n No se cederá a presiones políticas, advierte
Informes de Banco Unión, sólo si la SCJN los requiere: Provencio
n La autoridad interpretó adecuadamente las leyes, reitera
Antonio Castellanos n La Secretaría de Hacienda entregará toda la documentación de Banco Unión y la que se requiera, si dentro de una controversia constitucional así lo resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, Marco Provencio, vocero de la dependencia, aclaró que "no se obedecerá a presiones políticas o a la politización del problema".
El funcionario insistió en que el Ejecutivo federal interpretó debidamente los ordenamientos jurídicos, y señaló que ahora hay una "diferencia eminentemente jurídica". Sostuvo: "Nosotros seremos, por convicción y por responsabilidad, totalmente respetuosos de las decisiones de los señores legisladores, si deciden establecer una controversia constitucional".
No me compete, como funcionario de la Secretaría de Hacienda, juzgar a qué se debe, pero lo que sí debe quedar claro es que en la dependencia "estamos convencidos de nuestra interpretación de las distintas disposiciones legales que protegen las operaciones fiduciarias de personas, asociaciones, empresas o de quien sea en nuestro país".
Abundó: "Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que la posición de la Secretaría de Hacienda o del gobierno federal en esta materia no se sustenta legalmente, nosotros con gusto vamos a entregar toda la información que se nos pida, no a raíz de una presión política o a raíz de una politización de algún tema".
Manifestó que en caso de que la Cámara de Diputados cumpla los procedimientos de rigor y se instale la controversia constitucional, estaremos ante un escenario en el que un poder tendrá una visión o interpretación de disposiciones legales, distinta a la de otro poder de la Federación, y sería entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decidiría apegada a derecho.
El portavoz de la Secretaría de Hacienda expuso que se debe dar la bienvenida al hecho de que nuestro estado de derecho prevé los mecanismos para que, ante diferencias de opinión jurídicas, haya las instancias para que esas diferencias puedan solucionarse.
Yo creo, agregó, que eso es algo muy positivo. Si tenemos los mecanismos legales y tenemos esas diferencias legales de opinión, pues hay que utilizar los medios que previó desde 1917 el constituyente.
Desde hace más de 80 años, refirió, está previsto por el constituyente que, en caso de diferencias de opinión entre poderes de la Unión, pueda haber la participación de un tercero. En este caso, del máximo tribunal de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendría facultad de dirimir una controversia entre poderes.
Provencio reiteró que la autoridad está plenamente convencida de su interpretación de la Ley de Instituciones de Crédito y demás ordenamientos jurídicos afines al tema del secreto fiduciario y la negativa de las autoridades a solicitar al interventor de Banco Unión que dé la información que solicitaron los diputados y el propio auditor Michael Mackey.
La solicitud, precisó por último, no cumplía con los requisitos que fija la ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, y puntualizó que el secreto bancario funciona para depositantes y receptores de crédito. Esto incluye también a operaciones de fideicomisos.