La adulteración como práctica de Estado
Carlos Fernández-Vega n Once días atrás, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denunció, públicamente, que circulaban documentos oficiales -relativos al Fobaproa- "presumiblemente adulterados".
Después de una acuciosa investigación, se localizó al responsable de este acto vandálico.
Su nombre, Marco Provencio. Su cargo, vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Documento adulterado: Informe de Michael W. Mackey en la evaluación integral de las operaciones y funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa, y la calidad de supervisión de los programas del Fobaproa de 1995 a 1998, entregado a la Cámara de Diputados el 23 de julio de 1999, en su versión castellana.
El 25 de julio pasado, Provencio difundió un comunicado (algunas puntualizaciones), en el que afirmó que el auditor Mackey dijo que "...las recomendaciones de dicho subcomité (el de Recuperación del Fobaproa)... fueron bien diseñadas y aceptadas por el Comité Central de Crédito".
La acuciosa investigación determinó que, en realidad, el auditor Mackey fue un poco más preciso sobre el particular, al señalar: "En apariencia, las recomendaciones relativas a la restructuración de créditos, propuestas por el subcomité, fueron adecuadamente reflexionadas por el Comité Central de Crédito para su aceptación. Las sugerencias relativas a las auditorías de la capacidad y estructura administrativa de los bancos, problemas de recursos y de las deficiencias en sus sistemas de información no se acataron, ya que no hubo un seguimiento de forma oportuna. Hasta la actualidad no existe una estrategia de venta de activos definida".
Sin embargo, la anterior no sería la única adulteración hecha por los tecnoburócratas del Olimpo hacendario. De hecho, una de las más escandalosas ha sido el uso de recursos públicos para fines privados, como en el caso del Fobaproa, o el aceptar que la banca particular posponga el pago de impuestos causados y no enterados al erario público (cerca de 40 mil millones de pesos), para maquillar sus niveles de capitalización y dar la impresión de solidez.
Si de ejercitar la memoria sobre adulteraciones y/o maquillajes se trata, en los últimos años se han presentado casos significativos -a escoger, o en paquete-, que van desde la renovación moral, pasando por la modernización, hasta el bienestar de la familia.
Por ejemplo, casi por concluir el sexenio salinista el entonces subsecretario de Hacienda y cerebro del Comité de Desincorporación Bancaria, Guillermo Ortiz, difundía a los cuatro vientos que la dependencia a su cargo era "rigurosa" en la selección de participantes en las subastas por las sociedades nacionales de crédito, y anotaba que los requisitos "llegaban a ser exhaustivos". Ello era razonable, expresaba, "pues lo que estaba en venta no era simplemente un negocio aislado, que no tuviera consecuencias laterales en cuanto a su devenir. Se trataba de instituciones que son portadoras de la confianza del público ahorrador, de ahí la etimología del término crédito. Por ello también que uno de los principales fundamentos del proceso (de venta) fue el de vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos con un adecuado nivel de capitalización". Probablemente este, también, sea un texto adulterado.
A su vez, el futuro empresario Pedro Aspe, en ese 1990 era secretario de Hacienda, trataba de convencer que "la reforma del Estado emprendida por la administración de Carlos Salinas de Gortari tiene como propósito fundamental que el Estado sea más eficiente, menos propietario, pero al mismo tiempo, más capaz de satisfacer las demandas de la población, primordialmente, las de los niveles sociales de menores recursos. Esta política de financiamiento del desarrollo se orienta, principalmente, a incrementar la generación y captación del ahorro interno, tanto público como privado, ya que sólo así se tendrán los recursos suficientes para ser canalizados hacia la inversión productiva".
Por ello, señalaba Aspe, "se volvió imprescindible e inaplazable la modernización del sistema financiero mexicano, en virtud del papel central que dicho sector juega en la movilización de los recursos y su consecuente canalización eficiente y oportuna hacia las áreas consideradas como prioritarias para el desarrollo nacional. Al permitirse la participación de los particulares en la propiedad y manejo de la banca, se propicia un mayor flujo de recursos hacia la capitalización del sector, al tiempo que los recursos que el Estado tenía comprometidos en las instituciones bancarias se liberaron, haciendo posible atender -en mayor medida- las demandas más urgentes de quienes menos tienen, subsanar sus carencias y elevar sus niveles de bienestar".
Para no ir más lejos, otro documento adulterado sería el presentado por Aspe (Ixtapa, Convención Bancaria, agosto de 1990), mediante el cual hizo públicas las ocho condiciones para adquirir bancos, anuncio que fue conocido como los ocho mandamientos de la reprivatización.
"1. Conformar un sistema financiero más eficiente y competitivo.
"2. Garantizar una participación diversificada y plural en el capital, con objeto de alentar la inversión en el sector e impedir fenómenos indeseables de concentración.
"3. Vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos, con un adecuado nivel de capitalización.
"4. Asegurar que la banca mexicana sea controlada por los mexicanos.
"5. Buscar la descentralización y el arraigo regional de las instituciones.
"6. Buscar obtener un precio justo por las instituciones, de acuerdo con una valuación basada en criterios generales, homogéneos y objetivos para todos los bancos.
"7. Lograr la conformación de un sistema financiero balanceado.
"8. Propiciar las sanas prácticas financieras y bancarias.
En los hechos, Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe y Guillermo Ortiz Martínez lograron exactamente lo contrario, es decir, un sistema financiero altamente deficiente, burocratizado y dependiente de los recursos públicos, con una aptitud y calidad moral bastante cuestionable.
Por otra parte y trascendiendo el salinato, nunca como ahora el sistema bancario mexicano había estado involucrado en tantas denuncias, demandas y actos ilegales (en el país y el extranjero) como en este tiempo de la modernización y el bienestar para la familia, a menos de que estas aseveraciones se basen en hechos "presuntamente adulterados".
Grupo Olimex: A la cabeza aparece Carlos Olimón Meraz, accionista de la Casa de Bolsa Interacciones, el Banco Interacciones y la Arrendadora Credimex, todas de la familia Hank. El consorcio se estructura con 6 agencias de automóviles Volkswagen, 2 de Chrysler y una de General Motors, todas ellas en la ciudad de México.
Este grupo aparece ligado a la familia Hank, que participaba decididamente en las industrias automotriz y de autopartes, a través de la empresa Sociedad Industrial Hermes y Mercedes Benz México, que presidía Carlos Hank González, hijo del primogénito de El Profesor).
Los bancos involucrados son Interacciones (de Carlos Hank Rhon y en el que Olimón Meraz es accionista), con 22.47 por ciento de los créditos concedidos, Bancomer, Bital, Santander Mexicano, Banpaís, Bilbao Vizcaya, Inverlat, Serfin, Confía y Cremi, en una operación crediticia por 222.5 millones de pesos, que con la aplicación de intereses moratorios elevó el adeudo hasta 350 millones de pesos. De este total, 271.04 millones fueron negociados con el Fobaproa.
Grupo Aga: encabezado por Abelardo Garciarce Ramírez, integrante del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, propietario de una de las cadenas refresqueras más grandes del país y de varios ingenios azucareros (entre ellos Puga -Nayarit-, que produce más de 100 mil toneladas de azúcar estándar, y Los Mochis -Sinaloa-, con 62 mil toneladas de azúcar refinado.
Garciarce Ramírez fue accionista y miembro del consejo de administración del Grupo Financiero Serfin, una de las principales instituciones financieras beneficiarias de los fondos públicos del Fobaproa, hoy quebrada y bajo la administración del IPAB. El monto involucrado en esta operación ascendió a 633.26 millones de pesos.
Grupo Protexa: Los accionistas mayoritarios son Humberto y Xavier Lobo Morales, también accionistas de la Casa de Bolsa Arka y de Arrendadora Arka, también rescatada por el Fobaproa, en el caso de Alejandro Morales Mega y la empresa Aeroejecutivo (Aeroexo).
Humberto Lobo Morales aparece tres veces en la relación de siete créditos vencidos al 31 de agosto de 1996, asociado en la operación de Arrendadora Financiera Arka y Holding Fiasa, esta última de Angel I. Rodríguez, El Divino. El primer crédito es de 80 millones 400 mil pesos; el segundo de 55 millones 400 mil pesos y el tercero de 54 millones 400 mil pesos.
Encajes Mexicanos: El accionista mayoritario es Jacobo Zaidenweber, ex presidente del Multibanco Mercantil de México (antes de la expropiación de 1982) y de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin). También es consejero propietario de la serie B en el consejo de administración de Banorte.
La operación de salvamento, aprobada por el subcomité, implicó que Nacional Financiera le inyectara dinero fresco por un total de 7.5 millones de dólares, administrando 24 por ciento del capital.
Los bancos involucrados fueron Promex, Bancomer, Bancrecer, Banorte, Banpaís, Bilbao Vizcaya y Serfin. Los descuentos obtenidos fluctuaron entre 30 y 40 por ciento.
Hoteles Aristos: Los accionistas de esta cadena hotelera son los hermanos José Felipe y Julián Abed Rouanet, y los bancos involucrados Banco del Centro (Bancen) y Bancomext, por un total de 219.63 millones de pesos.
Grupo Astiazarán Aguilar: Dedicado a la hotelería, la construcción y la agricultura. Bancos involucrados: Banamex, Bital, Bancomer, Cremi, Unión, Santander Mexicano, Serfin, Inverlat, Banorie, Banoro, Interestatal, Atlántico y Banrural, por un monto de 51.6 millones de dólares. El 51 por ciento del adeudo es cartera Fobaproa y el resto cartera bancaria.
Grupo Porcícola Loret de Mola Chumoxil: El principal accionista es Francisco José Loret de Mola Díaz. El asunto se trató en la sesión número 8 (15 de julio de 1997). Esta operación registró un monto de 315.68 millones de pesos, de los que Fobaproa adquirió 94.1 por ciento, con la participación directa del FIRA, fideicomiso del Banco de México. Los bancos involucrados fueron Banamex, Serfin, Atlántico, Confía, Bital, Sureste y Santander Mexicano.
Accel: Empresa controladora (holding), cuyo consejo de administración lo encabeza Eloy S. Vallina, miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
Entre los miembros del consejo de administración (1997) se contaba a Miguel Alemán Velasco, Jesús Alvarez Morodo, David Garza Lagüera, Rodrigo Sánchez Mejorada, Rafael Vallina Fernández y José Antonio Vallina L.
En la sesión número 12 (26 de agosto de 1997), el subcomité informó que el 25 de agosto del mismo año se recibieron las propuestas de compra de las notas de Accel. El precio de venta fijado por Valuación y Venta de Activos fue de 23.9 millones de dólares. Banco del Atlántico ganó la subasta, por ofrecer 96 por ciento del precio.
Emyco: Los accionistas son los hermanos Felipe Pablo y Luis Gerardo Martínez Treviño, al 50 por ciento cada uno.
Originalmente se había presentado una propuesta de recuperación de los créditos del 38 por ciento en pago en especie. Después se presentó la alternativa de una recuperación en efectivo del 58 por ciento.
El asunto se presentó en la sesión número 21 (23 de diciembre de 1997), en la que Guillermo Güémez, vicegobernador del Banco de México, comentó que "en realidad el pago de 212 millones de pesos que estarían efectuando los accionistas de la empresa corresponde al valor de la misma en una valuación por flujos, por lo que no sería factible recuperar más de ese monto".
Con este último bloque de fichas de las empresas relacionadas en las actas del Subcomité de Recuperación, concluye la serie que La Jornada intituló Expediente Fobaproa.