Secuestran al oficial
mayor del Congreso de Tlaxcala
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Verónica Hernández Floresn |
Habitantes de
Natívitas secuestraron la tarde de ayer de forma
violenta al oficial mayor del Congreso del estado, Sergio
Cuauhtémoc Lima López, y al empleado Alfonso Rodríguez
Alegre, en protesta porque los legisladores permitieron
que el alcalde de extracción petista, Alfredo Vázquez
Jiménez, evadiera la reunión en la que se determinaría
el proceso para auditar su administración, ante las
presuntas irregularidades en que ha incurrido. Después de protagonizar un plantón en la sede del Palacio Legislativo -cuyos accesos fueron cerrados en un principio para impedir que los inconformes tomaran medidas mayores-, los pobladores agredieron a dos secretarias -Mónica Trinidad y María Eugenia Martínez- y obligaron al oficial mayor a abordar un vehículo Shadow, color blanco, con placas XTL300 del estado de Tlaxcala, como medida de presión. Así, poco antes de que arribaran a Natívitas, los responsables fueron interceptados por elementos del cuerpo de granaderos y de la Policía Estatal, quienes lograron la liberación de los secuestrados y la detención de alrededor de 20 personas, entre ellas el regidor Rafael Serrano Sánchez, las cuales fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE). Al respecto, el diputado petista Isaí Ramírez Díaz, quien encabezó las protestas en el Palacio Legislativo, explicó que el Congreso local se había comprometido a sostener una reunión conjunta entre los inconformes y el alcalde Vázquez Jiménez, a fin de que pudieran analizarse las irregularidades que denunciaron desde el 14 de julio tres regidores y el síndico procurador, Feliciano García Minor, quienes fueron desconocidos "ilegalmente" por el edil. Sin embargo, "en la primera oportunidad dejaron ir al presidente municipal". "Habíamos quedado en que se establecerían los principios para efectuar la auditoría, donde se demuestren cuáles son los ingresos y egresos que se han registrado en la administración de Alfredo Vázquez Jiménez, y explique cuáles son las obras que se han realizado. No podemos decir todavía que hay desvío de recursos, hasta tener los resultados de la investigación", apuntó. Asimismo, acusó al Congreso del estado de violar la Ley Orgánica de ese poder, toda vez que aun cuando los ingresos deben ser analizados y aprobados por el cabildo y el síndico procurador, "eso no se cumplió la última vez". En tanto, el diputado petista Jorge Romero Avila aseguró que no solicitarán la liberación de las 20 personas detenidas y reconoció que el conflicto se originó por la negligencia de algunas autoridades, entre ellas, el Congreso local, que no quiso dialogar con los inconformes ayer por la tarde. |
La Jornada de Oriente, Martes 3 de Agosto de 1999 |