El edificio se incendia. La alarma suena. En lugar de permitir que los bomberos hagan su trabajo, el administrador del inmueble, que se cree su dueño, trata de desactivar la señal de alerta. Afirma: "es una exageración; no pasa nada, todo está bajo control".

El edificio se llama México. El fuego es la situación que guardan los derechos humanos dentro del país. La alarma son los informes que los organismos defensores han elaborado. El administrador del inmueble es el gobierno federal.

A pesar de los intentos por desestimar el incendio, éste crece dentro del edificio. El gobierno puede hacer que la alarma casi no se escuche dentro del territorio nacional, y dilapidar el prestigio acumulado de la diplomacia mexicana en causas que la empequeñecen como presionar a la comunidad internacional para que se desentienda de la situación de los derechos humanos, pero las llamas y el humo se ven en todos los rincones del planeta.

Las recomendaciones del 30 de julio de 1999 del Comité de Derechos Humanos de la ONU son la evidencia más reciente del fracaso de los intentos oficiales por maquillar la realidad nacional. Otros eslabones que atestiguan la derrota de la estrategia gubernamental, son el informe del 23 de julio de este año, de Asma Jahangir, relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, que provocó una airada respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La resolución del 14 de agosto de 1998 de la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en México, y en particular en Chiapas. Y los sucesivos informes de organizaciones con una incuestionable autoridad política y moral como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Todos ellos han sido sistemáticamente descalificados o cuestionados por la administración del presidente Zedillo, a pesar de estar sustentados en sólidas evidencias.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU revisó el nivel de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Durante esa sesión de trabajo, Camboya, Rumanía, Corea del Norte fueron sujetos a escutrinio, al igual que México, mismo que presentó un informe desde 1997, que posteriormente fue actualizado. Nuestro país envió a la reunión una comisión integrada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la SRE y del Instituto Nacional Indigenista (INI), con funcionarios como Alicia Pérez Duarte y Alan Arias. Una red de organismos defensores de derechos humanos en nuestro territorio entregó a su vez un contrainforme donde documentó y analizó multitud de abusos y violaciones, y se reunió con los expertos del organismo multilateral para aclarar dudas y profundizar la información proporcionada.

En los encuentros con la ONU, los representantes del Ejecutivo Federal negaron la existencia de grupos paramilitares, pero reconocieron la actividad de grupos civiles armados. "Explicaron" las ejecuciones extrajudiciales como un producto de la "violencia colateral de las comunidades". Y, en el colmo del racismo, sostuvieron que existe en las comunidades indígenas una larga tradición de expulsiones y venganzas sangrientas. La masacre de Acteal, según ellos, fue resultado de la violencia intracomunitaria.

Con argumentos como éstos, no es de extrañarse que los expertos de las Naciones Unidas hicieran fuertes críticas a la delegación oficial, y que el informe final, aunque no refleja cabalmente el tono de los señalamientos efectuados durante los encuentros, tenga juicios muy severos hacia el gobierno mexicano. Para el Comité del organismo multilateral son motivo de una "profunda preocupación" la militarización de Chiapas, Oaxaca y Guerrero; la limitación del trabajo de los observadores extranjeros; las limitaciones a la libre circulación impuestas a la población en zonas de conflicto, así como la inexistencia de ordenamientos legales que protejan a las víctimas de violaciones militares y cuerpos de seguridad pública.

En la polvareda levantada por las élites políticas en su estampida por la sucesión presidencial, el incendio de los derechos humanos parece no verse. Ni siquiera aparece como parte central de la plataforma de las oposiciones partidarias. Empero, el incendio está allí, aunque la señal de alarma no se escuche dentro del país. Al menos, eso dicen ciudadanos de dentro y de fuera del país preocupados porque las llamas nos devoren a todos, habilitados como bomberos.