POLITICA SOCIAL AUSENTE

El señalamiento formulado ayer por el presidente Ernesto Zedillo --en el marco de la toma de protesta a la nueva directiva de la Liga de Economistas Revolucionarios-- en el sentido de que los subsidios para alimentación "están orientados a la población que verdaderamente los necesita" contrasta con los datos --publicados hoy en estas páginas-- sobre la disminución sostenida de tales subsidios y de su cobertura en lo que va del sexenio, así como con la inquietud social por la posible desaparición de las tiendas rurales de Diconsa.

Si el criterio gubernamental para definir a la población que "verdaderamente necesita" subsidios se refiere a los sectores que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, el hecho es que éstos han crecido, tanto en números absolutos como relativos, en el curso de la presente administración. Como botón de muestra, al margen de la estadística oficial, baste citar las declaraciones del presidente de la Canacintra, Vicente Yáñez Solloa, quien señaló ayer que "cada día crece el número de desempleados", toda vez que sólo se genera la mitad de las fuentes de trabajo que el país requiere.

Por su parte, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados afirma que las reducciones al gasto social se han traducido en la exclusión, desde el año antepasado, de un millón 200 mil personas de los beneficios de Liconsa, entidad que recibió recursos, en 1997, por mil 365 millones de pesos, de mil 266 millones el año siguiente y de sólo 803 millones el presente.

Los beneficiarios de Liconsa no son los únicos "recortados". Otros programas de política social han disminuido drásticamente su alcance y algunos más --como el subsidio a la tortilla y los de apoyo a la mujer campesina, crédito a la palabra, jornaleros agrícolas, telefonía rural, niños solidaridad urbana-- fueron lisa y llanamente cancelados.

Mientras que la administración pública destina cientos de miles de millones de pesos a rescatar bancos quebrados o saqueados, carreteras privatizadas e ingenios en bancarrota, la contracción del mercado laboral, el aumento de precios --la propia Liconsa aumentó recientemente el de la leche que distribuye, y la Profeco alerta sobre un posible incremento en el precio de la carne-- y el recorte de los recursos para programas sociales, colocan a los sectores populares más desfavorecidos ante un panorama amargo y exasperante; la falta de apoyo presupuestal a las universidades se traduce, indirectamente, en conflictos como el que actualmente vive nuestra máxima casa de estudios y se hace inocultable el deterioro de los servicios de salud pública. El gobierno tendría que hacer conciencia, si no de los costos humanos de su modelo, al menos de los peligros políticos, sociales y económicos que entraña para el país.