La presentación del Informe Mackey ha vuelto a ubicar a la situación bancaria en el centro del debate nacional. Todos los actores de la escena política mexicana han externado sus opiniones sobre la auditoría, sobre el desempeño de los diversos actores y, principalmente, acerca de las responsabilidades de las autoridades y de los funcionarios bancarios; se ha opinado poco, sin embargo, en relación con el futuro de los bancos.

El debate que se ha desarrollado se ubica en diferentes niveles: 1. La actuación de las autoridades financieras en el curso de esta década y su responsabilidad en la crisis bancaria iniciada a finales de 1993; 2. La actuación de los funcionarios bancarios, desde aquellos que administraron los bancos en la época estatal, hasta los nuevos dueños y sus cuadros directivos; 3. La actuación de autoridades y banqueros en los primeros años de la crisis y, particularmente, en las operaciones de compra de cartera; en las intervenciones realizadas, tanto las oficiales (Banpaís, Cremi, Confía, Oriente, Unión, Inverlat) como las extraoficiales (Serfin y Bancrecer), en los bancos privatizados y en los de reciente creación; 4. La situación actual de la banca, su fragilidad y vulnerabilidad, el bajo nivel de capitalización y la dudosa calidad de los activos; 5. La perspectiva, en dos sentidos: lo que falta por hacer en los bancos conocidos (Bancrecer, Atlántico, Promex) y en Inverlat y Bital, de los que se empieza a ofrecer información que indica que el gobierno está considerando sanearlos, así como lo que se requiere para que se reactive el crédito; 6. El incremento de los intermediarios extranjeros en el sistema, lo que, según las autoridades, contribuiría al fortalecimiento de las instituciones y de la banca en general.

Es indudable que no puede plantearse que, como lo ha propuesto reiteradamente el gobierno, el informe culmina con una etapa en la vida nacional y que lo central es mirar hacia delante. Debe resolverse con prontitud con los elementos que abre la auditoría: los créditos relacionados, las operaciones cruzadas, los créditos dolosos; el IPAB, de inmediato, debe declarar ante la opinión pública el monto de los pagarés Fobaproa que no se convertirán en deuda pública. En particular, en relación con las operaciones de Banco Unión y los fideicomisos del PRI, en la medida en que las autoridades no han permitido revisar la información con la debida cautela, es fundamental que se declare que el total de estas operaciones no será reconocido para convertirse en deuda pública y que, como el banco responsable dejó de existir, el beneficiario de las operaciones es el que deberá responder.

Sin embargo, resulta fundamental empezar a plantear la discusión en relación con el futuro. Un elemento resulta urgente: limitar los procesos de saneamiento que se llevarán a cabo; debe recordarse que al momento en que se resolvió crear el IPAB se estableció que restaban tres bancos, cuyo proceso había quedado trunco por el escándalo del Fobaproa, pero de repente apareció un cuarto banco que fue resuelto con una urgencia extraordinaria, Serfin, para el que no había previsión alguna. En el escenario empieza a hablarse de la necesidad de participar en la capitalización de Bital y en la culminación de la compra de Inverlat por parte del Nova Scotia Bank. Sobre esto, también de inmediato, deben establecerse límites definitivos a la actuación del IPAB y a su posibilidad de comprometer recursos públicos.

Finalmente, en el curso de todo este proceso el gobierno ha ido abriendo el sistema bancario a la participación de intermediarios extranjeros, a partir del supuesto de que se reducirían los riesgos, dada la experiencia de estos agentes. No se ha considerado, como siempre, la opinión de la sociedad; incluso algunos personajes que pretenden ser candidatos del PRI han señalado la inconveniencia de abrir indiscriminadamente los bancos al control extranjero.

Algunos miembros del PAN se han mostrado firmes en su demanda de información sobre el caso Unión; hoy es fundamental que esa firmeza la transmitan, en primer lugar, al resto de su bancada, particularmente a los que participan en el asunto de la auditoría y, en segundo lugar al gobierno, para impedir que siga operando los programas de saneamiento sin ninguna limitación. Veremos si el PAN es congruente.