Masiosare, domingo 1 de agosto de 1999

Saltillo, Coah. Elida Bautista, de Torreón, José Luis Regalado, de Sabinas, y Guadalupe Alvarado, de Frontera, son militantes panistas que apenas y pueden con la vergüenza.

Por instrucciones de su directiva nacional, los tres deberán guardar temporalmente la trayectoria que los acredita como líderes de su partido en sus municipios y olvidar que ganaron candidaturas a diputados en convenciones electorales.

De golpe y porrazo tendrán que soportar el oprobio de competir en las elecciones locales con las siglas de su enemigo histórico: el PRD.

Esos casos son ejemplo de los acomodos que han tenido que hacer ambos partidos, junto con las otras fuerzas políticas que se coligaron aquí, a fin de disputar al PRI la gubernatura, las 38 alcaldías y las 20 diputaciones de mayoría.

En junio pasado -cuando se formalizó la Coalición Coahuila 99- la decisión era presentar planillas únicas para esas tres esferas de gobierno.

Pero en las semanas subsiguientes, una avalancha de recursos judiciales que promovieron primero el Partido Cardenista y después el PRI la han hecho trastabillar.

Incluso ahora hay dudas relativas a la viabilidad de la candidatura de Juan Antonio García Villa, pues una queja presentada contra su nonimación aún se analiza en la última instancia. Debido a las impugnaciones de sus adversarios y las correcciones del órgano electoral, la coalición se convertirá en competidora de sus partidos-matriz.

Los problemas no se quedan allí. Por ejemplo: los simpatizantes de la alianza opositora en Sabinas tendrán que votar por la coalición para gobernador, por el PAN para alcalde y por el PRD para diputado local (escenarios similares se presentarán en por lo menos un tercio de los cargos en disputa).

Un voto diferenciado por inducción que será difícil que los electores coahuilenses puedan elaborar.

Según el senador Rosendo Villarreal, líder del PAN en la entidad, la coalición emprenderá una estrategia agresiva de comunicación, a fin de que los electores tengan información precisa de por quién deben votar.

¿Eso será suficiente para recuperar los votos que se pierdan?

Ante el cúmulo de dificultades, en el olvido ha quedado el ejemplo que las fuerzas políticas locales dieron a sus directivas nacionales.

Aquí, tanto PAN como PRD superaron la disyuntiva de aplicar una encuesta o ir a una elección primaria.

El PRD -de menor fuerza electoral que el PAN- entendió que en una primaria fracasaría su candidato, cedió y aceptó un sondeo de opinión.

Esta experiencia se quedará como una anotación al calce, ante los signos de desgaste y rompimiento que se observaban en las negociaciones de las directivas nacionales, en la semana que terminó.

La alianza histórica

A mediados del año pasado, el empresario periodístico Juan Francisco Ealy Ortiz recibió una comisión de perredistas que encabezaba el entonces líder nacional del partido del sol azteca, Andrés Manuel López Obrador.

Esa vez, el tabasqueño ofreció al dueño y director general de El Universal la candidatura de su partido a la gubernatura de Coahuila.

Pero Ealy Ortiz -afiliado al PRI, aunque su padre es perredista- desdeñó la invitación.

Eran los primeros intentos del PRD por construir una candidatura sólida en esa entidad -basada en desprendimientos del PRI fundamentalmente-, pero todos sus intentos fallaron.

Por eso, buscaron la integración de un Frente Estatal Opositor desde finales del año pasado.

Los primeros en tomarle la palabra fueron el PT y la Unidad Democrática de Coahuila, partido estatal que encabeza el diputado local y ex dirigente de los trabajadores universitarios Evaristo Pérez Arreola.

Ambos propusieron la candidatura del ex priísta Atanacio González, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien fue integrado a las filas opositoras por Pérez Arreola, luego de que no le dejaron participar en la consulta del PRI.

El PRD, por su parte, desarrolló su proceso interno y postuló como su candidato al empresario local Ricardo Mejía Berdeja.

El PAN se integró a las negociaciones de la coalición en marzo, al mismo tiempo que iniciaba su proceso interno para la designación de su candidato.

Curiosamente, los primeros impulsos que movieron al PAN coahuilense se dieron en el Distrito Federal, por intercesión de los senadores Luis Felipe Bravo Mena y Ernesto Navarro.

En el proceso interno figuraron como precandidatos García Villa y el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño. El senador ganó en la primera vuelta.

El mismo día en que García Villa ganó la candidatura, los delegados del PAN autorizaron que la directiva estatal construyera la alianza.

Con los candidatos de cada fuerza política perfilados, las negociaciones avanzaron con lentitud. Y se atoraron unas semanas, cuando Pérez Arreola solicitó la inclusión de la UCD en las negociaciones. PAN y PRD consideraban que ya estaba representado mediante el PT y al final lo excluyeron.

La UCD decidió no participar en la alianza, lo mismo que Atanacio González, quien renunció a la candidatura del PT.

En tanto, en el PRD también se padecieron resistencias a la alianza con el PAN y su candidato amenazó con renunciar. El dirigente nacional, Pablo Gómez, tuvo que intervenir para respaldar las negociaciones de la directiva estatal.

La guerra de impugnaciones

A finales de mayo, las directivas locales de los cuatro partidos ya habían llegado a un acuerdo político sobre la coalición.

Pero fue hasta el 7 de junio cuando acudieron ante el órgano electoral para cubrir el primer requisito: la presentación de un ``manifiesto de intención'' en el que oficializaron su decisión de contender en coalición.

Pero no tenían candidato, pues aún no acordaban el método para seleccionarlo.

Las negociaciones eran sobre tres temas fundamentales: el método de selección, la propuesta de gobierno y la división de candidaturas para alcaldes y diputados.

El método escogido fue ecléctico: en la decisión contarían los resultados electorales de cada partido en los últimos comicios locales y federales, y se efectuaron cinco asambleas -con delegaciones de todos los partidos y ciudadanos en general- en las principales ciudades del estado.

Pero lo principal consistía en la aplicación de mil 500 encuestas -que levantaron la Fundación Rosenbleuth y Gauss- en 20 municipios de la entidad.

García Villa se impuso a Mejía Berdeja.

El 23 de junio, el CEE autorizó la coalición para gobernador, pero no para ayuntamientos y diputados ``por falta de elementos''.

Luego de esa resolución, el Partido Cardenista acudió a la sala auxiliar electoral del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila para impugnar el acuerdo del CEE que legitimó la alianza opositora.

Para impugnar, el PC -que fue respaldado por el PRI por ser ``tercer interesado''- refirió las experiencias de Tlaxcala, Baja California Sur y Nayarit, en donde las contiendas ``no han sido igualesÉ pues la coalición cuenta con mayores recursos materiales, humanos y económicos, lo que en un momento dado le permite llegar a un mayor número de electores''.

El 5 de julio los magistrados coahuilenses desecharon la petición por considerarla ``improcedente e infundada''. A pesar de ello, el PC acudió a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y ganó el juicio.

Esa instancia ordenó a los juristas de Coahuila resolver el asunto de fondo. Luego de la revisión, la sala auxiliar desechó nuevamente el recurso.

Apenas el pasado martes 27, interpuso un recurso de amparo.

Así fue el primer round.

Para el registro de los candidatos a alcaldes y diputados, los dirigentes de la coalición nuevamente actuaron a destiempo y le apostaron a la aritmética.

Y es que -según interpretó el CEE- los cuatro partidos debían haber celebrado 232 asambleas para lograr la aprobación.

Según el código, a cada una de ellas debía asistir la Comisión de Verificación, compuesta por tres consejeros electorales.

La imposibilidad material era obvia.

En el CEE, la coalición informó que sólo haría asambleas -el 12 de junio- en los ocho municipios más poblados de la entidad.

Los consejeros objetaron su decisión.

A pesar de ello, le otorgaron una prórroga de 72 horas para realizar las asambleas en los municipios faltantes, según consta en los acuerdos dos acuerdos 84 y 85 del CEE.

Ante la irregularidad, el PRI solicitó la revocación de ambos acuerdos.

Los consejeros admitieron la queja y las asambleas se declararon inválidas.

De tal forma, sólo hay planillas de la alianza en los ocho municipios. En los 30 restantes, los candidatos fueron registrados por los partidos, pero en condición ad cautellum. Y es que aun ahora en el TEPJF está por resolverse un incidente de cumplimiento de sentencia que la coalición promovió para que la decisión de la sala auxiliar sea ejecutada por el CEE.

En el caso de las fórmulas para diputados en los 20 distritos de mayoría, la coalición repitió los trámites. El órgano electoral sólo le autorizó el registro de 12 planillas.

El 18 de julio, la coalición interpuso ante el TEJPF un juicio de revisión constitucional contra el CEE.

Hasta entonces pudo haber certeza de lo permitido en materia de alianzas partidistas en Coahuila.

La causa está radicada en el expediente SUP-JRC-073/99, que fue estudiada por el ministro Leonel Castillo.

La ponencia señala que el Código Electoral de Coahuila carece de una definición sobre las coaliciones y sus diferentes tipos -parcial o total-, pero admite la que prevalece del principio de que lo que la ley no distingue no se debe distinguir.

Ante ese vacío, el TEPJF precisa que por ser una sola e indivisible, la candidatura de la coalición para gobernador no puede ser parcial. Pero que en las demás nominaciones podía admitirse, sólo en función del cumplimiento de los requisitos.

El código establece como requisitos que haya asambleas en un mínimo de distritos y municipios, y que éstas se celebren en presencia de la Comisión de Verificación.

De facto, esa resolución implicó una sanción moral contra el CEE, al que acusó de haber incurrido en un exceso de poder, pues realizó una labor interpretativa innecesaria al expedir el acuerdo 83.

``Con la interpretación que dio colmó la ley, infringiendo el principio de legalidad rector de la función electoral (É) que asumió funciones legislativas y rompió el equilibrio de poderes'', dice.

Pero también censuró a la coalición porque la realización de un número acotado de asambleas ``no puede ser considerado como prueba de la admisión en las demás áreas''.

Finalmente, el TEPJF sobreselló el juicio.

¿Y las campañas?

Aun no prenden, acepta Juan Antonio García Villa, quien acepta que la maraña de recursos y réplicas jurídicas ha atascado a su campaña.

``La opinión pública y nosotros caímos en el juego de la distracción'', señala el candidato de la coalición.

-¿Quién está detrás de esas maniobras?

-En términos generales ha sido el oficialismo -ataja García Villa, quien ve en la impugnación del PC una intervención del PRI por mano de gato y en el gobernador Rogelio Montemayor un denodado interés por perjudicar la alianza.

El candidato no habla a la ligera. Sabe, por ejemplo, que a Patricia Olamendi, secretaria de Relaciones Políticas y Alianzas del CEN del PRD, el gobernador advirtió que la coalición podía caerse debido al sustento de los recursos del PC.

Y Diódoro Carrasco le dijo lo mismo a dirigentes del PAN.

Antes, los líderes del PVEM y del PT en la entidad fueron cabildeados por el director ejecutivo del Consejo Electoral, Ramiro Valdés, para que desertaran de la coalición.

Enterados de la intentona, los partidos solicitaron su remoción. El CEE desechó la propuesta.

``Si eso hicieron con leña verde, qué no harán después con leña seca'', se lamenta García Villa.

A salvo -según él- de los efectos legales que se derivarían en caso de que la impugnación del PC prospere, confía en que las campañas por las alcaldías y diputaciones que empiezan esta semana marquen un nuevo ritmo.

Además de las impugnaciones, el senador panista ha debido remar a contracorriente por la resistencia de grupos inconformes con su nominación -inclusive de su partido- en la coalición.

Así, por ejemplo, las últimas semanas realizó una gira ``de integración'' con las estructuras municipales de los cuatro partidos.

-¿Cómo ha jalado la coalición?

-La misma ley hace que el proceso de construcción sea arduo y complejo, pero lo que nos ha unido más es el deseo de salvarla de todas las asechanzas.

Coahuila registra los mayores índices de abstencionismo entre los seis estados de la Frontera Norte.

El clima en el que las campañas por la gubernatura se ha desarrollado no es precisamente de civilidad y respeto.

``Rechazamos el pragmatismo alejado de principios, que confunde y diluye cualquier compromiso; (ese) que antepone el fin sin importar los medios y sólo ambiciona el poder. Enfrentaremos a una alianza sin forma ni contenido, a una alianza de debilidades y traiciones'', dijo a los saltillenses, el domingo 25, José Antonio González Fernández.

Paradójicamente, la apuesta de la coalición es que los abstencionistas coahuilenses (que mayoritariamente no votan porque creen que su voto es inútil) decidan participar.

Los sondeos de opinión también han revelado que el electorado local tendrá una reacción de apatía si las campañas son de confrontación virulenta.

Eso lo sabe García Villa, quien ve un presagio de una guerra sucia en las impugnaciones.

``Nosotros no seremos los que tiremos la primera piedra. Haremos una campaña respetuosa y propositiva. Si el PRI adopta una actitud diferente, daremos respuesta a lo que traigan a cuento y entonces que no se vayan a quejar'', dice.

-¿Los ataques no dificultan más su esfuerzo?

-No. En Coahuila siempre hemos competido en condiciones de gran desventaja. Nos hemos hecho recios a este tipo de campañas, esta vez no será la excepción.

Dos de las impugnaciones interpuestas por el PRI -las que revocaron los acuerdos que permitían la alianza para las fórmulas en los ayuntamientos y los distritos- desestabilizaron completamente a la coalición.

Una de ellas -la que inhabilitó la coalición en los distritos- llevaba jiribilla. Según la legislación vigente, además de prefigurar la distribución de los diputados de representación proporcional, la votación distrital sirve para repartir las prerrogativas que reciben los partidos.

Si la coalición hubiera dejado las planillas originales -12 candidatos unitarios y los restantes de partido (que le tocaban al PRD según el convenio)- se hubieran quedado sin diputados de representación y sin prerrogativas.

La solución fue simple:a que la Coalición registrara sólo 10 fórmulas. Pero le salió cara al PAN, que perdió las prerrogativas de los distritos 11 (Torreón), 14 (Frontera) y 17 (Sabinas), y sufrió el oprobio de que militantes suyos compitan con las siglas del PRD.

El periodo de desajustes seguirá para la coalición, asegura Rafael Ortiz, coordinador jurídico del PRI coahuilense.

El lunes 26, el PRI interpuso un juicio de inconformidad en contra del Consejo Estatal Electoral por haber validado el registro de las doce fórmulas de diputados que presentó la Coalición.

Tres días antes había presentado un recurso similar para impugnar las planillas de la Coalición en los ocho municipios.

Además, el PRI interpuso otras cuatro causas legales en contra de los candidatos opositores en los municipios de Saltillo, General Cepeda, Ocampo y Nava, reclamando su inegibilidad, pues formaron parte de los cabildos en el periodo inmediato anterior como integrantes del cabildo municipal.

Si funciona su estrategia, las candidaturas impugnadas deberán ser revocadas por las autoridades electorales. La apuesta es que se derrumben por lo menos tres diputados y tres alcaldes de la coalición, a fin de que ya no puedan cubrir con el mínimo que establece el Código Electoral y la alianza se declare desecha.

El domingo 25 de agosto de 1929 el PNR participó en su primera elección de gobernador aquí, en Coahuila. Desde entonces -se quejan aquí- el PRI se roba las votaciones.

Esa vez el historiador Vitto Alessio Robles compitió en contra del PNRÉ y ganó, aunque no le reconocieron el triunfo.

Siete décadas después ``vamos por la revancha'', dice Juan Antonio García Villa, candidato de la Coalición Coahuila 99.

Para conseguir ese objetivo, en la entidad se ha conformado la más amplia alianza electoral que se haya construido en cualquier proceso electoral del país en la época contemporánea, pues participan seis de los ocho partidos que actualmente negocian una coalición para la elección presidencial del 2000.

Además, esta elección tiene otras particularidades:

Las locales serán las únicas campañas que se realicen en el país por lo menos en este mes y las últimas en las que esté en juego una gubernatura antes de la elección presidencial del 2000.

El 26 de septiembre, por primera vez en la historia de la entidad, habrá elecciones simultáneas para gobernador, alcaldes y diputados.

Hace seis años también hubo alianza opositoraÉ pero sin el PAN. Entonces se constituyó la Alianza Democrática Coahuilense con el PRD, el PARM, el PDM y el Partido Demócrata Cristiano de Coahuila, que fundó Jesús González Schmal, luego de su salida del PAN. El abogado encabezó esa coalición. Mientras que el PAN lanzó a Rosendo Villarreal, quien tres años antes había conquistado la alcaldía de Saltillo.

Además de ambas postulaciones, PPS, PFCRN y PVEM fueron con candidatos propios.

Pero la oposición fue derrotada por el priísta Rogelio Montemayor, quien aventajó a Villarreal por dos a uno. González Schmal apenas obtuvo 22 mil 397 votos, menos de 5% de los registrados.

En esa elección, el PAN ganó las alcaldías de Monclova y Castaños. En Acuña ganó la Alianza.

Empero, hace tres años Montemayor Seguy hizo una descarada promoción de sus acciones de gobierno con el lema ``Coahuila avanza'', en los municipios más importantes de la entidad.

Pero los coahuilenses le dieron la espalda y desde entonces el PAN es gobierno precisamente en la dispersa zona industrial de Coahuila con más altos índices de desempleo e inseguridad pública de la entidad.

Aquella vez, el PAN recuperó Saltillo y retuvo Monclova. Además conquistó Torreón, seis alcaldías más y nueve distritos de mayoría. En esos municipios vive 64% de la población local.

A pesar de la fuerza electoral del PAN, la alianza con el PRD fue necesaria.

Un comparativo hecho por el área electoral del PAN muestra que en las últimas tres elecciones que se han celebrado en la entidad, los votos de la oposición han sido más que los obtenidos por el PRI.

En la elección local, los partidos de la coalición tuvieron casi 20 mil votos más que el PRI.

Y en las últimas federales, de julio de 1997, la diferencia fue de 15 milÉ pero el PAN sólo pudo ganar en Torreón, uno de los siete distritos que estaban en disputa.

Pero hace seis años, si la oposición hubiera participado unida hubiera ganado la gubernatura al PRI, no habría podido imponerse.

Para esta elección, la situación tampoco se ve favorable.

Los líderes de la coalición tuvieron ``descuidos inexcusables'' y por eso enfrentan problemas legales, acusa Evaristo Pérez Arreola, líder de la Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

``Descuidaron las formas legales; discutieron mucho por la candidatura a gobernador y descuidaron las demás postulaciones. Sabían que los plazos eran fatales''.

Pérez Arreola es de los que más saben de alianzas políticas en la entidad. En los últimos 15 años ha sido candidato del PMS, del PARM, del PFCRN y del PT. Hace dos sexenios fue alcalde de Ciudad Acuña. Hace tres años llegó al Congreso local.

Desde entonces enarbola la tesis de la federalización de la política y la propuesta de integrar un gobierno de ``concertación''.

Hoy compite nuevamente por la alcaldía de la ciudad fronteriza.

Desterrado de la Coalición por las sospechas del PAN por su supuesta connivencia con el gobierno local, el ex dirigente sindical lamenta sus actitudes ``sectarias y torpes''.

Ante lo cerrado de la contienda, prevé: ``Los votos que nosotros obtengamos le harán falta a la coalición para dirimir esta contienda a su favor''.

Manifiesta su preocupación por que pueda generarse ``un ambiente no saludable que despierte rechazo a los candidatos y un fuerte abstencionismo''.

Cuando la gente se guarda los votos -concluye- ``todos perdemos''.