Ť La SCJN determinará si el Congreso puede tener acceso a la información
Promoverán controversia sobre fideicomisos del PRI
Ciro Pérez Ť La Cámara de Diputados promoverá una controversia constitucional para definir si el Congreso tiene derecho o no a conocer las operaciones de los fideicomisos priístas a través de los cuales el ex banquero Carlos Cabal Peniche entregó 30 millones de dólares a las campañas de Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo.
El panista Fauzi Hamdan dijo que no queda otra alternativa ante la insistencia del Presidente de la República en ocultar las fuentes de financiamiento de su partido. El panista mencionó que el plazo para interponer la controversia es de 30 días hábiles a partir del día siguiente en que se notifique a la Cámara de Diputados. Como la Suprema Corte de Justicia de la Nación está de vacaciones, el plazo empezaría a correr el 2 de agosto; así, el documento se presentaría a más tardar el 10 de septiembre.
Interrogado sobre la posición de los priístas, quienes sostienen que los diputados no pueden pedir esa información, sino que es competencia de la junta directiva del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, Hamdan reconoció que el IPAB puede solicitar información sobre los fideicomisos del PRI en virtud de que a partir del informe del auditor Michael Mackey dispone de indicios sobre esas transferencias a las campañas priístas, por lo que podría solicitar esa información sin perjuicio de la controversia.
En un texto de respuesta a la Cámara de Diputados firmado por el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, el gobierno de la República reitera que no puede atender la solicitud de los diputados, pues la petición hecha al secretario de Hacienda para que instruya al director de Banco Unión proporcionar a los auditores toda la información y los documentos a los auditores no se apega al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso, pues no se trata de información o copias en poder de esa dependencia.
Además, sostiene que Hacienda carece de atribuciones legales para instruir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o al interventor del Banco Unión para que entreguen información protegida por el secreto fiduciario.
En el documento enviado al presidente en turno de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, Jorge Emilio González Martínez, el secretario de Gobernación enfatiza que el reporte presentado por Mackey especifica (página 118) que la información sobre los fideicomisos del PRI parte de copias y reportes proporcionados por un partido político y por tanto se reconoce que no se deriva de las auditorías.
Insiste en que la única información que no se entregó a los auditores es aquella que no podía proporcionarse sin incurrir en responsabilidad civil o penal, por lo que considera inaceptable la afirmación de los legisladores acerca de que el gobierno federal ''muestra una total ausencia de voluntad para llevar a buen término las auditorías''.