Masiosare, domingo 1 de agosto de 1999

Tuve la suerte de asistir a un paso gigantesco en la construcción de la normalidad democrática en México: una audiencia pública para recabar opiniones sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), preparada por el impulsor de un complejo turístico denominado El Cid de Cancún, y que estaría ubicado en Puerto Morelos, Quintana Roo. Encabezado por el ingeniero Pedro Alvarez Icaza, director general de Ordenamiento Territorial, el foro era una oportunidad para exponer las diferentes versiones de lo que podría ser el futuro de la comunidad que depende de la realización del proyecto.

Quien propuso el foro pretende construir un megaproyecto turístico con algo más de 3 mil cuartos en un terreno de 103 hectáreas, además de una marina que albergaría centenares de yates de gran alcance. Ofrece manejar otras 180 hectáreas con una ``política de conservación'', junto con el Parque Ecológico Municipal, que comprende el Jardín Botánico del Colegio de la Frontera Sur, y una parcela estatal de 251 hectáreas en un régimen de conservación, y en apoyo a la investigación y la educación ambientales de la región.

La empresa estuvo representada por el biólogo Fernando Berdegué. Los consultores de la empresa ocuparon algo más de tres horas en exponer las gracias constructivas, estéticas, ingenieriles y ecológicas del proyecto.

Llamó particularmente la atención el protagonismo de la licenciada María Cristina Castro, ex autoridad en la región y ex miembro por México del Comité Consultivo Público Conjunto de la Comisión de Cooperación Ambiental, responsable de velar por el cuidado de los asuntos ambientales.

También participaron como expositores los expertos responsables de elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental, representantes empresariales, y Sigfrido Paz Paredes, ex subsecretario de la Secretaría de Turismo, quien dejó ese cargo por cuestiones judiciales.

La lista de inscritos comprendía más de una docena de expertos en diversas materias y representantes de grupos locales. Algunos de los exponentes, que participaron en las primeras etapas de la preparación de la MIA, expresaron su desencanto actual y engendraron la ira de los que todavía la apoyan; otros manifestaron desde el principio su franco rechazo al proyecto.

El abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental hizo una excelente presentación profesional, que luego fue ridiculizada por algunos lugareños que preguntaron cómo el pueblo había adquirido un abogado y, sobre todo, uno que estuviera en desacuerdo con un proyecto tan querido por ellos. Los expertos en manglares corrieron peor suerte: el auditorio hizo caso omiso de sus aportaciones.

La consulta tuvo lugar en la sede del sindicato de taxistas, gremio que manifestó su apoyo irrestricto al proyecto. Unos 40 asistentes aguantaron las ocho horas que duró el acto con una atención inusual, en condiciones físicas inadecuadas, pero con una disciplina característica del corporativismo tradicional del sistema mexicano. Quizá el haber escogido ese local fue el mayor error de la consulta, pues el impulsor del proyecto ejerce gran influencia en este gremio y un grupo importante de lugareños -representantes de la mayoría- no asistió por el temor que inspira en muchos el dirigente de los taxistas.

Además, la agenda no facilitaba la expresión de las preocupaciones de los grupos locales, quienes por falta de documentos escritos fueron relegados a un espacio hacia el final del día. Afortunadamente se modificó la agenda.

Algunos disidentes expresaron su apoyo ante la promesa de buenos empleos y una nueva infraestructura urbana.

Poderoso caballero

Es una lástima que el procedimiento seguido no permitiera al poderoso inversionista Julio Berdegué, uno de los hombres más ricos de Sinaloa, modificar el proyecto a la luz de las consideraciones externadas en la reunión y antes de que el Instituto Nacional de Ecología diga la última palabra, más aún si se toma en cuenta el contubernio de la autoridad local con los impulsores del megaproyecto, al modificar a su gusto todas las normas cuidadosamente elaboradas por la autoridad federal para la zona, justificando sus actos con la ``autonomía municipal''. No hay duda de que la densidad establecida para la zona obligaría a reducir el alcance del proyecto a, quizá, la tercera parte de la propuesta actual, pero poderoso caballero es don dinero.

La autoridad tendrá también que enfrentar el desdén empresarial por la biología, que tilda de ``cuenca lagunar fósil'' a gran parte del manglar de la zona, proponiendo su ``embellecimiento'' y relleno a cambio de ``conservar valiosas porciones de manglar''. En esta caso, por los compromisos nacionales e internacionales, es evidente que se tendrá que negociar un programa de rehabilitación de la totalidad de tan importante ecosistema.

Ojalá esos empresarios, tan defensores de los recursos naturales, asuman en serio su compromiso, expresado al final de la sesión, de transformar el modelo tradicional de ``viaje todo pagado'' que ofrece poco a las comunidades donde se ubican las instalaciones, en algo diferente que incluya al puerto y sus habitantes como beneficiarios, como corresponsales de velar por el bienestar no sólo de los recursos naturales, sino también del ser humano.

De ser así, se requerirán otras modificaciones importantes en la escala del proyecto y su inserción en la comunidad. Sería una forma de hacer de Puerto Morelos un modelo de desarrollo turístico y de democracia naciente. Sin embargo, los rumores y los temores están a la orden del día, máxime que los empresarios anunciaron su intención de emprender la obra, ¡con o sin la aprobación oficial!

La autoridad, en este caso el INE, tiene un gran reto al frente. No sólo tomar una decisión, sino hacerla valer, sobre todo porque la audiencia pública pudo haber sido oportunidad para forjar un proyecto realmente grandioso: un modelo de manejo integral de recursos. Como dijo uno de los expertos: existe la posibilidad de detener el camino muy trillado del turismo de playa. Hasta ahora este turismo, como la maquila, ofrece ocupación mal pagada.

De llevarse a cabo un complejo transformado, como el que debería surgir en Puerto Morelos, se modificaría la relación de los propios visitantes con su lugar de descanso. Y hasta cobrarles una aportación (deducible de impuestos) de 10% de sus gastos en servicios de hospedaje y alimentos (incluida como parte de su cuenta) a un fideicomiso para el turismo integral.

Este construiría una infraestructura urbana digna requerida para los residentes locales y fomentaría oportunidades para que las comunidades rurales de la zona ofrezcan a los turistas visitas que los pongan en contacto con la nueva cultura maya, en cambio constante. Es una oportunidad brillante para que la autoridad encamine a los diversos grupos hacia una nueva dinámica de colaboración para su propio beneficio y el del planeta.

Y no, como hasta hoy, que siga la destrucción del caribe mexicano con los consecuentes problemas sociales y económicos para sus habitantes.