* EXPEDIENTE FOBAPROA
Persiste la retórica privatizadora como justificación
Carlos Fernández-Vega * Una vez desatada la fiebre privatizadora en el país, el discurso oficial no se ha modificado un milímetro, cuando la intención es justificar y sustentar la decisión gubernamental de desmantelar el aparato productivo del Estado.
Desde hace tres sexenios, la retórica privatizadora del gobierno nos nutre con el mismo cántico. ƑCuál es el objetivo de vender masivamente las empresas paraestatales?: "liberar recursos públicos para atender las demandas sociales de la población"; "canalizar adecuadamente los escasos recursos del sector público en las áreas estratégicas y prioritarias"; "concentrar la atención del Estado en la satisfacción de las necesidades más apremiantes de la población", y "eliminar gastos y subsidios no justificables, ni desde el punto de vista social ni del económico".
A la vuelta de la historia inmediata, y con más de 40 millones de mexicanos hundidos en la pobreza y la miseria, cabría preguntarse si, por ejemplo, el Fobaproa es sinónimo de "liberación de recursos públicos para atender las demandas sociales de la población"; o si el rescate carretero, la ostentosa reducción de los presupuestos educativos, la mínima generación de empleos o la vergonzosa concentración del ingreso en el país son, todos, resultado de la voluntad expresa del gobierno de reducir la elevadísima deuda social.
La presunta insuficiencia de recursos públicos para atender las urgencias sociales se ha transformado en plenitud si hay que solventar los descalabros y malversaciones del grupo compacto, los barones del dinero, en el contexto de una estrecha alianza que incluye generosos financiamientos a las campañas políticas priístas.
A cambio, las empresas, la economía, el erario, el país.
Grupo Arzac: Se integra con las empresas Grupo Industrial NKS, Clemex, Arzac, Nutrimex, Promotora de Empresas Arzac e Industrial Electrónica Barik. El consorcio comercializa equipos y partes para la industria aeronáutica, alimenticia, de la construcción, minera, petroquímica, metalmecánica y fabricación de partes para la industria.
Las empresas NKS y Clemex eran propiedad de la nación, privatizadas en el gobierno salinista (el banco agente fue Serfin). Los ganadores de la "licitación" fueron Pedro Arizpe Carreón y los hermanos Ricardo y Marcelo Margain Berlanga, compradores -los dos últimos- del Banco de Oriente (Banorie), en el que fungieron como presidente y vicepresidente del consejo de administración; además son dueños de la Casa de Cambio Divisas Margen y accionistas de Seguros La Continental.
En la sesión número 4 (12 de junio de 1997), se expuso que en 1991 el Banco de Oriente (en ese entonces con los Margain Berlanga a la cabeza) "otorgó créditos a las primeras cuatro empresas mencionadas (NKS, Clemex -adquiridas por esos hermanos-, Arzac y Nutrimex) mediante operaciones transitorias documentadas como préstamos quirografarios, los cuales fueron renovados, capitalizados e incrementados con nuevos recursos".
El subcomité se encontró con una pequeña dificultad: el programa de capitalización del Grupo Arzac "no surtió efecto, debido a que en junio de 1996 (cuatro años después de su privatización) fuimos informados que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía promovidos juicios para rescindir la operación de venta de las acciones de la empresa NKS (85.9 por ciento de su capital social), motivados por un adeudo que asciende a 152 millones de pesos, aproximadamente, debido a que no se le pagó la totalidad del precio convenido en la desincorporación, quedando como pena convencional la cantidad de 70.8 millones de pesos, la cual recibió como anticipo por la compra de NKS".
En el caso de Clemex, "los adquirientes tienen un adeudo de 8 millones de pesos con el gobierno federal, quien inició el proceso de embargo; adicionalmente, el terreno sobre el que se encuentra la planta es arrendado por Fondepor y existe demanda por incumplimiento en el pago de rentas atrasadas por dos años".
A pesar de ello, el subcomité sentenció: "para que se pueda realizar la capitalización, una vez más se emprendieron negociaciones con los deudores y la SHCP, con objeto de que Banorie adquiera los derechos litigiosos para sumarlos a los adeudos que tienen estas empresas. La dependencia accedió a la venta de estos derechos por el equivalente a 160 millones de pesos, cantidad que incluye los saldos pendientes más intereses moratorios. Banorie propuso pagar sólo 60 millones de pesos; esta oferta se encuentra en evaluación por parte de la Tesorería de la Federación", a cargo de Jonathan Davis Arzac.
En un "memorándum de entendimiento" firmado por las partes involucradas, se incluyó lo siguiente: "reconocimiento de adeudos de las empresas del Grupo Arzac por NKS y Clemex debido al valor que tienen estas empresas, las cuales fueron valuadas por AINSA en 252 millones de dólares; Banco de Oriente realizará la capitalización de ciento por ciento de los adeudos de estas empresas, que implicará detentar por lo menos 80 por ciento del capital social de NKS y Clemex; a partir de la firma del memorándum de entendimiento corre un plazo máximo de 90 días naturales para la realización del acuerdo de capitalización, existiendo la posibilidad de que las empresas paguen a Banorie en ese lapso el total de los pasivos contratados; (la) evaluación de cartera y auditoría legal (será) determinada por el banco a través de la conciliación de saldos, análisis y verificación de garantías, así como de una completa auditoría legal corporativa; (el) interventor será designado por el banco (Banorie), contando con amplísimas facultades en la administración y supervisión de estas empresas; por lo antes expuesto, se recomienda continuar con las negociaciones ante la SHCP, a efecto de concluir con la capitalización. Se considera que el precio de compra de los derechos litigiosos podría situarse en 118 millones de pesos, que incluye los saldos insolutos e intereses moratorios calculados a tasa de Cetes".
Al 6 de junio de 1997, el monto involucrado en los adeudos del Grupo Arzac sumaba mil 141.7 millones de pesos, de los que 685 millones correspondieron a las privatizadas, pero nunca pagadas, NKS y Clemex, adquiridas por los dueños de Banorie, que se encargó de sanearlas financieramente.
Latinlac/Evamex: Empresa de productos lácteos, cuyo principal accionista es Carlos Barrón.
En la sesión número 3 (10 de junio de 1997), se asentó en el acta que "se requieren 50 millones de pesos de capital de trabajo para apoyar la restructura de la empresa", y se explicó que "desde el inicio de las negociaciones en la UCABE se fijó como un principio el evitar la quiebra de la empresa. Para estos efectos, la restructura implica que los actuales accionistas se diluyan hasta tener sólo 10 por ciento de capital; sin embargo, existen fuertes dudas respecto del cumplimiento que tendrán los accionistas actuales, siendo el principal de ellos el señor Barrón".
Anota que "Barrón ha argumentado que el deterioro de la empresa se debe a la administración que ha llevado a cabo el interventor (del Fobaproa). Por otra parte, no hay claridad en la actuación del asesor financiero y del asesor legal, dado que en realidad les paga la empresa pero defienden los intereses del señor Barrón. Aparentemente, los accionistas buscan un enfrentamiento con el gobierno, por lo que se requiere una explicación del interventor".
Se señaló que "una solución es que el señor Barrón salga de la empresa, para lo cual es preciso capitalizar la misma, tomar el control y efectivamente llevar a cabo los cambios que se requieren", y se llegó al acuerdo de "no otorgar crédito alguno hasta en tanto se tenga certeza de que se cumplirá con los términos de la restructura a la que se llegó en la Unidad para el Acuerdo Bancario Empresarial, y en la que se acordó la capitalización de los adeudos y la consecuente toma de control de la empresa".
En la sesión número 5 (17 de junio de 1997), el director de Activos Corporativos, Alberto Mulás, actualizó los "acontecimientos" en esa empresa, "destacando que Banrural ha adoptado una postura inflexible respecto a la capitalización de sus créditos. Al respecto, Eduardo Fernández (presidente de la CNBV) solicitó a Fernando Borja (director general de Banca Múltiple de la SHCP) que platique con Martín Werner (subsecretario de Hacienda), con el objeto de sensibilizar a la referida institución nacional de crédito de la importancia de alcanzar un acuerdo conveniente para todas las partes".
En la sesión número 6 (24 de junio de 1997), se mencionó que "debido a que no se justifica la entrega de recursos de la empresa por el comportamiento de sus accionistas, la solución debe ser que el Fobaproa se salga de la administración", así como el interventor nombrado por el organismo, Emilio González Andión, lo que ocurrió el 27 de junio de ese año.
En la sesión número 7 (primero de julio de 1997) el acta asienta: "la renuncia de González Andión fue positiva ya que se logró que Carlos Barrón aceptara de nuevo negociar en términos razonables, que Banrural aceptara la capitalización de sus créditos y que se iniciaran negociaciones con los ganaderos. Asimismo, (se) informó que el despacho Barrera Siqueiros y Torres Landa está preparando un proyecto para la capitalización de la empresa".
En la misma sesión, se informó que en una "reunión celebrada entre la CNBV y Fobaproa con los accionistas de Latinlac se acordó lo siguiente: Fobaproa aportará los recursos necesarios para el mantenimiento de la operación de la empresa, para lo cual se acordó: se llevará a cabo la capitalización por parte de todos los bancos, lo que quedará plasmado en un acuerdo; los accionistas mantendrán sólo los derechos de minorías correspondientes a 10 por ciento del valor de sus acciones; con esto queda eliminado el derecho de veto para la venta plasmado en los acuerdos de diciembre y mantendrán en los órganos de administración sólo los asientos que le correspondan; Fobaproa se compromete a escuchar los consejos a Carlos Barrón (sic) y a no hacer capitalizaciones tendientes a diluirlos exclusivamente; de el momento de la firma hasta el que se lleve a cabo la capitalización, se llevará la administración como si ya estuviera capitalizado; mientras se firma el acuerdo de capitalización, ellos llevarán la operación de la empresa para que no sea tierra de nadie; todos los bancos se comprometen a firmar la capitalización, incluyendo Banrural".
En la sesión número 8 (15 de julio de 1997), "se explicó que debido al deterioro de la empresa durante las últimas semanas, agravado por el periodo de vacaciones, se requiere una línea de crédito de emergencia por 45 millones de pesos, que se usaría sólo en caso de ser necesario", y que "debido al inicio de la temporada baja en el consumo de lácteos, se espera que los flujos de la empresa sean negativos durante los próximos meses; asimismo, se dijo que Emilio González Andión (que renunció el 27 de junio) entrará a la administración de la empresa con el apoyo de Santiago Castro; se explicó que Castro fue director de Bimbo y de Nestlé, es conocedor de empresas como Latinlac, por lo que contratación sería muy benéfica".
La sesión siguiente, número 9 (22 de julio de 1997), se informó que Banrural "ya firmó" una nueva línea de crédito en favor de Latinlac, con lo que Banca Cremi habría tomado para sí los 75 millones de pesos del crédito liberado (120 millones).
Con lo anterior, la estructura accionaria de Latinlac/Evamex quedó de la siguiente manera: Fobaproa, 49 por ciento; Banrural, 40 por ciento; Unión Ganadera de Jalisco, 2 por ciento y Carlos Barrón y otros, 9 por ciento.
Bancos involucrados: Cremi, Banpaís y Serfin (banco agente).
El Subcomité de Recuperación propuso: "previo a la capitalización se solicita autorización para restructurar los créditos puente preferentes nuevos, otorgados por Banca Cremi y Banpaís, a fin de que quede como la única deuda bancaria del grupo al momento de su venta". En el caso de Cremi la deuda ascendía a 206 millones de pesos y en el de Banpaís a 246 millones.
Independientemente de lo anterior, el Fobaproa se declara por atender la necesidad crediticia de Latinlac/Evamex por otros 120 millones de pesos, "a fin de consolidar su operación y preparar la empresa para su venta". Con ello, "la empresa tendría la liquidez suficiente para hacer a sus pasivos prioritarios con proveedores obteniendo descuentos importantes por pronto pago, además de hacer frente a la demanda de producto. De este crédito se utilizarían 70 millones para hacer frente a las negociaciones que han realizado la empresa y el banco agente (Serfin) con distintos acreedores, así como con los grupos ganaderos, y poner al corriente los convenios celebrados con la SHCP. Los 50 millones restantes representan el capital requerido para operar los volúmenes de producción y venta de la misma empresa".