* Presentó 23 actas y anexos técnicos de las reuniones del subcomité del fondo
López Obrador: Fobaproa, el saqueo más grande después de la Colonia
* Fue la gran piñata de los tecnócratas y un grupo de especuladores vinculados al poder, afirma
Roberto González y Matilde Pérez * Andrés Manuel López Obrador puntualizó: el caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) es el saqueo más grande al país, después del sufrido en la época de la Colonia.
Al presentar 23 actas y anexos técnicos de las reuniones que realizó el Subcomité de Recuperación del Fobaproa, el ex presidente nacional del PRD dijo que el fondo bancario es ''la gran piñata de los tecnócratas y de un pequeño grupo de especuladores vinculados al poder'', el mecanismo que pone al descubierto la forma en que el poder económico y político se alimentan y nutren mutuamente.
Y para mostrar el funcionamiento de ese subcomité, López Obrador expuso que los funcionarios integrantes de esa instancia despacharon en 46 horas asuntos que significaron para el Fobaproa asumir una deuda de más de 94 mil millones de pesos; en esas 23 sesiones de dos horas cada una, en promedio, el grupo atendió más de 100 casos.
Esos expedientes estarán disponibles en ''el mundo cibernético'' ya que, anunció, el PRD los introducirá a su página Web y agregará los documentos de los gastos de campaña (para la gubernatura de Tabasco) de Roberto Madrazo.
Ante los reporteros de los diversos medios de información, reunidos en la sede de la Fundación para la Democracia Alternativa, el ex dirigente nacional perredista puntualizó que los expedientes que mostraba por primera vez a la opinión pública eran reproducciones de los originales, pero si la Secretaría de Hacienda lo desmiente, entonces deberá aclarar los datos expuestos, mencionó.
Después de dar a conocer una síntesis de lo más sobresaliente de los 23 expedientes, que incluyen 78 de los casos presentados en el citado subcomité, con valor de 94 mil 376 millones 752 mil 384 pesos, López Obrador aclaró: para el PRD, el Fobaproa no es cosa juzgada ni un caso cerrado, y por eso sus legisladores aportarán ''esta información en la Cámara de Diputados para reforzar la denuncia de juicio político que fue presentada (ante ese poder) el 26 de octubre de 1998, en contra de José Angel Gurría Treviño, secretario de Hacienda; Guillermo Ortiz Martínez, ex secretario de la SHCP y actual gobernador del Banco de México, y Miguel Mancera Aguayo, ex gobernador del banco central''.
A Michael Mackey sólo le
pasaron la rata por los ojos
Ante la insistencia de los reporteros de por qué el PRD no había dado a conocer esa información -que tuvo desde agosto de 1998-, el político tabasqueño dijo que entonces la postura del CEN y de sus legisladores era pugnar porque primero se hiciera la auditoría y después aprobar la creación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).
Por eso ahora se demostró que, con el proceso inverso de aprobar primero el IPAB y después realizar la auditoría, al auditor canadiense Mackey ''sólo le pasaron la rata por los ojos''.
López Obrador presentó a la prensa las actas de 23 sesiones del Subcomité de Recuperación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, realizadas del 20 de mayo de 1997 al 3 de febrero de 1998.
Discrecionalidad y preferencia
Este subcomité, integrado por el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández; el subsecretario de Hacienda, Martín Werner; el vicegobernador del Banco de México, Guillermo Güemes; el presidente del Fobaproa, Javier Arrigunaga, entre otros, tuvo como objetivo ''sancionar los diferentes asuntos referentes a la cartera propiedad de los bancos intervenidos por el gobierno'' para lograr su recuperación.
Sin embargo, López Obrador aseguró que ese subcomité actuó con discrecionalidad y preferencia hacia algunos empresarios ligados al gobierno, y lejos de cobrarles los préstamos concedió nuevos créditos, realizó quitas a sus pasivos y aceptó en pago de las deudas bienes por debajo del monto de los préstamos.
Una de las actas entregadas por el ex dirigente perredista documenta el caso del Grupo Mexicano de Desarrollo, propiedad de la familia Ballesteros y una de las tres principales empresas constructoras del país. Este consorcio se vio favorecido con una restructuración de crédito en condiciones totalmente dañinas para las finanzas públicas del país, señaló. De acuerdo con el acta, la deuda de ese grupo en el Fobaproa ascendía a 10 mil 522 millones de pesos y los funcionarios del subcomité autorizaron una quita de 60 por ciento del pasivo total.
Como parte de la negociación, el grupo constructor había ofrecido entregar 309 millones de dólares, que obtendría como indemnización por el rescate carretero del tramo Cuernavaca-Acapulco. Sin embargo, en enero de 1998 obtuvo un acuerdo definitivo por medio del cual recibió del Programa de Rescate Carretero 5 mil 765.1 millones de pesos, cantidad que representó una indemnización en el marco de una compra especial de carretera que realizó la SHCP a Banca Serfin.
Otro caso citado por Andrés Manuel López Obrador fue el del Grupo Infomin. En una sesión del subcomité realizada el 9 de diciembre de 1997, el propio Eduardo Fernández García, de acuerdo con el acta, comentó que permitir la restructuración de deudas de esa empresa entrañaba ''el riesgo de que se mal interprete la aceptación de la propuesta como una restructura acelerada tomando una pérdida el gobierno fuera de parámetros, en beneficio de esta empresa, en la que su principal accionista, Alfredo Miguel, tuvo a su cargo la recolección de fondos del sector privado en apoyo a las campañas del Partido Revolucionario Institucional''.
Influyentismo, al más alto nivel
López Obrador aseguró que el Subcomité de Recuperación del Fobaproa tomó decisiones ''con prácticas de influyentismo al más alto nivel''.
Fue frecuente, comentó, que se solicitara la opinión del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o se enviaran notas a funcionarios de primer rango de otras dependencias del Poder Ejecutivo federal para consultarlos sobre las acciones para recuperar las deudas. Citó el caso del periódico Excélsior que, afirmó, tiene pasivos en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro.
En las sesiones del 13 y 20 de mayo de 1997, en las que el subcomité trató el caso de ese diario, se asientan los acuerdos de ''no endurecer la posición, por lo pronto, hasta tener perfectamente definida la posición de la SHCP'', y de manera puntual se señala que ''esta nota se comentará con el secretario de Hacienda (en ese tiempo Guillermo Ortiz) solicitándole su lineamiento de actuación en este caso''.
El ex presidente del PRD señaló que este subcomité actuó con discrecionalidad en asuntos que eran y son de interés público. Ejemplificó: en el acta de la sesión del 20 de mayo de 1997, el subcomité decidió como mecanismo para otorgar un nuevo préstamo a la empresa constructora Gutsa- Escala Internacional (propiedad de la familia Gutiérrez Cortina), por 7.2 millones de dólares, ''que Banco Santander Mexicano entregara ese monto en efectivo y a cambio de ello Fobaproa alterara el contrato original de compra de cartera con dicho banco, incrementándolo en la cantidad citada''.
Los documentos presentados por López Obrador demuestran que el Subcomité del Fobaproa autorizó la restructuración de deudas de algunas empresas, a pesar de que supo que los préstamos fueron otorgados por bancos donde los accionistas de esas entidades eran también socios.
El 12 de junio de 1997, el subcomité autorizó que cuatro empresas del Grupo Arzac, que habían recibido créditos relacionados -por ser sus accionistas también socios del Banco de Oriente-, restructuraran sus pasivos con esa institución bancaria y, en una primera quita, se les condonaron 144.7 millones de pesos.
Otra empresa que se benefició de la reducción de sus deudas fue Calzado Canadá, cuyos pasivos bancarios fueron reducidos en 133 millones de pesos por decisión del Subcomité del Fobaproa.
De acuerdo con la información presentada ayer, los funcionarios integrantes del subcomité autorizaron la recompra de cartera escogida por los bancos, a precios inferiores del adquirido. Un caso fue el de Banco Santander Mexicano, que recompró una deuda de 110 millones de dólares perteneciente a la Cooperativa Cruz Azul, en una operación que representó una pérdida de 4 por ciento para el Fobaproa y una comisión del mismo porcentaje para el banco, que por esta transacción obtuvo 4 millones 400 mil dólares en un periodo no mayor de un año. El aval para esta operación fue otorgado durante la sesión del 17 de junio de 1997.
* Zedillo debe deslindarse o quedaría como encubridor: opositores
Reavivan legisladores el debate del Fobaproa
Andrea Becerril * La discusión en torno al Fobaproa no ha concluido, como lo pretenden el gobierno y el PRI, advirtió ayer ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el senador del PRD Jorge Calderón, en un debate en el que tanto su fracción como la del PAN dejaron claro que insistirán en llegar al fondo de las investigaciones, a fin de fincar responsabilidades y sancionar a funcionarios y autoridades bancarias involucradas en los ilícitos en torno al rescate financiero.
Tanto perredistas como panistas condenaron ''las exoneraciones anticipadas'' de funcionarios que un día antes hizo la Secretaría de Hacienda a partir de la presentación de la auditoría realizada por el canadiense Michael Mackey. El presidente Ernesto Zedillo ''tiene hoy la responsabilidad de deslindarse o de quedar como el encubridor del enorme fraude que se está cometiendo contra el pueblo de México'', señaló el panista Edgar Ramírez Pech.
Parafraseando luego la expresión de Marco Provencio, vocero hacendario, el legislador dijo que ''ojalá el Ejecutivo federal no permita que uno que otro delincuente proteja a los delincuentes que compraron los bancos''.
El PRI no quería entrarle al debate, pero la intervención de los opositores obligó al diputado del tricolor Enrique González Isunza ir a tribuna para rechazar ''acusaciones e imputaciones sobre ineptitud y otros calificativos'' en torno a funcionarios y supuestas complicidades.
El legislador agregó que su fracción reconoce que el informe presentado por Mackey mostró inconsistencias que deben corregirse, errores a subsanar y conductas que merecen castigo y hacia ese lugar se deben encaminar todos los esfuerzos, sin partidizarlos.
Como respuesta, de nuevo en tribuna, Calderón Salazar rechazó que el PRD pretenda capitalizar políticamente el caso y recordó a los legisladores que su partido efectuó un referéndum sobre el rescate bancario, su oposición a la conversión en deuda pública de los pagarés de ese fondo, que acordaron finalmente el PRI y el PAN.
Insistió luego en que la auditoría presentada recientemente por Mackey es incompleta, ya que falta la información sobre Banco Unión que la Secretaría de Hacienda se negó a proporcionar al auditor.
Sin embargo, el informe de Mackey ''es extraordinariamente valioso y representa un primer intento de rendición de cuentas'', además de que muestra la ''carencia de voluntad política para combatir las prácticas fraudulentas hasta sus últimas consecuencias''.
Contrariamente a la visión oficial, que extrae de una lectura superficial de la versión en inglés de la auditoría una exoneración de responsabibilidades, la postura del PRD es que con base en el marco jurídico vigente y la ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), ''esto apenas constituye el inicio de investigaciones e indagatorias que deben ser realizadas hasta sus últimas consecuencias''.
Se está hablando, dijo, de un rescate bancario con carga al presupuesto federal y la economía del pueblo de México, al que se destinaron sumas equivalentes a lo que es el gasto corriente de la nación y a la inversión del gobierno federal en un año.
Por tanto, insistió Calderón Salazar, ''no sólo existe base jurídica en los casos de los créditos ilegales que están en el Fobaproa y que Mackey estimó en cerca de 6 mil millones de pesos, sino también en otros casos en que la auditoría reporte irregularidades''.
Hizo notar que Mackey no es juez ni el encargado de exonerar o fincar responsabilidades a los causantes del quebranto bancario. Son los tribunales mexicanos y el IPAB quienes deberán efectuar la indagatoria correspondiente y ''será la Cámara de Diputados, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, la que pueda emitir un dictamen''.
Lo que no puede permitirse, dijo, son las exoneraciones anticipándose a los procesos legales conducentes y ''las declaraciones sin fundamento y responsabilidad del vocero gubernamental, Marco Provencio, dando baños de pureza y virginidad a algunos funcionarios que han ofendido al pueblo de México''.
El senador del PRD hizo notar que del informe preliminar presentado por Mackey pueden extraerse las bases para una auditoría integral del rescate bancario e incluso corregir los errores cometidos en la ley del IPAB para que no sea transferida como deuda publica la totalidad de los pagarés del Fobaproa.
A su vez, el panista Ramírez Pech sostuvo que el PAN no va a convertirse en encubridor de ilícitos e insistirá en las sanciones civiles, penales, administrativas y políticas a que haya lugar, ya que no hay duda de que hubo malos manejos, ineficiencia e ineptitud en el manejo del Fobaproa y que las autoridades no actuaron de manera recta.
* Quien disponga de recursos debe pagar, señala el presidente de la ABM
Un tercio de las irregularidades del Fobaproa, en bancos no intervenidos
* El IPAB determinará cuáles créditos se devolverán: Gurría
* Avala el informe de Mackey decisiones del gobierno, asegura
César Martínez Aznárez * De los 72 mil millones de pesos que el auditor del Fobaproa señaló como operaciones irregulares del rescate bancario hecho por el gobierno, un tercio corresponden a los bancos que no fueron intervenidos por las autoridades, y será el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) el que determine cuáles de esos créditos deberán ser regresados a dichas instituciones, dijo ayer el secretario de Hacienda, José Angel Gurría.
Entrevistado a las puertas de la Asociación de Banqueros de México (ABM), Gurría reconoció que un tercio de las operaciones que las auditorías van a reportar como irregulares fueron comentadas con anterioridad con los auditores, ''respecto de una serie de criterios que se habían utilizado para incorporarlos'' al Fobaproa.
El funcionario señaló que el informe presentado por el canadiense Michael Mackey, tiene una ''conclusión fundamental'', y es que fue correcta y oportuna la decisión del gobierno de proteger a los ahorradores, aunque admitió que tuvo un costo fiscal muy alto.
Según el secretario, las autoridades y los bancos dieron ''plena colaboración'' a los auditores en su labor. Respecto a la información sobre operaciones del Banco Unión con Fobaproa, que la oposición insiste en que beneficiaron al PRI en campañas electorales de 1994, y que su dependencia se negó a entregar, reiteró que las leyes de secreto bancario así lo establecen, y volvió a llamar a los legisladores a modificar esas normas, en caso de que quieran disponer de los datos.
En cuanto a los 6 mil millones de pesos que el informe de Mackey reportó como créditos ilegales, dijo que son los mismos que las autoridades ya habían identificado. ''No hay ninguna sorpresa'', agregó.
Gurría afirmó que los detalles que el gobierno ya había proporcionado a los legisladores, sobre las transacciones del Fobaproa antes de la auditoría, tuvieron mayor ''profundidad'' que los aportados por la investigación de Mackey y que ahora se informan a la opinión pública.
Aunque pidió no adelantar conclusiones, reconoció que en el saneamiento financiero y para hacer frente a la crisis económica el gobierno tomó una serie de medidas, ''que cada una de ellas, en lo individual, pudieran resultar opinables''.
* El resultado de las auditorías
da tranquilidad a los banqueros
César Martínez Aznárez * Todas las empresas y deudores que tomaron créditos de la banca, que luego fueron a parar al Fobaproa, y tienen recursos suficientes para cubrirlos, deben pagar sus cuentas, dijo ayer el presidente de la Asociación de Banqueros de México (ABM), Carlos Gómez y Gómez.
Para el líder de los banqueros, el resultado de las auditorías da ''tranquilidad'' a su asociación, porque reconoció que la preocupación que tenían los grandes inversionistas cuando se inició la auditoría del rescate bancario por parte del especialista canadiense Michael Mackey, era que de ella surgieran operaciones ilegales por un monto mucho mayor al que finalmente resultó, y que ello pudiera afectar la salud financiera de los bancos.
En conferencia de prensa, Gómez y Gómez aseguró que de la partida de 72 mil 400 millones de pesos que Mackey reportó como créditos irregulares, en realidad hay sólo 700 millones que cuentan y pueden ser regresados a los bancos.
En el informe de la auditoría entregado el lunes pasado a los legisladores en su versión en inglés, y que el viernes será divulgado en español y completado, se establece que de los 72 mil 400 millones de pesos, 24 mil 700 millones corresponden a operaciones transferidas al Fobaproa por los bancos, sin respetar los criterios definidos originalmente para hacerlo. Otros 42 mil millones de pesos son por préstamos canalizados por los bancos a entidades o personas relacionadas con los socios, mientras que los 6 mil millones restantes serían ilegales.
Según Gómez y Gómez, los primeros 24 mil 700 millones de pesos no constituyen créditos ilegales por haber cambiado el criterio de aceptación, e incluso añadió que el propio Mackey reconoce en su reporte que fue favorable la modificación.
Respecto a los créditos relacionados por 42 mil millones de pesos, el banquero aseguró que la gran mayoría pertenece a los bancos intervenidos, mientras que los ilegales, por 6 mil millones, corresponden a las operaciones que ya estaban identificadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y supone que también se trata de bancos intervenidos.
De ese modo, concluye que sólo 700 millones podrían corresponder a operaciones que no cumplen con el acuerdo entre bancos y autoridades para su traspaso, y que pueden ser susceptibles de regresarse a las instituciones bancarias llamadas ''vivas''.
Sin embargo, añadió que las empresas que cuenten con los fondos para hacerlo, deben pagar los créditos que estén en Fobaproa, y que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), dentro del marco de la ley, debe intentar cobrar a quienes estén en esa situación.
Nadie es perfecto
Gómez y Gómez señaló que la opinión de Mackey, en el sentido de que los primeros bancos en problemas debieron dejarse quebrar en lugar de ser rescatados, es ''una cuestión de perspectiva'', porque en las más de 100 crisis bancarias que hubo en distintos países no se tomó una medida única, aunque admitió que la ''perfección no existe'', al referirse a la forma que adoptó el rescate en México.
Finalmente, aprobó la supervisión bancaria de las autoridades, al apuntar que sus ''avances de los últimos años son muy buenos'', aunque también criticó el comportamiento de algunos banqueros como ''reprobables y deshonestas'', aludiendo a los juicios que hoy están pendientes con Jorge Lankenau, Angel Rodríguez y Carlos Cabal Peniche.
* Fernández Noroña
Banca Serfin regaló miles de tarjetas
de crédito a priístas
César Martínez Aznárez * Entre 1992 y 1994 Banca Serfin entregó ilegalmente miles de tarjetas de crédito internacionales Visa a funcionarios, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional porque no se exigía más aval que la credencial del partido, denunció Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca.
Fuentes de ese banco no negaron la existencia de las tarjetas de crédito, pero rechazaron la acusación de ilegalidad y señalaron que en todos los casos se exigieron las mismas condiciones para otorgar el crédito que para cualquier otro cliente.
Dijeron que se trató de un programa denominado Afinidad, mediante el cual se daban tarjetas de crédito a organizaciones sociales, y de las comisiones que cobraba el banco se les transfería un porcentaje.
Según Fernández Noroña, una militante del PRI fue quien le reveló que Serfin autorizaba los créditos sólo con la presentación de la credencial de ese partido.
Las tarjetas eran adquiridas por locatarios, líderes de ambulantes, amigos de funcionarios priístas, y por los propios cuadros del partido del gobierno.
Los créditos permitidos iban de entre 3 mil a 20 mil dólares, de acuerdo con la importancia del acreditado en el partido, pero usaban los fondos tanto para su organización como para fines personales, dijo Fernández Noroña.
De acuerdo con la copia de un documento exhibido en rueda de prensa, Ovidio Lozano Bravo era el funcionario de Serfin que manejaba este programa.