* Los indígenas padecen analfabetismo, pobreza y militarización, señala
En México se vive un apartheid de facto, asegura la ANIPA
* No existe un recurso efectivo contra la tortura, indica en un informe sobre pueblos indios
María Esther Ibarra * Robo de tierras y violaciones sistemáticas de derechos humanos --tortura, desapariciones forzosas, ejecuciones sumarias o extrajudiciales y detenciones-- son parte de la realidad cotidiana que viven los 52 pueblos indígenas del país, particularmente de las zonas militarizadas, revela en un informe la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA).
En su texto sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas en México, esa organización documenta detalladamente la situación de extrema pobreza y casos de violencia en comunidades indias. La ANIPA entregó el informe a Asma Jahagir, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas, durante su estancia en el país.
Por la situación de hambre, miseria y violencia extrema en que se encuentran los indígenas, para la ANIPA existe un cuadro claramente de apartheid de facto. Oficialmente hay 10 millones de indígenas en las 32 entidades federativas del país, distribuidos en 803 municipios.
Algunos datos son indicativos: De los 2 mil 43 municipios, 395 han sido declarados ''eminentemente indígenas'', en los cuales 43 por ciento de la población de 15 años o más es analfabeta, es decir, más de tres veces la media nacional, ubicada en 12.4 por ciento. Es más grave aún la situación de la gente sin educación: 58.92 por ciento de los niños de 5 años no asiste a la escuela, 28.32 por ciento de 6 a 14 tampoco y 28.8 por ciento, en este último rango de edad, no sabe leer ni escribir.
El analfabetismo entre las mujeres alcanza 53 por ciento, en tanto que en los hombres es de 33. En algunos estados hay niveles altos, como Guerrero (62 por ciento), Nayarit (54), Chiapas (52), Puebla y Veracruz (45).
Los índices se disparan conforme aumenta la edad, pues 42.62 por ciento de los 15 años y más no tiene algún tipo de instrucción, mientras que 13.95 por ciento cursó primaria completa y solamente 10.16 tiene instrucción posprimaria.
La ANIPA destaca que las personas que no hablan castellano (monolingües) son las más maltratadas porque no entienden lo que dicen cuando son detenidas. En caso de que se les proporcione traductor, los ''intérpretes del Ejército o de la policía son integrantes de las bandas armadas y traducen lo que quieren''.
Los 803 municipios en los que hay población mayoritariamente indígena tienen niveles de marginación: en 281 (35 por ciento) es muy alta; en 388 (48 por ciento) es alta; en 95 (12 por ciento) mediana; en 38 (5 por ciento) es baja y solamente en uno (0.12) ese aspecto es muy bajo. Por eso, apunta el documento de ANIPA, en estas comunidades 59.38 por ciento de la población mayor de 12 años es económicamente inactiva.
Aunado a esto, la escasez de tierras, la mala calidad de éstas, la imposibilidad real de explotarlas convenientemente, el bajo precio de la producción agrícola y el aumento de la población son las principales causas de los flujos migratorios hacia las grandes ciudades o a Estados Unidos.
En el informe se destaca que los conflictos agrarios son todavía la principal causa de graves violaciones a los derechos humanos en el sector campesino. Indica que tan sólo 88 asesinatos se han registrado por ese motivo en la Huasteca veracruzana y la mayor parte de las víctimas eran dirigentes o integrantes de alguna organización indígena o campesina.
Un denominador común es constante en las agresiones a indígenas: las bandas de paramilitares pagadas por caciques regionales que cuentan el apoyo de las fuerzas públicas. Ninguno de los asesinatos ha sido esclarecido.
Si bien se reconoce que la situación en Chiapas se agudizó a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la ANIPA subraya que en las zonas militarizadas de Guerrero y Oaxaca, por ejemplo, la situación es igualmente grave. ''El Ejército, las diferentes policías y las bandas armadas (o grupos paramilitares) realizan operativos en las comunidades que son verdaderos asaltos, pues detienen a toda la población, incluidos ancianos y niños. Se han dado casos de violaciones sexuales a mujeres y hombres''.
Hasta ahora --lamenta la ANIPA-- no hay algún recurso efectivo en México para reclamar contra la tortura y otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. ''Si después de largos trámites, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emite una recomendación favorable al detenido o querellante indígena, ésta es ignorada. No existe sanción para los oficiales que dirigen los asaltos a las comunidades indígenas''.
Ante la poca o nula atención a sus demandas, los pueblos indios han tenido que hacer oír su voz en instancias extranjeras o por problemas de tierras que datan desde la Colonia.
Apenas en febrero pasado, mazahuas de la comunidad San Antonio de la Laguna, municipio de Donato Guerra, estado de México, enviaron misivas a Mary Robinson, titular del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, así como al director de la división de derechos humanos de la Organización Internacional del Trabajo, para solicitarles su intervención en un conflicto de tierras que prevalece desde 1936.
En marzo pasado, el representante de Bienes Comunales del pueblo purépecha, en Michoacán, envió una misiva al rey Juan Carlos de España para que intervenga en el litigio de unas tierras a cuyos antepasados les fueron otorgadas en la Colonia, a través de un título de merced. Al monarca español les solicitan que confirme si esos documentos son válidos y leales en la fecha en que fueron emitidos y si de ellos hay copia en los archivos.