Con la aparición del desplegado de la Comisión de Encuentro del rector, el sábado 17 de julio, el conflicto entró en una fase francamente incomprensible. De una manera en que la razón no puede dar crédito, dichos ``comisionados para el diálogo'' declararon ``no poder ofrecer ninguna modificación a los reglamentos ni poder tomar ningún acuerdo'', así como haber asistido al Palacio de Minería para exigir al CGH la devolución de las instalaciones universitarias a cambio de ``no aplicarles sanciones'' y de que los estudiantes ``puedan terminar sus materias''. Uno se pregunta, ¿podrá una universidad declarar inexistente un semestre sin tener que reponerlo? Estrictamente hablando la reposición de cursos pasa a ser un problema institucional y no estudiantil.

Así que el trabajo de la CE sólo se redujo a comunicar a los chicos que no los van a castigar si abren la puerta, y que sus malestares podrán ser presentados en el futuro en ``espacios de discusión'' que, si progresan, serán sometidos a la aplanadora institucional del Consejo Universitario (en maniobra de pinza paralela, Burgoa y Carrancá, piden ante la PGR, once años de cárcel para los miembros del CGH).

No se necesita ser ultra para entender que los términos anteriormente descritos, después de noventa días de guardias escolares y asambleas interminables, redundan directamente en el fortalecimiento del sector menos negociador del movimiento. Anteponer unilateralmente el principio, muy lógico pero muy poco político, de que sustituir las colegiaturas por cuotas voluntarias (más pagos múltiples por exámenes y servicios escolares), ha resuelto todo es un error: las luchas sociales (y en el extremo las guerras) no son lo mismo cuando comienzan que cuando alcanzan toda su brutalidad, y el que crea que con regresar a las fronteras originales se acaba la rabia podría morir a mordidas. Siento decirlo pero en la situación trágica a la que hemos llegado no queda de otra que abrir una negociación sobre los puntos en conflicto, incluso si muchos piensan que los huelguistas son un puñado de crápulas cabalgando sobre los campos del alma mater.

¿Realmente cree la autoridad universitaria que si entra algún tipo de fuerzas represivas y le aplican once años a los miembros del CGH la UNAM seguirá siendo lo que era? ¿Cree usted, señor rector, que si se le ordena a un grupo de golpistas o si se convoca a todos los ``extramureros'' a tomar el campus ``en mangas de camisa'' podría no haber violencia porque saldrá corriendo el grupito de huelguistas que semillenó el Zócalo en días pasados? ¿No cree que si los amenaza con una medida de violencia y once años de cárcel ellos no van a echar mano de sus recursos, de la oferta de montar guardias para resguardar los planteles de manera permanente que los electricistas les han hecho (SME y Frente Nacional de Resistencia Contra la Privatización de la Industria Eléctrica); de la oferta del propio STUNAM, la CNTE, el SNTE, el SITUAM, etcétera; de tantas organizaciones del Movimiento Urbano Popular que hace un mes aparecieron tímidamente en el estadio de CU? ¿Sabe que los argumentos de la intermitente mayoría radical en los dos últimos CGH han sido: ``El diálogo... no permite despegar de manera definitiva... hacia otro escenario; (requerimos de) una acumulación de fuerzas que nos desatore del ancla del diálogo''? Junto a esto, la línea más dura ha realizado ya una marcha por las colonias más pobres de los pedregales de Coyoacán e invita a una ``marcha zona oriente'', ``de la delegación Iztapalapa a la de Iztacalco'' que, para quien no entienda de la geografía de la pobreza urbana, es la región, al lado de Neza y Chalco, en donde se congregan los lodos del Valle de México, bajando de las montañas de Oriente ya liberadas de los menesterosos de Santa Fe y demás. Para qué mencionar la cuota de influencia que puede haber en todo esto proveniente de Chiapas y de Guerrero...

Muchos nos preguntamos ¿será una estrategia deliberada el exponer a la universidad a fuerzas extremas de esa naturaleza, fuerzas centrífugas de lo popular y lo radical, fuerzas con demandas legítimas, pero que, al mezclarse los espacios indiscriminadamente, acabaron con el núcleo académico, científico y técnico en universidades como San Marcos, en Lima, y tantas otras? ¿Se estará cumpliendo así con el objetivo mercantil de degradar a la universidad pública? Unos no podemos creerlo, pero muchísimos otros argumentan que quien primero expuso el núcleo académico de nuestra universidad a las fuerzas centrífugas fue el rectorado, cuando, a sabiendas de que en toda América Latina las mismas políticas fondomonetaristas estaban recortando los presupuestos de la educación superior, y que algunos rectores preferían renunciar, aquí se aceptó sumisamente completar el presupuesto aumentando las cuotas. Argumentan que nuestro rector aparece más en el Salón Carranza de Los Pinos que bajo los retratos de Justo Sierra o de Barros Sierra que cuelgan en la Torre de Rectoría, que se recurre más a los tribunales extramuros para enjuiciar a los universitarios y que nuestras celebraciones se adornan con Rojas, Villarreal, García Ramírez, etcétera. Si queremos salir de esto, señor rector, habrá que darle capacidad de negociación verdadera a sus negociadores y llamar al Consejo Universitario (tres veces en cuatro meses no es tanta chamba), para que dé cuenta de esos acuerdos y remita lo que no llegó a consensos a un foro de discusión abierta, plural y resolutiva. ¿Por qué tanto miedo a que la opinión pública construya propuestas que se lleven a la práctica?