* García Barragán "sabía qué pasaba" en Tlatelolco
Urge una reforma integral de las fuerzas armadas: Gallardo
Jesús Aranda * La información contenida en el libro Parte de guerra está basada en "partes operativos" y no en las órdenes que dieron origen a la matanza de Tlatelolco, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene la obligación de abrir sus archivos para que de una vez por todas se esclarezca qué fue lo que pasó y se castigue a los culpables, tanto civiles como militares, señala el general José Francisco Gallardo.
El militar rechaza la versión de que el secretario de la Defensa Nacional de aquel entonces, Marcelino García Barragán, no estuviera al tanto del operativo del 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco ni de las órdenes que tenía el jefe del Estado Mayor Presidencial, general Luis Gutiérrez Oropeza.
"En una estructura tan vertical como la de nuestro país, el Ejército y el Estado Mayor Presidencial constituyen un bloque, y es increíble que uno actúe con desconocimiento del otro", afirma en entrevista, realizada en su celda del penal Neza-Bordo.
Advierte también que, dada la impunidad, corrupción, obsolescencia de la educación y la estructura castrenses y una intervención creciente en hechos que no son de su competencia, la participación de militares en muertes de civiles se ha incrementado en los últimos años, como es el caso de las masacres en Acteal, El Bosque y El Charco, entre otras.
Considera "urgente" que en el proceso de reforma del Estado se incluya la reforma integral a las fuerzas armadas, para que el Ejército recupere sus atribuciones constitucionales y esté bajo la supervisión del Congreso, con el fin de evitar que se repitan hechos como los de 1968 y las matanzas referidas, en las que, asegura, hubo intervención de militares.
Después de haber leído y analizado el libro de Julio Scherer y Carlos Monsiváis, el general concluye que, si bien la documentación de la obra está incompleta y urge abrir los archivos que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional al respecto, lo cierto es que permite confirmar que en 1968 el gobierno federal, el Ejército y los encargados de la seguridad pública "crearon una teoría de la conjura" que permitió el despliegue de recursos humanos y materiales para aplastar el movimiento estudiantil.
Gallardo retoma la información contenida en el libro sobre los lugares en que se concentraban los estudiantes, cuántos eran y la forma como actuaron los soldados. Las más de las veces los uniformados se quedaban en "estado de alerta y listos para actuar". Esos tipos de reportes, en los que además se exageraba la presencia estudiantil, constituyeron verdaderos "partes de guerra" que culminaron el 2 de octubre de 1968, señala.
Y respecto al presunto desconocimiento del entonces titular de la Defensa Nacional de los disparos que hicieron miembros del Estado Mayor Presidencial -al mando del general Luis Gutiérrez Oropeza- contra efectivos militares el 2 de octubre, Gallardo subraya: "El libro es clarísimo: García Barragán sabía lo que estaba pasando".
Explica Gallardo que todos los movimientos que hizo el comandante de brigada José Hernández Toledo, días antes de la matanza y hasta el 2 de octubre, quedaron registrados en oficios girados a la Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y que por ende eran conocidos por García Barragán.
La información del libro "ya se sabía, sólo se comprueban las evidencias", indica el militar.
Respecto a los archivos, el general señala que "ilegalmente" la Secretaría de la Defensa Nacional los mantiene en su poder con el pretexto de que se trata de material comprendido en el "fuero de guerra", cuando esa documentación "no es del Ejército, sino de la nación".
Asimismo, indica que el castigo que pudieran recibir militares por su actuación en los hechos del 2 de octubre no debe interpretarse como una acción en contra del Ejército, sino como un castigo en contra de quienes violentaron la ley.
"No se puede formar un Estado democrático amparado en charcos de sangre y en la impunidad", señala.
Insiste en que los documentos del libro "son de bajo perfil" porque se trata de órdenes operativas, pero no de las indicaciones del "alto mando".
"ƑQuién generó esas órdenes de operaciones que salen en el libro? Esa es la pregunta que aún queda sin respuesta", dice.
Cuestiona el uso del Ejército en asuntos que no le competen, porque eso ha llevado incluso a cuestionar su honor ante la sociedad, al contaminar a los militares con cuestiones de corrupción e impunidad.
"Ello es triste porque el Ejército es el último bastión del nacionalismo y de la defensa de la soberanía nacional, y no debe estar contaminado ni por la corrupción ni por el narcotráfico ni por la toma de decisiones de la autoridad civil."
Debe Jahangir censurar la actividad inconstitucional del Ejército
Respecto a la reciente estancia de la relatora especial de la ONU, Asma Jahangir, en México, Gallardo alerta a la funcionaria para que "no crea las mentiras ni las estupideces" de las autoridades militares, que aseguran que todo está bien, al tiempo que confía en que emita una recomendación en la que reproche la participación del Ejército en actividades de carácter civil.
Para el militar, sentenciado a 28 años de prisión por la justicia castrense y que espera el momento adecuado para solicitar el amparo de la justicia federal-, la descomposición de las fuerzas armadas se origina en un relajamiento de la disciplina militar, la falta de adecuación de planes de estudio y adiestramiento, el alejamiento de los soldados de la sociedad y sobre todo en el uso de dichas fuerzas en acciones que no les corresponden, como la seguridad pública, la lucha contra el narcotráfico y, recientemente, con casi 5 mil soldados en le Policía Federal Preventiva.
La reforma del Estado, explica, deberá pasar necesariamente por una reforma integral de las fuerzas armadas a corto y largo plazos. A corto plazo plantea: que el Congreso llame a cuentas al secretario de la Defensa Nacional y fiscalice no sólo la aplicación del presupuesto y la compra de armamento, sino también el respeto a los derechos humanos de los militares; la desaparición del fuero de guerra y de los tribunales militares; el nombramiento de un secretario de la Defensa civil y la creación de un comando conjunto del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea; el establecimiento de un consejo de generales que sea plenamente independiente y coadyuve en la toma de decisiones del secretario de la Defensa, entre otras propuestas.
Afirma incluso que, de haber un titular civil de la Defensa, éste sería el que tendría que capotear los ataques que surgieran en contra de las fuerzas armadas, preservando así el honor e integridad del Ejército.
Como reformas a largo plazo, el militar plantea la modificación de los planes de estudio y un control efectivo de los ascensos y grados, "porque se ha llegado al absurdo de que al obtener el de teniente coronel, sólo debes preocuparte por no morirte para que te asciendan a general; claro, siempre y cuando no tengas problemas con el alto mando".
Una recomendación de la relatora de la ONU en la que censure la actividad inconstitucional del Ejército en México tendría un efecto dominó, lo que provocaría la restructuración de las fuerzas armadas, concluye.