n Existen diferencias de criterio de partidos o propuestas de nueva redacción
Sin consenso, decenas de artículos del anteproyecto de código penal
n Se ha puesto especial atención en no disminuir sanciones o retirar tipos penales
Ricardo Olayo n El anteproyecto de código penal para el Distrito Federal, elaborado por la Comisión Plural de la Asamblea Legislativa, mantiene decenas de artículos encorchetados o señalados con una franja sombreada, pues están pendientes de consensuar entre los partidos.
Los puntos a precisar se refieren al rango de las penas, la diferencia de criterio de algún partido o la propuesta de una nueva redacción.
No obstante, son múltiples los acuerdos alcanzados luego de la primera revisión del articulado, cuya versión más reciente (23 de julio de 1999) fue obtenida ayer. Hasta ahora, se ha aceptado sustituir la lista de delitos graves en vigor por el tipo de agravante, esto con el objetivo de impedir que obtengan la libertad quienes cometen fraude de un monto considerable. A cambio, se mantendrá una pena baja para aquel acto de defraudación "que no exceda diez veces el salario mínimo", indica el documento.
La lógica, en este caso, es evitar la sanción a los defraudadores que pudieran estar ligados a los estratos sociales bajos, y frenar que servidores públicos o empleados de instituciones lo hagan y alcancen libertad bajo fianza.
Los asambleístas que integran la comisión plural han puesto atención en no disminuir sanciones o quitar tipos penales en el nuevo código, pues ello abriría la puerta para que un reo solicite en su beneficio la aplicación retroactiva de algún artículo, por ello se mantienen muchos corchetes en el documento de trabajo.
Para los reos quedan incluidas las modalidades de tratamiento en externación, con el fin de empatarlas con otra iniciativa próxima a votarse, la de ejecución de sanciones, que hicieron el subsecretario de Gobierno, Leonel Godoy, y el diputado Esteban Daniel Martínez.
En el documento obtenido se mantienen también las penas vigentes para el caso de los diversos delitos sexuales, lo que despeja el camino sobre la posibilidad de disminuir las sanciones, como se ha planteado en otras propuestas entregadas a la ALDF, entre ellas la del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la de un grupo asesor dirigido por Moisés Moreno.
El documento de la Asamblea Legislativa recoge y depura otras propuestas, incluidas las de Moreno. Pero se ha difundido equivocadamente el trabajo del asesor como si fuera la propuesta de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, porque a una sesión de consulta asistieron el subprocurador Víctor Carrancá y el coordinador de asesores del procurador Samuel del Villar, Renato Sales Heredia, por lo que se les incluyó en una relación de personajes que hicieron aportes.
Precisamente para eliminar sombra de duda en este caso, la secretaria general del Gobierno del DF, Rosario Robles, y el procurador Del Villar, se reunieron en las oficinas de la Procuraduría con representantes de grupos feministas para explicarles que el gobierno no respalda la propuesta de Moreno, y que difieren en puntos sustantivos, como la disminución de penas en delitos sexuales.
En esa reunión estuvo presente Carrancá, quien hace años fue parte del equipo que defendió a los escoltas del llamado fiscal de hierro, Javier Coello Trejo, quienes violaron a varias mujeres en el sur de la ciudad. Por ese antecedente tenían inquietud en las propuestas, pero según la versión del encuentro, las ONG esperarán a que Del Villar aclare las cosas y desligue al Gobierno capitalino de la propuesta de Moreno, por lo que ya no se hicieron cuestionamientos al subprocurador.
Ahí, se les entregó a las ONG un análisis comparativo de la propuesta de Moreno y la del Código en vigor, con comentarios de las autoridades que retoman los diversos planteamientos de las ONG para no modificar el tipo penal de la violación.
La propuesta de Moreno, con fecha 27 de mayo, fue encargada por la Asamblea Legislativa, al igual que se ha pedido a otro grupo de asesores elaborar una propuesta para el Código de Procedimientos Penales.
Paralelamente, los asambleístas de la Comisión Plural integran el anteproyecto y en estos días harán una segunda revisión para tratar de reducir los corchetes.
Según las fuentes consultadas, el trabajo realizado hasta ahora es de casi 70 por ciento del total del nuevo código, y es posible que en agosto se cite a un periodo extraordinario en la ALDF para su aprobación.
Aplazan la
discusión sobre el aborto
Ricardo Olayo n Tema de "profundas implicaciones culturales, ideológicas, médicas y filosóficas", el aborto podrá ser discutido en otra ocasión, concedieron organizaciones de mujeres que por años han pugnado por un cambio en este renglón de la ley penal.
"Si ahora no ocupa un lugar central en la discusión de la ALDF, la sociedad exigirá que se haga en un próximo periodo, y para entonces presentaremos propuestas y argumentos adicionales", indicaron más de 40 agrupaciones en un escrito distribuido ayer.
Ese punto no se reformará y quedará tal como está en su versión actual, según lo han declarado voceros de la ALDF, "pues la experiencia nos ha indicado que lo relativo al aborto requiere un trato por separado", expone el comunicado del movimiento Acceso de justicia para las mujeres.
Justo cuando empezaba la campaña de organizaciones de derecha contra la probable modificación legal, las ONG han convenido que el debate del tema tiene tanta trascendencia que se sobrepone y opaca otros asuntos, por lo que ya habrá tiempo para su discusión.
n Debe considerar los temas de la violencia sexual y familiar, señalan
Exigen mujeres a la ALDF no retroceder
Raúl Llanos y Aleyda Aguirre n Representantes de organizaciones feministas exigieron ayer a la Asamblea Legislativa no permitir "retrocesos" en la elaboración del nuevo código penal para el Distrito Federal, sobre todo en los temas de violencia familiar y sexual, porque eso ocasionaría "que se vengan abajo las conquistas ya ganadas, en detrimento de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad".
En conferencia de prensa, convocada por las promotoras de la campaña Acceso a la justicia para las mujeres, integrantes de la Asociación Contra la Violencia hacia las Mujeres, del Programa Nacional Contra la Violencia Intrafamiliar, del Grupo Plural Províctimas y Católicas por el Derecho a Decidir, así como de partidos políticos exhortaron a los representantes populares a que se tomen el tiempo necesario para consultar a toda la sociedad en cuanto a los temas más controvertidos que se incorporarán a dicho marco legal, y se evite así "legislar al vapor".
Patricia Olamendi, secretaria de Relaciones Políticas y Alianzas del CEN del PRD, manifestó su desacuerdo con la propuesta de reducción de la penalización en relación con los delitos sexuales. De hecho, calificó de ignorantes y misóginos a quienes a puerta cerrada discuten los temas del nuevo código penal, permitiendo que sólo "unos cuantos iluminados" participen en dichos trabajos.
En su opinión, ese proceso debería ser democrático, donde se escuchen todas las voces de la sociedad, pues no se puede seguir legislando de espaldas a la sociedad.
También exhortó a quienes elaboran el código a tomarse el tiempo que sea necesario, convocar, incluso, al referendum o plebiscito para lograr así un instrumento de prevención del delito que restituya los derechos de las víctimas, respete la pluralidad y las preocupaciones de la sociedad, y sea producto de la reflexión, la consulta y el consenso.
Manifestó que quienes han impulsado por años reformas legales en beneficio de la sociedad hoy están "muy molestos e indignados" por las propuestas que se han hecho en cuanto a violencia sexual, con lo que se pretende echar abajo, de forma "indignante", los avances logrados en años pasados.
Pilar Sánchez, de Católicas por el Derecho a Decidir, dijo que no permitirán que se legisle al vapor, si "persiste la amnesia histórica de los legisladores y se discrimine a los grupos vulnerables".
A su vez, la diputada independiente e impulsora del Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar, Carolina O'Farril, indicó que lucharán hasta las últimas consecuencias para que se respeten los logros obtenidos con las reformas hechas al código de 1991.
Por su parte, el diputado perredista Francisco Ortiz Ayala, integrante de la Comisión de Gobierno de la ALDF, acusó a la bancada del PRI de intentar boicotear y partidizar el nuevo código penal para esta capital, por lo que externó que de no haber un compromiso real de ese partido, la fracción perredista tendrá que aprobar ese instrumento legal con lo que se haya consensuado con las demás fuerzas políticas ahí representadas.