Empezó la cuenta regresiva para integrar la alianza opositora. Pocas veces en la historia del país se ha vivido un momento tan crucial: el que formaciones distintas y adversarias tomen la decisión de emprender una acción que cambie el curso político de México.

Una alianza debe fundarse en un programa común, que abarque no solamente las coincidencias sino también las divergencias. Es necesario hacer la lista de los propósitos comunes y definir la manera de canalizar las divergencias. Dentro de la lista se encuentra lo relacionado con la formación de un nuevo régimen político; dentro de los desacuerdos está casi toda la política económica y social.

El gobierno surgido de una alianza de partidos no tendría que ser un gobierno de coalición, pero sí de transición: el Presidente de la República nombraría al gabinete y tendría que cogobernar con el Congreso, a partir de la correlación de fuerzas parlamentarias.

Las grandes divergencias tendrían que canalizarse mediante la lucha en las cámaras legislativas, pero también mediante el plebiscito y el referéndum en las cuestiones de mayor importancia. El pacto de la alianza tendría que prever todo esto y, además, comprometer a los partidos coligados a negociar el paquete económico anual antes de su presentación en la Cámara de Diputados.

La estabilidad del gobierno y la intervención decisiva del Congreso, así como una política de amplia participa- ción popular, tendrían que ser condiciones para propiciar la construcción de un nuevo régimen político y dotar de estabilidad democrática a los poderes públicos.

Al parecer, los partidos que discuten ahora la formación de la alianza opo- sitora podrían llegar a un acuerdo sobre estos temas, mediante una pormenorizada negociación. Lo que ocupa, por ahora, un mayor lapso en el diálogo es la forma de elección de los candidatos.

Existen dos tesis principales: 1. El riesgo de organizar unas elecciones primarias, sobre lo que no hay precedente tratándose de varios partidos nacionales, y 2. La necesidad política de que la alianza cuente con un respaldo popular desde su nacimiento y satisfaga la exigencia ciudadana de que los candidatos sean producto de comicios.

Quienes hacen hincapié en la primera de las dos tesis aquí solamente enunciadas proponen una gran encuesta, en la que se escojan aleatoriamente a unos 150 mil ciudadanos para que sólo ellos voten. Quienes subrayan la segunda tesis proponen una elección primaria nacional, organizada por un comité designado por consenso y con todo el apoyo de los aparatos políticos de los partidos coligados.

No se trata solamente de la alianza opositora, sino de la situación política del país. Es un hecho que el PRI ha convocado a una elección nacional ante la exigencia ciudadana, ya que tal método no es el característico de ese partido. El poder quiere reproducirse y tiene que hacer concesiones. La oposición no podría dejar de hacer algo semejante, pues la exigencia popular de elecciones primarias, democráticas, no se dirige a uno u otro partido sino a todos.

La lucha por la democratización de la vida política no abarca solamente la transparencia y equidad de los procesos constitucionales, sino también la postulación de los candidatos de los partidos. Por ello, el PAN ha modificado recientemente sus estatutos para otorgar el voto a sus socios y adherentes, en forma directa y universal, en la elección de sus candidatos. Esta reforma, en ese viejo partido, es una respuesta a la victoria que han conquistado las tesis democráticas en la conciencia del pueblo; es una concesión a la democracia.

Sería contradictorio que si los dos partidos principales que conformarían la alianza -el PRD y el PAN- tienen ya el sistema del voto directo de sus miembros y simpatizantes registrados, optarán por una encuesta para elegir a sus candidatos comunes, aun cuando los votantes de la alianza tuvieran que ser todos los ciudadanos que quisieran concurrir al esfuerzo común.

México ha cambiado más en la conciencia de la ciudadanía que en las leyes y los métodos de los políticos. Por esto mismo, es necesario llevar a la práctica la demanda de los segmentos más exigentes del pueblo, los cuales ya son una mayoría que vota por la oposición, vaya ésta unida o no.

No sería admisible que las élites dirigentes de los partidos se negaran a emprender el paso, esencialmente democrático, de poner a la consideración de una gran parte del pueblo la trascendente decisión de elegir a los candidatos que, con muy alta probabilidad, serán quienes conduzcan la política nacional en los seis años siguientes.

Ya no hay mucho tiempo para pensar sobre este problema. Estamos en la cuenta regresiva de la alianza, y ésta se ha convertido en una idea compartida por millones de mexicanos y mexicanas. Ojalá que no se cumplan los deseos del poder priísta de que fracase la unidad de acción de las oposiciones. Ojalá que éstas sean capaces de actuar conjuntamente con sus coincidencias y sus divergencias debidamente proclamadas.