n Se habría reunido Murat con funcionarios federales para tratar el caso
Retira el gobierno de Chiapas a policías de territorio oaxaqueño
n Suspenden indígenas bloqueo carretero; crearán organismo defensor de la selva Chimalapa
Guadalupe Ríos y Angeles Mariscal, corresponsales n El gobierno de Chiapas retiró a los policías que resguardaban las comunidades de Canaan y Rafael Cal y Mayor, ubicadas en Santa María Chimalapa, por lo que zoques y zapotecas levantaron el bloqueo que habían instalado en la carretera Panamericana, a la altura de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, aunque anunciaron la creación de un organismo de defensa de la selva Chimalapa.
En tanto, el gobernador oaxaqueño José Murat Casab habría sostenido en la ciudad de México una reunión con funcionarios federales para abordar el conflicto que se generó por la instalación de oficinas gubernamentales y el envío de poli- cías de élite de Chiapas a congregaciones en territorio oaxaqueño.
Para Murat Casab, las autoridades chiapanecas pueden acudir al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia para abordar la ruta jurídica y legal respecto a los límites entre ambas entidades. Sin embargo, reiteró: "Nosotros tenemos el derecho de la historia... el derecho jurídico".
En Tuxtla Gutiérrez, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chiapas, Noé Castañón León, indicó que desde hace seis meses la comisión interestatal e interinstitucional inició las investigaciones para resolver las controversias agrarias que datan de 1967, y consideró que falta voluntad política de Oaxaca.
Refirió que en la zona de disputa se ubican 28 comunidades y 15 mil habitantes, a quienes "el gobierno de Chiapas ratifica su apoyo para su seguridad y desarrollo económico y social". Lo que a Chiapas le interesa, agregó, es terminar con el conflicto agrario, por lo que si no hay disposición para el diálogo y una solución por la vía legal y jurídica, "se llevará el acaso al Tribunal Superior Agrario para que resuelva".
El retiro de los policías de la zona distensó el ánimo de los comuneros zoques, que se vieron agraviados por la intromisión en su territorio.
Fausto Jiménez y José Antonio Cruz, presidente municipal y presidente del comisariado de bienes ejidales de San Miguel Chimalapa, indicaron que la situación de conflicto en la región no debe prolongarse más, pues aunque no se requiere un enfrentamiento ni violencia en el área, "hay riesgos" por la presión que han sentido recientemente.
Los antecedentes
En el documento La historia Chimalapa: una paciente y tenaz lucha indígena por un rico territorio en disputa, elaborado por el Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, organismo creado en 1992, narra los últimos 25 años de "agresivos intentos de despojo agrario".
Los Chimalapas es una porción territorial de 600 mil hectáreas de tierras que conforman macizos forestales que se entrelazan con Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
El 10 de marzo de 1967, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, mediante una resolución presidencial, benefició con 594 mil hectáreas a comuneros de Oaxaca; 460 mil para mil 75 indígenas de Santa María Chimalapa y 134 mil para 301 personas de San Miguel Chimalapa.
Pero como eran insuficientes esas tierras, el Departamento de Asuntos Agrarios, hoy Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), en 1967 las complementó con unas 164 mil hectáreas del lado chiapaneco, en las que previamente había ya cinco poblados con resoluciones anteriores.
Miguel Angel García, autor del documento, indica que desde 1947 cinco empresas madereras explotaron y terminaron con unas 100 mil hectáreas de bosques y selvas.
Algunos saqueadores tienen nombre y actuaron "con todo el apoyo del gobierno chiapaneco": Juan Pérez y la empresa Sánchez Monroy; hasta mediados de los 80, los aserraderos de Salvador Moguel, Jesús Moguel y Odilón González, originarios de la ciudad de Cintalapa, bajaban cientos de metros cúbico diarios de madera en camiones de carga pesada.
Asimismo, señala que "madereros, ganaderos y narcos (en ese orden cronológico de aparición), con abierto apoyo de sucesivos gobiernos chiapanecos, en particular durante la gestión del general Absalón Castellanos Domínguez, y sobre todo en el periodo del malogrado ex gobernador chiapaneco y ex secretario de gobernación, Patrocinio González Garrido, y en el de Elmar Setzer, se apoderaron mediante la violencia de grandes extensiones de terrenos comunales".
Por una foto tomada en 1992 vía satélite para observar la geografía de los Chimalapas, y que posee el organismo ecologista oaxaqueño Maderas del Pueblo del Sureste, uno de sus representantes, Teodocio Angel Molina, mencionó que tenían una duda: desconocían qué significaba una línea roja que había en esa imagen.
"Veíamos las partes que estaban desforestadas, los ríos, las elevaciones, los lugares de espesa vegetación, pero una línea roja en el centro de la zona montañosa no sabíamos qué era. Fue hasta mucho tiempo después que un funcionario chiapaneco, Manuel Ovilla Mandujano, nos dijo que era una pista clandestina de aterrizaje donde bajaban aviones israelíes", y que probablemente junto había un laboratorio de drogas de narcotraficantes.
Mientras tanto, los comuneros oaxaqueños y los ejidatarios de las 28 comunidades chiapanecas "han sido víctimas de engaños y manipulaciones por parte del gobierno, el cual, en alianza y complicidad con intereses de ganaderos y narcos, ha propiciado un enfrentamiento entre campesinos para complicar y volver irresoluble el problema agrario", dice Miguel Angel García.
Se señala en el documento que esta nueva "campaña agresiva y política en defensa del territorio chiapaneco", por parte de Roberto Albores Guillén, reinició en 1998 y se convirtió en una guerra de declaraciones con el gobernador de Oaxaca.
Situación actual
Documentos de la Procuraduría Agraria, delegación Oaxaca, indican que el trabajo interinstitucional efectuado en el programa de conciliación iniciado en 1996, en el que participan autoridades federales del sector y los gobiernos de ambas entidades, ubican el conflicto como una "controversia agraria y no limítrofe".
El proceso conciliatorio incluyó a 14 poblados vinculados con Santa María Chimalapa, ubicó con precisión a tres localidades fuera de los bienes comunales por contar con resoluciones presidenciales anteriores a 1967, aceptaron como comuneros posesionarios de cuatro poblados y se reubicaron cuatro poblados por una oferta institucional.