Sólo restan dos periodos ordinarios de sesiones de Congreso en esta legislatura en los que podría aprobarse la reforma eléctrica, pero por las características que han alcanzado esta discusión particular y la de la modernización del país, resulta realmente difícil pensar que la iniciativa de cambios a los artículos 27 y 28 de la Constitución sea aprobada este sexenio, menos aún cuando se la vincula crecientemente con la privatización del petróleo, sometido también hoy a intenso debate, luego de las regresivas propuestas de Vicente Fox.

Además, en este contexto, algunos senadores y muchos diputados del PRI y del PAN --alianza base para sacar la reforma zedillista--, reconocen que el asunto, como dijo uno de ellos, por lo pronto pasa a la congeladora. Y, sin embargo, en la medida que el Presidente no ha dejado de insistir en su iniciativa, el secretario de Energía, todavía distraído en ese improcedente embrollo de la demanda de dumping de los propietarios de más de 400 mil pozos del sur de los Estados Unidos (strippers que apenas producen dos barriles al día, un millón en conjunto, menos de lo que últimamente México envía al vecino país y menos del 10 por ciento de los requerimientos petroleros estadunidenses), no ha dejado de presionar y tratar de llegar a negociaciones directas con cuanto diputado del PRI y del PAN puede, para obtener en el próximo septiembre o en marzo del 2000 los cerca de 340 votos que exigiría una Cámara de Diputados con 450 asistentes.

Pero por la complejidad de los tiempos, la iniciativa parece no tener mucho futuro ya, a menos que, merced a una forzada negociación y una costosa aprobación, se desee seguir engrosando la lista de problemas delicados que no han sido resueltos, como el de la UNAM, el de la legitimidad del rescate bancario cuyo cuestionamiento fortalece la auditoría Mackey; el de la dura realidad de la violación de los derechos humanos señaladas por la relatora especial de la ONU, Asma Jahangir, a propósito de las ejecuciones extrajudiciales; el de la selección del candidato oficial, cada vez más compleja y, sin duda, el de la creciente posibilidad de la alianza opositora que lo pudiera enfrentar, para no hablar de los más cercanos al sector energía como el delicadísimo asunto Cantarell, no sólo por el monto del dinero ahí involucrado (5 mil millones de dólares), sino por sus implicaciones tecnológicas (mostrar la eficacia y viabilidad de la inyección de nitrógeno para mantener presión en los yacimientos de la Sonda de Campeche e incrementar su nivel de explotación) y productivas (Cantarell representa el 31 por ciento de las reservas y 40 por ciento de la producción actual de crudo), para mantener e incrementar la plataforma de producción de un crudo cuya mezcla de exportación, por cierto, promedió este julio un precio superior en casi nueve dólares al del pasado diciembre, para llegara a un nivel cercano a 17 dólares por barril. Por todo esto parece no sólo difícil sino improcedente que se insista en estos momentos en un asunto que merece aún más atención y reflexión y acaso --como varios precandidatos ya lo aceptan-- una consulta nacional a través de un referéndum.

Si bien es cierto que por el momento no hay consenso para sacar adelante esa utopía compulsiva de privatización al estilo británico --y no porque se hayan desarrollado corrientes de oposición basadas en la ignorancia y el dogmatismo, como sugirió el gobierno al principio del debate--, sí es cierto que existe respaldo social para una reforma sin privatización que se prepare para enfrentar algunos de los problemas señalados en el diagnóstico oficial, y profusamente completados y releídos en el debate de casi seis meses por diversos sectores sociales. .

Sobre el diagnóstico, no hay que olvidar dos puntos fundamentales: 1) el gran dinamismo de una demanda de electricidad que se derivaría de altas tasas de crecimiento económico (superiores a 5 por ciento); 2) este dinamismo exige un volumen importante de recursos que se deben garantizar, y no sólo financieros, sino tecnológicos, comerciales y humanos para enfrentarlo. Y sobre la reforma, al menos tres: 1) la transparencia en el proceso de fijación de precios y de racionalización de subsidios; 2) el aliento al cambio técnico y a la reorganización empresarial; 3) la capacitación y adiestramiento crecientes de los recursos humanos nacionales. Después de seis meses de debate, concluir esto no es poco, si en verdad se impulsa esa reforma.