Ť Desde 1997, escalonadas y drásticas reducciones

Casi cuatro millones de pobres, fuera de seis planes de subsidio

Ť Las mermas, adicionales a los recortes al gasto social: Brugada

Víctor Ballinas Ť En los últimos tres años, un millón 200 mil personas fueron excluidas del programa de leche subsidiada Liconsa debido a la reducción del gasto social: en 1997, la empresa descentralizada ejerció mil 365 millones de pesos; para 1998 se le asignó un presupuesto de mil 226 millones de pesos, de los que sólo ejerció mil 124 millones, y para éste, sólo contó con 803 millones de pesos.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, Clara Brugada, destacó que este año 3 millones 900 mil personas quedaron excluidas de los subsidios de leche, tortilla, desayunos escolares, créditos a la vivienda y apoyos productivos, así como del programa jornaleros agrícolas.

Agregó que paulatinamente ha habido una reducción, adicional a los recortes al gasto social; muestra de ello es que en 1991, Liconsa atendía a 6.6 millones de niños menores de 12 años; en 1997 su cobertura pasó a 5.4 millones, y en 1999 sólo atiende a 4.2 millones de niños menores de 12 años.

La legisladora del PRD señaló que la disminución en el padrón de beneficiarios es aún más grave si se considera que se tiene registrada una importante merma en el consumo per cápita de leche en la población de menores recursos, pues mientras que en 1987 el consumo per cápita era de 129.7 litros anuales, al cierre de 1997 fue de 94.3 litros. El reciente aumento a la leche Liconsa es consecuencia directa del recorte al gasto social, y de que la atención de la población en pobreza extrema y pobreza moderada no es prioridad del gobierno federal, dijo.

Por otra parte, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados y encargado del área de Política Social en su partido, Gustavo Vicencio Acevedo, destacó que desde 1996 el gobierno puso en marcha una política de abandono a los subsidios, en la que se da preferencia al cuidado de los intereses de grupos selectos que requieren de una estabilidad financiera que garantice sus inversiones.

En el documento de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados titulado Gasto Social en el presupuesto de egresos de la Federación 1998, se analizan los recortes al gasto social por casi 6 mil millones de pesos. Recordó el legislador que en la presentación del Presupuesto de Egresos de 1998 se dijo que "uno de los propósitos fundamentales es lograr una distribución del gasto programable que confiera la más alta prioridad al gasto social".

Y no obstante que en el artículo 45, fracción II, inciso B, se señala que "los ajustes y reducciones al presupuesto deberán realizarse en forma selectiva, sin afectar las metas sustantivas del gasto social y de los principales proyectos de inversión", destacó Vicencio Acevedo, los ajustes al presupuesto realizados el 14 de enero y el 24 de marzo de 1998 impactaron de manera negativa en el bienestar social. Con dicha acción, destaca el documento del PAN, quedó de manifiesto que "el gasto social constituye una prioridad únicamente de tipo formal; tal parece que los 26 millones de pobres no son dignos de considerarse para que los recursos destinados al gasto social quedaran sin tocarse".

Los programas de combate a la pobreza desde 1994 a la fecha indican lo siguiente, de acuerdo con datos de estudios del PAN y PRD y de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados: entre1997 y 1999, una reducción de 13.8 en recursos destinados a los subsidios destinados a programas alimentarios, y una merma de 14.5 por ciento en los subsidios dirigidos.

Liconsa registró una reducción de 38.8 por ciento en sus recursos; el subsidio a la tortilla, un recorte de 21.9 por ciento, además de la desaparición del subsidio a la tortilla en zonas urbanas y la caída de 17.6 por ciento en los programas destinados a la población desamparada.

Este año, los programas de ayuda alimentaria a comunidades indígenas en extrema pobreza tuvieron cero asignación presupuestal; disminuyeron en 14.3 los fondos destinados a las despensas del ramo 33;el programa aula abierta en Oaxaca tiene hoy 4.5 por ciento menos recursos que hace tres años.

Los programas de Diconsa Rural cayeron 16.7 por ciento; Diconsa venta de harina y maíz cayó 30 por ciento; en 1998, el subsidio generalizado de tortilla cayó 700 por ciento, al pasar de 486.6 millones de pesos en 1997 a sólo 60 millones en 1998 y cero asignación en 1999.

Otros diez programas de acciones compensatorias también cayeron en la asignación presupuestal desde 1997: el sector educativo tuvo 2.4 por ciento menos fondos; cursos comunitarios de Conafe, 9.6 por ciento menos; programas IMSS-Solidaridad, 9.6 por ciento menos; asistencia social INI, 25.6 por ciento menos; apoyos a la educación básica, 4.4 por ciento menos; albergues INI, 30 por ciento menos, y estímulos a la educación básica niños en solidaridad, una asignación de recursos 14.3 por ciento menor.

Este año cayó 33.9 por ciento la asignación presupuestal al programa de telefonía y caminos rurales; tan solo este año Liconsa redujo su universo de atención en 500 mil personas; Fidelist dejó fuera este año a 272 mil personas de bajos ingresos; las casas de asistencia social dejaron de atender este año a 200 mil personas en el medio rural y 200 mil en zonas urbanas; 20 mil niños indígenas quedaron sin estímulos educativos este año y la construcción de equipamiento para jardines de niños indígenas cayó en 77 unidades en 1999 con respecto a 1998.

Los recursos del Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales pasaron entre 1998 y 1999 de 810 empresas a 640 en zonas marginadas; los proyectos de Fonaes para mujeres en zonas marginadas cayeron de mil 988 a mil 751; este año, el programa de mujeres campesinas Fifonafe tuvo cero asignación presupuestal.

La diputada del PRD, Clara Brugada, destacó que los bajos niveles nutricionales de la población, especialmente de la niñez, y el deterioro real del salario, obligan a modificar urgentemente los criterios del Programa de Abasto Social de Leche fortaleciendo Liconsa no sólo para incrementar su padrón de beneficiarios, sino el abasto per cápita, y situar el precio del lácteo a un nivel acorde a la capacidad real de pago de la población pobre, destinataria de dicho programa.