La Universidad Nacional sigue cerrada por la obcecación de la rectoría, y ésta es una realidad que no se puede ya ocultar al país.
1. La ruptura unilateral del diálogo entre la rectoría de la UNAM y el CGH anunciada por la Comisión de Encuentro (17 de julio), lejos de acorralar a los estudiantes en huelga, que no han dejado de mostrar gran serenidad, constituye por el contrario un nuevo error político de quienes están tomando las decisiones y parecen decididos a que la UNAM no salga del conflicto.
2. La irresponsabilidad mostrada por las autoridades de la UNAM constituye ya un escándalo en la comunidad universitaria y en el país, y ante la grave situación a la que han llevado a la institución, la pregunta que todo mundo se hace es ¿dónde están ante el conflicto la Junta de Gobierno y el Consejo Universitario, los otros órganos de gobierno de la Universidad Nacional?
3. La pregunta que permea el ambiente es la de si las actuales autoridades, al negarse con irresponsabilidad e intransigencia al diálogo, no están buscando de manera deliberada el deterioro de la UNAM.
4. Ernesto Zedillo mintió a los mexicanos cuando afirmó ante los economistas del PRI que es ``absurda'' la ``suposición'' de que se pretenda privatizar la educación superior del país (19 de julio). Como en todas las exacciones contra los mexicanos que ha estado cometiendo su gobierno, Zedillo cree que una falsedad puede ser impuesta por los medios como verdad de manera impune, pero, como en el caso del Fobaproa, los hechos lo desmienten. Al recortarle el subsidio a la UNAM para que ésta tenga que depender de recursos privados, se le está privatizando. Al establecerse el principio anticonstitucional del pago de cuotas de inscripción y colegiatura, y crearse cuotas ilegales por los servicios que presta, como en las universidades privadas, se le está privatizando. Al subordinar la investigación a los recursos y decisiones de las empresas trasnacionales, se le está privatizando. Al someter a la UNAM (que es una universidad pública en la letra de la ley) a la evaluación del Ceneval (que es una entidad privada), se le está privatizando.
5. El proyecto histórico de la UNAM está siendo destruido por las actuales autoridades, al ponerla al servicio, ya no de la nación, sino de los intereses trasnacionales: privatizándola, aunque no quieran reconocerlo.
6. El rector Barnés y sus colaboradores no pueden invocar la institucionalidad de la universidad cuando la están violando. La UNAM, de acuerdo con la Ley Orgánica, debería extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura, y ellos están recortando la matrícula; tendría que formar profesionales útiles a la sociedad y no, como ellos pretenden, a las maquiladoras y las compañías privadas; está obligada a trabajar de manera autónoma y ellos están sometiendo sus tareas a los dictados neoliberales.
7. El factor principal que impide la salida al conflicto de la UNAM lo constituye el hecho de que sus actuales autoridades no representan a los intereses de la comunidad, sino al ``sistema'', y que, por lo mismo, han tornado inexistente la autonomía universitaria. El rector Barnés respondió a Helena Beristáin, académica emérita que le demandaba retirar sus medidas, reconociendo que carecía de autonomía para hacerlo, y diciéndole que si lo hiciera dejarían de apoyarlo quienes lo están apoyando (La Jornada, 14 de julio), es decir Zedillo y Labastida. Los miembros de la Comisión de Encuentro, tras negarse a dialogar, manifestaron, a su vez, en el Palacio de Minería, que carecían de atribuciones y que tenían ``límites'' (La Jornada, 22 de julio), asumiendo así su plena irresponsabilidad.
8. Las demandas de los estudiantes pueden y deben ser resueltas en el marco institucional de la UNAM, incluyendo la de reunir a un Congreso Universitario resolutivo, que es una exigencia impostergable, y que, desde luego, sería legal y legítimo, como lo fue el de 1990: cosa que ignoraron Rafael Pérez Pascual y Silvia Torres, los miembros de la Comisión de Encuentro que hicieron el papelón al ser entrevistados por Denise Merker, en Entre versiones, del canal 40 (20 de julio), y que no pudieron dar una respuesta coherente al porqué de la decisión de romper el diálogo, cuando todo mundo lo sabe. Las autoridades, dando muestras de mala fe e incompetencia, no han tenido otra propuesta, además del no descartado uso de la fuerza, que exigir la rendición incondicional del CGH, porque han dedicado sus recursos a buscar la división interna de éste a través de la propaganda, el amedrentamiento y la coptación, y teniendo para ello el apoyo de un sector del PRD, encabezado según los medios por Carlos Imaz y Salvador Martínez Della Rocca (La Crisis, Núm. 184), los amigos de Barnés que se han visto involucrados en varios operativos (La Jornada, 29 de junio).
9. La tentativa de ingerencia de las autoridades en el Movimiento Estudiantil ha sido en todo caso ilegal, cosa que ignoraron tanto Rafael Pérez Pascual (en el canal 40) como los directivos del CCH Naucalpan (en El Noticiero del canal 2, el 21 de julio), pues al hacerlo violan el artículo 18 de la Ley Orgánica de la UNAM, que consigna el derecho de los estudiantes a organizarse de manera independiente.
10. Los logros del movimiento universitario de 1999 son muchos, a pesar de todo, aun cuando persista la postura intransigente de la rectoría, que no alcanza a entender que no tiene más salida que la del diálogo. Después de casi tres meses, el CGH ha alcanzado su pleno reconocimiento y está logrando poner un alto a quienes pretenden trastocar el proyecto histórico de la UNAM, sentando a la vez las bases para la universidad pública del mañana.