José Antonio Almazán González
Privatización y elecciones en SME

1 Las recientes elecciones en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), para cambiar a la mitad de su Comité Central, Comisiones Autónomas y la Secretaría General, constituyen un rotundo triunfo en la lucha contra la privatización del sector eléctrico. Con una de las votaciones más altas de su historia --36 mil 658 votos que representan más del 76 por ciento del total de agremiados--, la base del SME transformó sus elecciones internas en un referéndum y ratificó la conducción política de su secretario general, Rosendo Flores, al tiempo que se pronunció por continuar la lucha en defensa de la soberanía nacional y en contra de la privatización eléctrica.

Consecuentes con su tradición democrática y nacionalista, los electricistas del SME cerraron filas ante las estrategias privatizadoras del gobierno, que buscó dividir al sindicato mediante una campaña de desplegados públicos e intentando organizar una planilla opositora.

Mientras el SME ratificaba, a través del voto universal, secreto y directo, su convicción de continuar la lucha, los electricistas del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) celebraban en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (26 y 27 de junio), la Convención del Sureste, aprobando la realización de una marcha nacional como muestra del rechazo a la pretendida privatización.

Con dignidad y valor, pese a las acciones represivas de que han sido objeto, más de 48 secciones del SUTERM discutieron los efectos nocivos que acarrearía la privatización eléctrica, cobijados por la solidaridad de decenas de organizaciones sociales, magisterio democrático, sindicalismo universitario, una delegación del CGH y la dirección del SME. De esta forma los trabajadores hicieron añicos la maniobra con la que se buscó desactivar la lucha al interior de las filas del SUTERM, ya que dos días antes su secretario general, Leonardo Rodríguez Alcaine, había firmado un "convenio" con la Comisión Federal de Eletricidad, teniendo como "testigos de honor" al doctor Luis Téllez y al secretario del Trabajo y Previsión Social.

Ambos acontecimientos marcan el inicio de una nueva etapa en la lucha electricista y constituyen una clara derrota de la estrategia gubernamental para imponer la contrarreforma a los artículos 27 y 28 constitucionales.

2. A más de cinco meses de que el Ejecutivo federal presentó su iniciativa privatizadora, los acontecimientos muestran que su estrategia no ha dado los frutos deseados. Sin consenso en la sociedad mexicana y rechazada por los electricistas, el gobierno de Zedillo ha sufrido además el desaire del Partido Acción Nacional, que públicamente señaló que "en este momento" no hay ningún "punto de acuerdo" con el gobierno sobre la iniciativa para privatizar la electricidad.

Ante el fracaso de su estrategia privatizadora, Luis Téllez busca desesperadamente en los foros internacionales el apoyo que no encuentra en México. Así lo evidencian sus pronunciamientos durante la visita de Bill Richardson, secretario de Energía de Estados Unidos, y ante una delegación británica. Lo mismo corrobora su más reciente declaración en el Foro de Energía (Río de Janeiro, 27 de junio) ante representantes de 48 países de Europa y América Latina donde concluyó recomendando la privatización de la electricidad, el petróleo y el gas.

Contradiciendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos ordenamientos juraron cumplir los actuales gobernantes, la estrategia privatizadora de Zedillo sólo se sostiene en virtud del apoyo brindado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que públicamente han condicionado el préstamo de 23 mil 700 millones de dólares, para blindar la economía mexicana, al compromiso de privatizar la electricidad.

3. En este contexto, el SME acordó el pasado 8 de julio en asamblea general, un plan de acción para los siguientes meses, en el que destaca: a) una reunión nacional de los frentes estatales de resistencia en contra de la privatización eléctrica: 31 de julio; b) organización de una Marcha Nacional, en coordinación con las secciones del SUTERM: 28 de agosto; c) una consulta nacional en defensa de la industria eléctrica nacional; d) un pacto de solidaridad y ayuda mutua con más de 130 organizaciones sindicales y sociales; e) elaboración y presentación pública de una propuesta alternativa a la privatización de la industria eléctrica; y f) celebración de un seminario internacional sobre los impactos de la privatización eléctrica a nivel mundial. La lucha sigue.