Hace un año, al asumir la presidencia de Colombia, el doctor Andrés Pastrana prometió cambios radicales en su país: desde un ataque frontal a la corrupción y la pobreza, hasta medidas viables para lograr la paz, mejorar la economía y combatir el cultivo y procesamiento de estupefacientes y su exportación al mercado internacional. Hoy Colombia sufre la peor crisis económica y social de este siglo, los grupos guerrilleros y paramilitares controlan amplias áreas del territorio nacional y aumentó el cultivo de estupefacientes.

Mucho antes de asumir su alto cargo, Pastrana reconoció que dicho cultivo (lo realizan unas 180 mil familias campesinas e indígenas) es un problema social, de pobreza y falta de alternativas de trabajo y calidad de vida, antes que uno de tipo judicial o policiaco que deba solucionarse con la fuerza pública. Hoy la situación es mucho más grave, pues en las áreas cocaleras o amapoleras están presentes las guerrillas y los paramilitares, acusados de protegerlas. La influencia de esos grupos armados sobrepasa las zonas mencionadas y abarca aproximadamente 40 por ciento del territorio colombiano. Aunque sin la presencia de estas fuerzas beligerantes, el problema es también social y de pobreza en Bolivia y Perú, donde el cultivo de coca sigue vigente.

El presidente Pastrana y su partido se opusieron siempre a combatir los cultivos ilícitos con sustancias químicas, como el Glifosato y los potentes herbicidas Imazapir y Tebutiurón. Esos y otros compuestos causan serios daños al ambiente y deterioran la calidad de vida de las familias que viven en las áreas fumigadas. Sin embargo, hoy los sembradíos se atacan preferentemente con agroquímicos, y aunque suman miles las hectáreas destruidas, la producción de coca aumentó 28 por ciento el último año.

Eso indica que cada hectárea eliminada de dicho cultivo se restablece en otra parte, lo que incide negativamente en la enorme riqueza natural que posee Colombia.

Por otro lado, las importantes sumas de dinero (cerca de mil millones de dólares al año) que los grupos guerrilleros y paramilitares reciben por proteger siembras ilegales han hecho virtualmente imposible establecer los programas agropecuarios alternativos y de justicial social prometidos hace un año por Pastrana. Entonces anunció disponer de 100 millones de dólares para esa tarea, suma que contrasta con los miles de millones que manejan los capos locales y de Estados Unidos, por ejemplo.

Lo ocurrido el último año en Colombia y Bolivia deja claro que si los países consumidores no reducen la demanda de cocaína, heroína, opio y mariguana, y simultáneamente no controlan a sus mafias locales, los esfuerzos por abatir la pobreza rural y urbana y los cultivos que sirven de base para elaborar dichas drogas, rendirán frutos muy limitados y, en ocasiones, negativos, como en Colombia. O en Bolivia, donde los programas agrícolas alternativos han fracasado.

Hasta ahora, la lucha ha sido desigual: son los países productores y no los consumidores los que más daño están sufriendo con el narcotráfico. Algo que tibiamente reconoció el zar antidrogas de Estados Unidos, el general Barry McCaffrey, durante su reciente gira por Sudamérica. Dicho funcionario calificó la situación que se vive en la región andina como de ``emergencia'' en materia antinarcóticos. No dijo, pero todo el mundo lo sabe, que son los campesinos (que arriesgan hasta su vida en las zonas de siembra) los que menos reciben por el comercio de drogas, el cual deja ganancias millonarias a los capos y a sus protectores en el mundo oficial y político. Tampoco refirió que las drogas ilegales son hoy en Estados Unidos más baratas y abundantes que nunca, lo cual refleja el fracaso de la estrategia adoptada por Washington para combatir los productos ``ilícitos'', pero la cual ha servido para satanizar a los países andinos y dar pie al intervencionismo de la gran potencia, so pretexto de impedir el avance de la narcoguerrilla. Son temas que, por falta de espacio, trataremos la semana próxima.