones, actuar emergentemente y, para que ello sea posible, debe recurrirse a las técnicas conocidas de la participación social. En esto nos ayuda el tiempo transcurrido en este conflicto y, como decíamos, el que haya propuestas definidas y suficientemente consensadas.

Proponemos en consecuencia un referéndum organizado por un tercer actor, que no puede ser otro que el sector académico: cien puntos de votación en las plazas públicas de la ciudad atendidos por diez o quince académicos cada uno. Un proceso organizado por los colegios del personal académico y otras organizaciones que se han destacado por su participación en el conflicto, así como por todos los académicos que individualmente o en grupo estén dispuestos a participar. Un proceso en el que estudiantes, trabajadores y académicos se manifiesten por alguna de las tres opciones que hasta hoy han destacado y que hemos enumerado anteriormente. Si la votación es nutrida y el resultado es claro, las posiciones desfavorecidas habrán quedado deslegitimadas, con las consecuencias que ello trae consigo. Todo esto tendría que tener lugar antes del inicio del próximo periodo escolar, para beneficio de nuestra universidad.