El informe sobre las operaciones del Fobaproa, entregado recientemente por el consultor canadiense Michael Mackey, no es una auditoría. En realidad, se trata de una investigación encargada por la Cámara de Diputados, con el fin de tener elementos para efectuar de manera más eficaz sus labores de legislación. El objeto de la investigación fue cumplido razonablemente bien, aunque su alcance se vio limitado por la parcial información que le fue proporcionada por las autoridades.
El reporte de Mackey constituye una grave denuncia respecto a la manera equivocada, onerosa e irresponsable con que ha sido conducido el rescate del sistema bancario, confirmando, de una manera sorprendente, el análisis dado a conocer el 15 de julio de 1998 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), mediante el documento Fobaproa: el gran atentado contra la economía nacional. Alternativas para impedirlo.
Las conclusiones básicas de Mackey son prácticamente las mismas a las que llegó el PRD: la crisis de la banca fue resultado de una política equivocada de la gestión de Salinas; la forma en que el gobierno de Zedillo enfrentó la crisis ha sido y sigue siendo una de las más costosas para el pueblo mexicano; el rescate de la banca se dio de una manera oculta y discrecional; las operaciones realizadas mediante el Fobaproa no sólo no resolvieron los grandes problemas de la banca sino que incrementaron su fragilidad; la persistencia de las mismas políticas sólo conducirá a más rescates y a mayores costos para la población, según un análisis de Juan Moreno Pérez, asesor de la tracción parlamentaria del PRD.
El actual alud de declaraciones, comentarios y desplegados, proveniente de todo tipo de voceros --abiertos y embozados-- del gobierno, pretende encubrir el fraude del siglo contra el pueblo mexicano, tratando de hacer creer que el informe de Mackey es una auditoría en la que no se encontró prácticamente nada. Mintiendo descaradamente, y aprovechando el escaso conocimiento de la mayoría de la población respecto a los complicados temas financieros, tratan de ocultar lo que resulta inocultable: que se ha hipotecado el futuro de varias generaciones de mexicanos.
Según Juan Moreno Pérez, este informe no es una auditoría sino un estudio encargado por la Cámara de Diputados para conocer una opinión autorizada respecto a la actuación de las autoridades durante el famoso rescate bancario. Lamentablemente, dicho informe está basado exclusivamente en la incompleta información que le proporcionaron las autoridades. Los resultados presentados por Mackey son una opinión seria y profesional respecto a lo sucedido, pero no tienen ninguna implicación penal, como lo podrían tener los resultados de una auténtica auditoría.
El objetivo del estudio encargado a Mackey, a principios de septiembre de 1998, era dar elementos a los diputados para entender mejor el problema del Fobaproa y legislar con mayor cuidado y conocimiento. Ese objetivo dejó de tener sentido a partir de la aprobación de la ley del IPAB, el 12 de diciembre, por la mayoría de los diputados del PRI y del PAN. Con la expedición de esa ley, prácticamente se legalizó este gran fraude contra el pueblo mexicano.
Como Mackey lo señala (página 16), entre septiembre y diciembre, las autoridades bloquearon totalmente su trabajo, impidiéndole avanzar. Pero a partir de la aprobación de la ley del IPAB, empezaron a cooperar más, aunque ocultando información clave en todo momento. Mackey siguió realizando el trabajo para el que había sido contratado, sabiéndose que lo que encontrara no iba a tener ningún efecto, ya que la legalización del fraude había sido consumada.
Sin embargo, los voceros del gobierno decidieron que el informe de Mackey podría tener otra utilidad: aparentar que se trataba de una auditoría, cuyos resultados podrían ayudar a justificar lo realizado a espaldas del pueblo. Como la investigación de Mackey sólo iba a conducir a un análisis general, limitado por la información cuidadosamente escogida que las autoridades decidieron entregarle, sus resultados no implicarían ninguna acusación concreta, con posibles implicaciones legales.
Meleé
Comenta el asesor perredista que Mackey se sujetó a lo que la Cámara de Diputados le había encomendado, y concluyó su estudio de una manera muy profesional, analizando cuidadosamente toda la información a que tuvo acceso, presentando las conclusiones a que había llegado. Esas conclusiones, y el análisis que condujo a ellas, son lo verdaderamente importante del trabajo de Mackey, no el pretendido descubrimiento de los responsables del enorme descalabro, ampliamente conocido y ocultado por las autoridades.
Para Juan Moreno Pérez, colaborador eventual de La Jornada, el informe de Mackey merece ser estudiado con todo cuidado. El análisis presentado se debe profundizar, dando a conocer toda la evidencia que vaya siendo disponible. La completa identificación y castigo de los responsables, no puede esperarse de autoridades cómplices del atentado. La justicia, que tarde o temprano llegará, debe empezar con el conocimiento del crimen, con evitar que a la actual impunidad se agregue la ignorancia respecto a lo sucedido.