Ť Malos manejos de fondos en uniones de crédito
Líderes de la IP, investigados por quebrantos contra Nafin
Antonio Castellanos Ť Ex dirigentes del sector privado, y el actual de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), así como un familiar del ex dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y actual encargado del comité de finanzas de uno de los aspirantes a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República, Eduardo Bours Castelo, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos quebrantos contra Nacional Financiera.
En la Unión de Crédito de la Industria de la Transformación, Comercial y de Servicios SA de CV figuran como vocales del consejo de administración Vicente Gutiérrez Camposeco ųquien fue delegado político en la regencia de Oscar Espinosa Villarreal y actualmente es funcionario de la Secretaría de Turismoų, Jorge Kahwagi Gastine y Vicente Yáñez Solloa, actual líder de la Canacintra.
Ricardo Bours Castelo, familiar del ex dirigente del CCE, se encuentra como vocal en la Unión de Crédito Comercial e Industrial de Sonora SA de CV. En las dos intermediarias financieras no bancarias (IFNB) se cometieron probables actos ilícitos tipificados como abuso de confianza por más de 128 millones de pesos, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Estas dos organizaciones se suman a la Unión de Crédito del Valle de México (Unicreva) que, al ser intervenida, tenía un boquete de mil 800 millones de pesos. Esta institución era propiedad de Luis Yáñez de la Barrera, ex esposo de Adriana Salinas, hermana del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
En la denuncia, presentada ante la PGR por los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar y Elba Capuchino Herrera, se establece que en esta última organización de crédito se comprobaron malos manejos de los fondos.
Los recursos anteriores forman parte de los 40 mil millones de pesos que Nacional Financiera trasladó al Fideicomiso de Liquidación (Fideliq) convertido en el "Fobaproa" de la banca de desarrollo, y cuya recuperación será difícil. Todos los recursos serán aportados por el gobierno federal.
Unicreva, sin embargo, no figura en la relación que la vicepresidencia jurídica de la CNBV entregó a la PGR. El oficio en cuestión establece que se remite "información sobre anomalías detectadas en las operaciones de descuento realizadas con intermediarios financieros no bancarios amparadas mediante contrato de apertura de línea de crédito revolvente con Nafin en el periodo 1991 a 1995".
Sobre la Unión de Crédito de la Industria de la Transformación, establece que la denuncia fue presentada el 18 de septiembre de 1996. Delito: abuso de confianza equiparado. Averiguación previa número 9597/DGM/96 radicada en la mesa X de la dirección general metropolitana de la PGR.
Situación actual: en la integración de la averiguación previa, el Ministerio Público Federal solicitó le fuera exhibido un dictamen contable en el que se determine el daño patrimonial sufrido por la institución, el cual fue elaborado por los peritos contables de la misma y se encuentra en revisión por parte del abogado externo para que sea presentado ante el Ministerio Público Federal.
En todos los casos, precisó Ramírez Cuéllar, no se ha fincado responsabilidad penal. La principal razón es porque no se han fundamentado debidamente las denuncias y porque no se les ha dado el seguimiento que debiera, sobre todo porque se trata de recursos públicos que serán pagados por los contribuyentes. Es necesario que la autoridad judicial agilice todas las averiguaciones.