n García Sainz: el recurso es poco eficaz

Con la controversia, el PAN trata de "compensar la claudicación"

Andrea Becerril n La decisión del PAN de ir a la controversia constitucional por la negativa del Ejecutivo federal a proporcionar información sobre Banco Unión a la Cámara de Diputados, es una medida poco eficaz, que busca sólo "compensar la claudicación" en el caso Fobaproa "con grandes declaraciones", sostuvo el perredista Ricardo García Sainz.

En términos de tiempo, de independencia de poderes, e incluso del cumplimiento de la sentencia, "en caso de obtenerse, entre comillas, un fallo favorable de la Suprema Corte, se abrirían grandes espacios para su cumplimiento", agregó el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

No se puede creer en la imparcialidad del Poder Judicial frente a un asunto que involucra directamente al Presidente de la República, agregó, e hizo notar que la oposición tuvo en sus manos la posibilidad de rechazar la auditoría y frenar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), pero el PAN se prestó a maniobras muy burdas.

Entrevistado luego de la sesión de la Comisión Permanente, García Sainz hizo notar que el rechazo de la Secretaría de Gobernación al recurso de queja que presentó la oposición en la Cámara de Diputados, precisamente por la negativa de las autoridades hacendarias a dar al auditor Mackey la información en torno a los fideicomisos de Banco Unión, muestra "a un gobierno autoritario" que desestima al Congreso de la Unión y al principio de división de poderes.

Consideró que hay simulación en muchos de los planteamientos que se han formulado ahora, después de aceptar como válido un estudio incompleto sobre el Fobaproa, y que incluso se permitieron "cosas muy peculiares", maniobras claras, como cambiar las reglas en la comisión encargada del seguimiento a la auditoría, y la exclusión de Marcelo Ebrard de la misma.

Insistió en que la oposición tuvo la posibilidad de evitar que finalmente se siguieran encubriendo las irregularidades y los malos manejos de funcionarios y banqueros en el Fobaproa. "Era tan sencillo como no recibir el informe de Mackey y, al día siguiente, exigir al Ejecutivo toda la información sobre Banco Unión", pero finalmente el PAN optó por legitimarlo.

-ƑPor qué insiste entonces Acción Nacional en acudir ahora a la controversia constitucional?

-Me parece inexplicable, pues simplemente con que el PAN no hubiera estado de acuerdo en aceptar el informe de Mackey, hubiéramos obligado a que la auditoría abarcara a Banco Unión.

-ƑLo hará sólo por lavar su cara y evitar el costo político?

-Yo diría que cuando se tuvieron grandes posibilidades de profundizar en la auditoría al Fobaproa y no se hizo, me parece muy evidente la decisión de compensar esta claudicación. Requiere otra vez de grandes declaraciones.

Sobre la exigencia de otros legisladores del PRD en el sentido de que se obligue al diputado panista Fauzi Hamdan a explicar los intereses bajo los que actuó en el Comité Técnico de Seguimiento a las auditorías del Fobaproa, García Sainz respondió que cada vez "hay más explicaciones pendientes" a los ciudadanos.

Sobre las declaraciones de priístas de que lograrán aminorar para el 2000 el costo político del Fobaproa, consideró que ello dependerá de la capacidad de asimilación de los mexicanos para cubrir una deuda que ahora vale 900 mil millones de pesos, pero que generará cada año un servicio mínimo de 40 mil millones de pesos "todos los años y hasta el infinito".

Entrevistado por separado, el presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, Dionisio Pérez Jácome, hizo notar que un procedimiento como la controversia constitucional no es ágil, y un término prudente podría ser entre seis y ocho meses, aunque depende también del tiempo en que se interponga la demanda, la respuesta para llamar a audiencia y la convocatoria al ministro que habrá de elaborar el proyecto de resolución.