Hace más de 20 años, el entonces director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dijo que aun cuando todo el Ejército se dedicara a cuidar las principales zonas arqueológicas del país, no sería suficiente para protegerlas del saqueo.
En ese entonces se tenían clasificados más de 10 mil sitios de importantes vestigios de culturas indígenas anteriores a la llegada de los españoles. Con el tiempo, el número y la importancia de muchos de ellos ha aumentado radicalmente.
Sin embargo, la capacidad del gobierno mexicano no ha crecido en la misma medida. De acuerdo con estimaciones, las zonas arqueológicas -incluidas las de primera importancia y otras menos valiosasų son casi 200 mil y de ellas sólo están abiertas al público y, por consiguiente, protegidas poco más de 200.
El presupuesto oficial para el cuidado y la investigación en los vestigios de las culturas precolombinas asciende a casi mil millones de pesos anuales. Parece una cifra importante, pero su impacto se reduce radicalmente si se toma en cuenta que 70 por ciento se destina al pago de salarios. Con todo, los investigadores nacionales y extranjeros realizan grandes esfuerzos; así, periódicamente se producen nuevos y valiosos hallazgos en lo poco que se ha salvado de los saqueadores.
En forma paralela se ha desatado un intenso debate porque en el Senado está pendiente la aprobación de una iniciativa de reformas a la Ley de Protección al Patrimonio Cultural, en la cual se abre la posibilidad de que en el cuidado de esa riqueza participen, además del gobierno federal, las autoridades estatales y municipales, así como la iniciativa privada.
La propuesta, presentada por el senador panista Mauricio Fernández Garza, generó una fuerte reacción en contra, a pesar de que en principio legisladores de otros partidos consideraron necesario mejorar las leyes de protección del patrimonio histórico e inclusive la actual directora del INAH, María Teresa Franco, se manifestó a favor.
El que existan opiniones a favor y en contra nada tiene de negativo ni de sorprendente. Lo grave es que las posiciones opuestas se han radicalizado y en vez de buscarse vías de acuerdo y puntos de conciliación, se pretende rechazar el proyecto para mejorar una ley que no se ajusta a la realidad nacional.
La cosecha
Primero fue la frase "ƑQuién dice que no se puede?" y ahora es la expresión "Un Madrazo contra el dedazo" la que se pretende que deje de usar el precandidato del PRI a la Presidencia, Roberto Madrazo Pintado. Según se dice, resulta ofensivo a las buenas costumbres de las familias mexicanas. Lo notorio es que los defensores de la "decencia" son comunicadores que cotidianamente usan expresiones mucho más fuertes y agresivas. Tampoco se toma en cuenta que la combinación de los apellidos del gobernador tabasqueño con licencia se utiliza frecuentemente con fines de burla, al apodarlo El Moretón. ƑEso sí es válido, no resulta ofensivo?... En una manifestación de equilibrio político y en un obvio llamado a admitir la decisión de los electores, el presidente Zedillo recibió ayer a los gobernadores electos de Nayarit, Antonio Echevarría, y del estado de México, Arturo Montiel, el primero postulado por una coalición opositora y el segundo por el PRI.