Alberto Nájar

Dos jueces. Un careo. Una retractación. Cinco policías violadores. Tres víctimas. Un año de juicio. Pocas pruebas.

Los ingredientes del caso de abuso sexual más aberrante desde las violaciones del sur de 1990.

Un asunto que, al borde de la sentencia, todavía da de qué hablar.

A más tardar el 28 de julio próximo, el juez 47 del fuero común, Leonardo Pérez Martínez, dictará sentencia a los 15 policías de la Secretaría de Seguridad Pública que, durante tres días con sus noches, violaron a Emma Laura Sánchez Marín, Beatriz Jacinto Esquivel y Edith Cruz Cruz, tres adolescentes que secuestraron en el centro de Xochimilco.

Sea cual fuere su fallo, lo cierto es que desde ahora gravita a su alrededor el único elemento que permanece desde que se conoció el caso: la polémica.

No es para menos.

Desde que se conoció de la agresión sexual, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (pgjdf) fue acusada de integrar mal la averiguación previa, perder pruebas y hasta dejar en libertad a seis presuntos responsables.

* * *

El mes pasado el abogado coadyuvante del Ministerio Público Sergio Soto Nájera solicitó el pago de 6 millones de pesos para las tres víctimas como reparación del daño que sufrieron por la agresión sexual de los policías.

La petición causó escozor.

La directora de Promujer, Gabriela Delgado, sentenció: "Una violación no la puedes reparar con medios económicos".

-ƑSe oponen a que las víctimas reciban dinero?

-El dinero como tal no te va a reparar el daño que sufriste en tu integridad emocional y social. Las mujeres que pasan por esta situación tienen que elevar su autoestima, recuperar su personalidad e integrarse a su entorno social. En eso debemos trabajar.

La oposición no fue sólo de Promujer. De acuerdo con Soto Nájera, "los abogados de la Secretaría de Seguridad Pública rechazaron que los policías hubieran causado algún daño y se negaron a pagar".

El abogado coadyuvante se indigna cuando recuerda la audiencia en que esto ocurrió: "Es aberrante, en un gobierno democrático no caben estas posiciones, sobre todo cuando (Cuauhtémoc) Cárdenas se comprometió a que habría justicia".

Atrapado entre dos fuegos, a Soto Nájera no le quedó de otra más que demandar, como reparación del daño, que el Gobierno brinde atención psicóloga a las tres chicas durante el tiempo que sea necesario. "Depende del juez, pero si lo ganamos sentará precedente para todas las víctimas de delitos sexuales".

Es un albur, reconoce, porque la legislación mexicana no obliga al juez a incluir la reparación del daño en las sentencias que dicte, ni mucho menos a fijar montos o tipos de indemnizaciones.

Este hecho real no disminuye el optimismo de Soto: "No es algo nuevo: un pago de esta naturaleza es normal en países de Europa, y así debería ser en México".

Inconsistencias

La sentencia estará fundada en una averiguación previa que desde el principio tuvo inconsistencias. Aquí reseñamos las principales.

* El misterio de El Capi. ƑQué pasó con El Capi?

La pregunta sorprende al director de Control de Procesos de la Procuraduría capitalina, José Jiménez Núñez. "No sé", responde de bote pronto y manda llamar a uno de sus ayudantes.

Media hora tardan las indagaciones, que concluyen con lo mismo: nada se sabe del personaje que, según las declaraciones de las tres víctimas, fue uno de los policías más agresivos durante la violación tumultuaria.

El Capi no apareció entre los uniformados que presentó el Ministerio Público para que las adolescentes identificaran a los agresores. Ninguno de los detenidos confesó haberlo conocido.

Pero existe. Tan es así que el 19 de agosto de 1998 se le apareció a Edith Cruz, en pleno centro de Xochimilco, para exigirle que retirase la denuncia contra sus compañeros.

ƑQuién es El Capi?

"Puede ser un oficial a quien los policías estén protegiendo", dice Sergio Soto Nájera. "En todo el proceso tratamos de descubrir su identidad, preguntamos a los detenidos y no sacamos nada. Fue como si aplicaran la omerta (ley del silencio en la mafia siciliana) de la hermandad".

La identificación y captura de El Capi es un pendiente del caso Tláhuac. Pero no es el único.

* Los ausentes. De acuerdo con Soto Nájera, existen por lo menos cinco policías más que estuvieron presentes en el Destacamento 18 durante los días de los hechos, y a quienes la pgjdf no investigó.

Se trata de Héctor Cuamatzi Moreno, Alvaro Elizalde Alvarado, Sergio Cruz Osorio, Adrián Ortiz Sánchez y Everardo Morfín Martínez, quienes según la fatiga de labores estaban de servicio entre el 19 y el 21 de julio del año pasado, los días en que ocurrieron las agresiones sexuales.

Soto Nájera afirma que pidió su investigación. "No sé si lo hicieron, no me han informado nada".

Como quiera que sea, el caso de El Capi y de los policías extraviados no es el único arroz prieto en la investigación.

* El taxista que no fue. La madrugada del 24 de julio, cuando presentaron su denuncia, las tres chicas recibieron la recomendación del agente del Ministerio Público para que declarasen que, al escapar del agrupamiento, las había ayudado un taxista.

El incidente causó la primera contradicción: al ratificar su denuncia, las adolescentes reconocieron la verdad, que la primera ayuda la recibieron de los tripulantes de una patrulla de Iztacalco.

* La primera evidencia. El examen médico que se les practicó esa misma noche no incluyó un exudado vaginal, que habría permitido encontrar rastros de semen y detectar posibles daños físicos producto de la violación.

En el expediente se asienta que tal revisión no se llevó a cabo "por referir (las chicas) haberse realizado aseo vaginal"; sin embargo, en declaraciones posteriores las adolescentes negaron la versión del Ministerio Público, porque nunca se efectuaron tal aseo.

Además, el examen médico se practicó sólo a las dos menores, pues a Edith Cruz sólo la revisaron superficialmente.

Por esta razón Promujer y su consejo consultivo solicitaron que se repitiera esta evaluación, y reforzar así las evidencias de la violación sexual.

La petición no fue escuchada. De acuerdo con el visitador adjunto de la cdhdf, Eduardo Galicia Quijano, "las partes dieron por buena la evidencia médica y el testimonio de la doctora que lo practicó".

La evidencia fue considerada como insuficiente por las agrupaciones feministas que siguen el caso. Y así lo reconoce José Jiménez Núñez, el director de Procesos de la pgjdf: "El examen médico no determina con claridad que hubo penetración".

ƑSe perdió esta prueba? No por completo, afirma Soto Nájera. "Hay huellas de violencia física cerca de las partes íntimas de las adolescentes. Además, en un juicio el dicho de la ofendida durante un careo tiene mayor relevancia jurídica, y Edith se sostuvo frente a 14 policías".

* El semen. Durante el cateo efectuado a las instalaciones del Destacamento 18 se encontraron restos de semen en un cobertor y una camiseta que, se determinó, pertenecían a los policías Fernando Beltrán y Roberto Ortega Parrales, dos de los inculpados.

El valor de esta evidencia se perdió: nunca, a lo largo de todo el proceso, se pudo relacionar el semen con la presunta violación sexual.

* Los cabellos. En ese mismo cateo se localizaron cabellos humanos en la pileta donde los policías arrojaron a las víctimas. La Procuraduría anunció que se realizarían exámenes genéticos para determinar a quién pertenecían.

Tal evidencia -la que en su momento se calificó como la prueba contundente- nunca se presentó, reconoce Jiménez Núñez, porque el examen de adn no se llevó a cabo.

* La retractación. El 19 de septiembre Emma y Beatriz -las dos menores de edad- se retractaron de sus declaraciones, e incluso acusaron a Edith de inventar toda la historia.

El incidente causó revuelo, e incluso la cdhdf solicitó por escrito a la pgjdf que investigara el por qué de la retractación, pues se sospechaba que las adolescentes y sus padres fueron presionados.

En esa audiencia se encontraba presente el visitador Galicia, quien elaboró un acta circunstanciada de los hechos. El documento sirvió como base a la cdhdf para demandar una explicación del por qué el Ministerio Público permaneció callado cuando las menores se retractaron y que, en los hechos, significaba echar por tierra la acusación.

ƑQué pasó? La procuraduría demandó a la cdhdf que entregara una copia del acta circunstanciada, interrogó al visitador... y nada más.

"Las instrucciones fueron investigar únicamente la actuación del Ministerio Público", dice el funcionario de la Procuraduría.

* La ropa. La cdhdf no sólo presentó queja por la audiencia. El 24 de julio de 1998, horas después que se supo del caso, solicitó al Ministerio Público -con el oficio 15411- que tomara el tiempo suficiente para integrar correctamente la averiguación previa y evitar la pérdida de elementos importantes para la consignación de los policías.

La petición no fue atendida, y como resultado ese mismo día se perdió una prueba que, se supo después, era fundamental: la ropa interior de las víctimas, de la que se hubiera podido obtener evidencias para reafirmar la denuncia por violación sexual.

* Duro y Directo. En los archivos de la Procuraduría permanece la indagatoria en contra del equipo y el productor de Duro y Directo, de Televisa, que a principios de este año trasmitió un programa en el que Emma y Beatriz reclamaron a Edith haber manipulado el caso.

No fue un incidente aislado, pues los abogados de los defensores utilizaron una copia del programa como prueba para demandar el desvanecimiento de pruebas y obtener así la libertad de sus defendidos.

* La fatiga de labores. Quizá lo más escandaloso del caso fue descubrir, meses después de iniciado el juicio, que la copia de la fatiga de labores que entregó la ssp (el reporte de quienes laboraron los días de los hechos) y que sirvió como base para detener a los presuntos agresores estaba alterada.

Esto lo supo el Ministerio Público cuando, en el careo que sostuvieron con Edith, los policías cayeron en contradicciones, pues varios de ellos afirmaron que los días en que ocurrieron los hechos estaban de vacaciones.

Al revisar (ocho meses después que inició el juicio) la copia de la fatiga que sirvió para consignar a los agresores, los representantes de la Procuraduría se dieron cuenta que el documento estaba alterado con corrector líquido.

Por este hecho se consignó al policía Benito Cruz, acusado de falsificar documentos oficiales.

Buenos muchachos

Avidas de información sobre el caso Tláhuac, las integrantes del Consejo Consultivo de Promujer se reunieron en dos ocasiones con el juez Pérez Martínez.

Pero del magistrado sólo recibieron clases de derecho.

Una de las asistentes cuenta que, en la primera reunión, el juez dejó estupefactas a las mujeres al disertar sobre el concepto de justicia.

"Dijo que a cualquier persona que pase en prisión más de una semana ya se le partió la vida, y por eso, en el caso de los policías, con que pasen 36 años en la cárcel sería suficiente".

-ƑSignifica que esa será su sentencia?

-Fue lo primero que pensamos, pero la verdad es que no lo sabemos.

ƑHabrá sentencia condenatoria para los policías agresores?

El director de Control de Procesos dice que sí, a pesar de reconocer que las únicas pruebas periciales que existen son las que se presentaron en la primera parte del proceso. El resto de las evidencias son la ampliación de declaraciones de las víctimas y las contradicciones entre los inculpados y sus testigos.

Se trata, afirma por su parte el abogado coadyuvante, de elementos que robustecen la acusación inicial. Para Sergio Soto los delitos que se imputan están debidamente probados y por eso espera una sentencia condenatoria, a pesar de que, reconoce, existen "observaciones críticas al proceso":

Las víctimas no recibieron atención jurídica desde el principio, no asistieron de manera permanente a las terapias psicológicas y se permitió -consciente o inconscientemente- que aparecieran en programas de televisión de corte amarillista.

El resultado fue que el daño moral que sufrieron se intensificó.

Por lo pronto, de acuerdo con la Constitución, el juez Pérez Martínez tiene como plazo el 28 de julio próximo para dictar sentencia, aunque extraoficialmente se supo que lo haría mañana lunes.

La directora de Promujer, Gabriela Delgado, afirma que el magistrado debe tomar una decisión objetiva.

"Queremos que sea justo, que quienes cometieron los delitos más graves se les fijen los castigos más altos. No se puede tasar con la misma moneda a todos los policías".

No todas comparten su optimismo. Entre las agrupaciones de mujeres que siguen el caso existe preocupación por la forma como se desempeñó la Procuraduría capitalina.

"La averiguación fue arreglada", cuenta una de las mujeres que pide anonimato. "Si hay sentencia condenatoria será más por cuestiones políticas que por otra cosa". *