* EXPEDIENTE FOBAPROA
Se cometen los mismos excesos que motivaron la expropiación
Carlos Fernández-Vega * En plena fantasía modernizadora, Carlos Salinas de Gortari y Pedro Aspe promovían sin cesar la reprivatización de la banca, pues, sostenían, la mano empresarial haría del sistema financiero mexicano una maquinaria eficiente, competitiva, promotora del ahorro interno, otorgante de crédito oportuno y suficiente a la inversión productiva, gestora de un desarrollo equilibrado y congruente con las necesidades sociales, y erradicaría fenómenos indeseables de concentración.
Siete años después de concretarse el regreso del sistema bancario a un círculo de la iniciativa privada, las instituciones que lo conforman incumplieron, tajantemente, esos buenos propósitos. De hecho, han ejercitado todos los excesos que sustentaron la expropiación de 1982.
En la práctica, el gobierno federal optó por apuntalar a esa banca moderna resultante del proceso desincorporador, y dejó a un lado las crecientes urgencias sociales del país. Es la misma autoridad que decidió erradicar, por injustificables, todos los subsidios (populares, como el de la tortilla).
Salinas y Rocha: El 20 de diciembre de 1997, Grupo Salinas y Rocha -la tienda de muebles y electrodomésticos más antigua del país- y subsidiarias restructuraron, por segunda ocasión, adeudos por 4 mil millones de pesos a fecha-valor del 31 de marzo de 1997. Los bancos acreedores fueron Serfin (44.37 por ciento), Bancomer (15.34 por ciento), Santander Mexicano (22.82 por ciento) y Confía (17.47 por ciento).
En el consejo de administración de esta empresa participaban Jorge Eugenio Ortiz Salinas, Fernando Elizondo Barragán, Isabel Alvarez de la Torre, Jorge Chapa Salazar, Roberto Coillard López, Alberto Fernández Garza, Javier Oriondo Verea, Fernando Lankenau Rocha, Sergio Muris Salinas, Jaime Ortiz de la Borbolla, Hernán Rocha Garza y Jaime Sada Salinas.
En la sesión número 8 (15 de julio de 1997) "se mencionó que el adeudo calculado para agosto de 1997 asciende a 4 mil millones de pesos, y que de dicho monto se definieron dos tramos de deuda sostenible: el primero por 500 millones y el segundo por 300 millones. La administración de la empresa continúa a cargo de Salinas y Rocha mediante un contrato de administración, debido a que se ha considerado que ha sido aceptable". Ambos montos fueron convertidos a Unidades de inversión (Udi) "con plazos de diez a doce años, con una tasa de interés de 9 por ciento mensual, con prepagos anuales condicionados a una fórmula de excedente de caja y a los pagos del segmento uno".
Al intervenir en la sesión, Javier Arrigunaga, director general del Fobaproa, explicó: "la restructura que nos ocupa se ha diseñado de tal forma que, al menor incumplimiento por parte de Salinas y Rocha, el Fobaproa tomaría el control total de la empresa; sin embargo, si los administradores logran la recuperación de la empresa, estarían en condiciones de recomprar el capital, con lo que el fondo obtendría su recuperación".
Grupo Salinas y Rocha "otorgó garantías por un monto de 2 mil 400 millones de pesos, divididas en dos fideicomisos de garantía sobre inmuebles y marcas y tres hipotecas; pagó a los bancos con acciones de inmobiliarias y subsidiarias de la misma, cuyos activos suman aproximadamente mil millones de pesos. Asimismo, Grupo Salinas y Rocha celebra contratos de arrendamiento sobre tiendas departamentales (propiedad de los bancos) con rentas garantizadas. Los bancos capitalizan al grupo por un monto aproximado de 2 mil 200 millones, equivalentes a una participación de 80 por ciento en el capital social".
El consorcio ofreció en dación de pago inmuebles por un monto de mil 55 millones de pesos (cuatro centros comerciales y dos terrenos). El avalúo correspondiente lo realizó la empresa Bienes Raíces en Promoción del Centro, dueña de los terrenos ofrecidos en pago.
En la sesión número 15 (7 de octubre de 1997), el subcomité autorizó "la venta de los activos del Grupo Salinas y Rocha... por lo que también se autoriza se proceda a la celebración del concurso para seleccionar el agente que se encargará de la venta de los mismos".
En la sesión número 21 (23 de diciembre de 1997), el subcomité acordó: "se aprueba la contratación de Deutsche Morgan Grenfell como el agente financiero para la venta de Grupo Salinas y Rocha..."
El 4 de marzo de 1999, el Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Benjamín Salinas Pliego -bisnieto del fundador de la cadena Salinas y Rocha y accionista mayoritario de Tv Azteca-, adquirió, por 77.9 millones de dólares, 94.3 por ciento de las acciones de este grupo comercial. Con ello, Elektra consiguió 98 tiendas (87 tradicionales y 11 departamentales) adicionales.
Raymundo Gómez Flores: Grupo Inmobiliario G/Estrella Blanca/Masa: En la sesión número 23 (3 de febrero de 1998) se abordó el asunto de la empresa Grupo Inmobiliario G, del empresario jalisciense Raymundo Gómez Flores, ex accionista mayoritario de Banca Cremi, propietario del Grupo DINA -que compró al gobierno federal-, del consorcio camionero Estrella Blanca, y accionista de Mexicana de Autobuses (MASA). Ex socio de Carlos Cabal Peniche, participó en la creación del Banco Industrial de Jalisco, posteriormente intervenido por la CNBV, al igual que Banca Cremi y Banco Unión.
El acta de la sesión número 23 registra que "se invitó a la sala a Fernando Villarreal y Puga Colmenares, quien presentó la propuesta de cesión de derechos de crédito que Banco Inverlat tiene a cargo de Grupo Inmobiliario G, a favor de Banco Unión, a efecto de que este último reciba en dación de pago el Hotel Camino Real Acapulco Diamante...", con un valor calculado entre 24 y 28 millones de dólares.
El subcomité acordó: "se lleve a cabo la cesión del crédito del grupo Inmobiliario G, de Inverlat a Banco Unión, a valor neto, con reservas de 40 por ciento y no 20 por ciento, como actualmente indica Inverlat, dado que el Fobaproa, desde un principio, ha negociado la operación con los señores Gómez Flores, razón por la cual esa institución decidió modificar la calificación de junio de 1997, de C 40 por ciento a C 20 por ciento".
El nivel de reservas a 40 por ciento, como propuso Fobaproa, implicó un valor en libros (sin moratorios) de 204.1 millones de pesos, y a valor neto de 122.5 millones. A 20 por ciento, los montos hubieran sido 204.1 y 163.3 millones, respectivamente.
Agrega que, "al realizar la transacción a valor neto, con el nivel de reservas sugerido, Inverlat recuperaría un monto mayor al que le representaría la adjudicación de sus garantías (viviendas); asimismo, se protegería a Banco Unión en caso de una eventual disminución del valor de venta de hotel".
El subcomité acordó concretar todo lo anterior con el fin de evitar que Inverlat se adjudicara las garantías, consistentes en viviendas unifamiliares propiedad de los señores Gómez Flores.
Por otra parte, en la sesión número 2 (20 de mayo de 1997) se presentó el caso de la empresa Mexicana de Autobuses (MASA), en la que Raymundo Gómez Flores tenía una participación accionaria. Eduardo Patiño y Francisco Suárez, representantes del banco involucrado en la operación, Bancomer, expusieron al subcomité que "los actuales socios mayoritarios de la empresa desean reactivar la planta; por tal razón, están dispuestos a aportar un terreno cediéndole el crédito a un tercero, pero sin la garantía. De esta forma, la garantía pasa a formar parte de la masa de activos en favor del resto de los acreedores.
Mencionaron que "es posible que los accionistas estén vislumbrando capitalizar el crédito que comprarían con el terreno, de forma que diluyan a los socios que detentan 10 por ciento (Gómez Flores, por conducto de Transportation Manufacturing Operation), quienes desean evitar la competencia que esta empresa podría representar para DINA", propiedad de Raymundo Gómez Flores.
El subcomité "preguntó a Bancomer que si el valor de los terrenos es de 85 millones de pesos y el adeudo de 136 millones, cómo se cubriría la diferencia, a lo que se contestó que tal diferencia sería el quebranto de la operación, pero con la ventaja de que la garantía hipotecaria pasaría al resto de los bancos, que a la fecha no están protegidos por no haberse perfeccionado las prendas acordadas antes de la suspensión de pagos. La operación consistiría en que Bancomer tomara los terrenos, cancelara la hipoteca y se agregara la planta industrial a la masa de recursos"
Se aceptó la propuesta de Bancomer "en todos sus términos y condiciones, es decir, que se liquide el crédito mediante la aportación de un tercero, del inmueble ubicado en el corredor turístico Cancún-Tulum, con superficie de 314 mil 956.77 metros cuadrados, denominado Conchita Pamul, mediante la constitución de un fideicomiso para venta, cediendo el crédito al aportante del terreno".
La propuesta incluyó también que Bancomer se asegurara que "el cesionario que aporta el terreno no pueda votar en la junta de la suspensión de pagos y que la planta industrial, que es garantía en el crédito de Bancomer, forme parte de la masa de acreedores, evitando que el cesionario tome preferencia por la garantía. Adicionalmente, se establecería contacto con los señores Gómez Flores, solicitándoles que detengan el proceso de incidencia de quiebra de esta empresa. La CNBV establecería esta comunicación".
El subcomité también atendió las urgencias del consorcio camionero Estrella Blanca, entidad coordinadora de 21 empresas de autotransporte de pasajeros, fundada en 1940, que controla, entre otras, las líneas de pasajeros Tres Estrellas de Oro, Transportes Norte de Sonora, Transportes del Pacífico, Servicios Unidos Blancos Flecha Roja, Autobuses Interestatales de México y Autobuses Estrella Blanca.
El salvamento para el consorcio Estrella Blanca implicó un monto de mil 489.42 millones de pesos. El subcomité aseguró que la restructuración de Estrella Blanca "se basó en que los bancos con garantías conservaran 90 por ciento de su pasivo en deuda sostenible y 10 por ciento en convertible, mientras que los bancos cuyo débito se encuentre en préstamos quirografarios se quedarían con 100 por ciento de su adeudo en el segmento convertible. Lo anterior resulta positivo, dado que este esquema sigue los parámetros definidos en otras restructuras, permitiendo concentrar en un banco la mayor parte de la deuda convertible".
Los bancos involucrados en esta operación son: Cremi, Banpaís, Banamex, Bilbao Vizcaya, Obrero, Inverlat, Santander Mexicano, Bancomer, Unión, Industrial, Serfin, Sureste y Bital.
Los créditos originalmente concedidos ascendieron a 6 mil 359.4 millones de pesos, de los que el sistema Estrella Blanca pagó, en 1997, 781.8 millones, repartidos entre las instituciones acreedoras.
De acuerdo con las actas del subcomité, el costo para el Fobaproa fue de 5 mil 767.6 millones de pesos, es decir, 90.69 por ciento del monto involucrado.
No hay que olvidar que Raymundo Gómez Flores fue dueño de Banca Cremi -institución que, dentro del paquete de los créditos mencionados, aportó 31.94 por ciento del total- y socio de Carlos Cabal Peniche, por lo que no resulta raro mencionar que Banco Unión le concedió financiamientos por 66.1 millones.
Para el registro, Gómez Flores también encabeza el Grupo Minsa, en el que comparte intereses, entre otros, con Ramón Beteta de Cou, Luis Germán Cárcoba García (ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial), Guillermo Martínez Güitrón -otro de los beneficiarios del Fobaproa, con el rescate de Sidek-, Francisco Mayorga Castañeda, Antonio Mijares Ricci, José Manuel Vázquez Aldana y Juan Gallardo Costa.