* La relatora escuchó testimonios de las matanzas de Acteal y El Bosque
Ha habido ejecuciones extrajudiciales en Chiapas: Jahangir
Angeles Mariscal y Elio Henríquez, corresponsales, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 20 de julio * En Chiapas han ocurrido ejecuciones extrajudiciales en los últimos años, señaló la relatora especial de la ONU, Asma Jahangir, quien añadió que si bien han disminuido es prioritario cambiar la actitud mental del Poder Judicial y tener voluntad política para barrer o eliminar las instituciones que están deterioradas, lo que consideró tarea casi imposible.
Por su parte, el obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas, Raúl Vera, manifestó su esperanza de que la presencia de la funcionaria en el estado ''tenga repercusiones serias a favor de una salida negociada al conflicto'', y pidió a Dios que la visita ''dé resultados muy serios para que se inicien soluciones por la vía que como Iglesia siempre hemos pedido: la del diálogo y la recomposición social''.
La matanza de Acteal y el operativo policiaco en contra de simpatizantes del EZLN ocurrido en el municipio de El Bosque, además de diversas acciones del Ejército Mexicano en relación con el grupo insurgente, son algunos de los puntos que la relatora trató ayer en Chiapas.
ųƑSe puede hablar de ejecuciones extrajudiciales en Chiapas? ųse le preguntó.
ųClaro que ha habido ejecuciones extrajudiciales en Chiapas, Ƒpor qué cree que estoy aquí? Pero he venido también para ver si las cosas van a cambiar.
Al iniciar una gira por la entidad, Jahangir incluyó entrevistas con el gobernador, el procurador de justicia, los reclusos detenidos por el caso Acteal y con diversas organizaciones no gubernamentales. En su plática con Roberto Albores Guillén, la relatora de la ONU le manifestó que el mayor problema al que se debe hacer frente en Chiapas es el de la impartición de justicia. ''Hasta ahora, lo que más he escuchado por parte de las personas que han acudido a mí ha sido el clamor por justicia. Ya no creen que la van a obtener. Piensan que no es posible lograrlo, porque ese sistema de justicia se ha deteriorado tanto que invertir el proceso va a ser una tarea casi imposible''.
Criticó programas de gobierno destinados a las comunidades porque, dijo, ''tienen una buena intención, están llenos de corazón, pero lo único que hacen realmente es dar dinero, y la esencia de todo programa verdadero debe ser potenciar al pueblo, darles a ellos mismos el poder para que se desarrollen por sí mismos''.
Jahangir visitó el penal de Cerro Hueco, donde se entrevistó con indígenas y policías detenidos por el caso Acteal. Al salir, consideró que el gobierno reconoce la existencia de grupos civiles armados, pero que no están bajo su patrocinio. Añadió que, en tal sentido, los presos indígenas, quienes presuntamente formaron parte de esos grupos armados, no reconocieron vínculos con agrupamientos policiacos o militares.
''Existen muchos casos de impunidad, en donde también se tiene que ver si las personas detenidas por presunta responsabilidad en algún delito son realmente responsables del mismo. Es muy fácil para un policía detener a diez personas, decir que fueron condenadas, y que se ha hecho justicia''. La prueba de que no existe impunidad es que sean los culpables los castigados, y que el tiempo que estén en la cárcel sea el realmente necesario, añadió.
Insiste Confraternice en la inocencia de los detenidos por la masacre
Luego de advertir que se revisarán los expedientes penales de presuntos responsables en Acteal, agregó: ''Si la gente piensa que se ha hecho justicia, y todos están satisfechos, entonces no ha habido impunidad. Pero si todos dicen que perciben que no es justicia lo que se ha hecho, y hay personas que han recibido una sentencia de 35 años de prisión, entonces hay que estudiar la cuestión más a fondo''.
Por otra parte, los abogados de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, quienes representan a los 87 indígenas de diversas comunidades de Chenalhó que fueron detenidos por la masacre del 22 de diciembre de 1997, se entrevistaron con la relatora especial. En esa reunión insistieron en la inocencia de sus defendidos y denunciaron lo que llamaron ''una actitud parcial'' por parte de la Procuraduría General de la República, a la que llamaron ''cazadora de indígenas''.
Arturo Farela, presidente de Confraternice, reconoció sólo la actuación de indígenas en los llamados ''grupos de autodefensa'', creados en contra del EZLN, y culpó a la policía de Seguridad Pública de haber perpetrado la masacre de los 45 indígenas de Acteal, por lo cual pidió a la PGR abra una nueva línea de investigación.
Más tarde, durante la reunión de Asma Jahangir con el procurador de Justicia de Chiapas, Eduardo Montoya Liévano, el funcionario reconoció ''excesos'' por parte de los cuerpos policiacos, y añadió que en 18 meses de gobierno se ha sancionado a más de cien ex servidores públicos, 65 de los cuales enfrentan procesos penales ya que, informó, se les comprobó la comisión de delitos como homicidio, tortura, violación, robo y extorsión.
Más tarde, por la noche, la relatora habló con diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que le presentaron un informe que incluye los casos del ejido Morelia, ocurridos en enero de 1994, y de La Grandeza, en febrero de 1995, en donde miembros del Ejército Mexicano torturaron y ejecutaron a indígenas considerados miembros del EZLN. Además, le presentaron casos documentados de crímenes cometidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia, que ha amenazado a prozapatistas o catequistas de la diócesis de San Cristóbal.
Jahangir les comentó que las inquietudes sobre ejecuciones extrajudiciales en Chiapas captaron la atención internacional desde la matanza de Acteal y lo sucedido en El Bosque, y dijo que los documentos de las ONG son sólo ''la punta del témpano. El gobierno dice que las cosas están cambiando. Hay que ver si realmente existe voluntad política''.
Lo que hay que abordar, añadió, es la cultura política global: ''A veces, los gobiernos tienen dificultad al abordar la situación y hay una especie de conflicto donde pueden ocurrir todo tipo de problemas como el que hubo en Aguas Blancas, Guerrero. Voy a examinar la agenda política para determinar si esa actitud está cambiando o no''.
Por su parte, el obispo Vera López reveló que, ante la visita de la relatora especial, dirige sus oraciones ''para que se tenga acceso a la justicia con todos los derechos, sin limitaciones de razas, sin la situación desventajosa en la que han quedado los pobres. Yo espero que esta visita sea una presión para que finalmente busquemos una salida, pues si no arreglamos el problema, vamos a acabar como hemos visto que han acabado desgraciadamente otros países", añadió el prelado, para quien el tema de los grupos paramilitares ''es obligado, y lo deberá estudiar la relatora'', así como lo referente a las violaciones a los derechos humanos, ''y los temas que están generando un clima de violencia que no ayuda en nada'', entre ellos el tema de los ''miles de desplazados que sufren una situación de deterioro, infame e inhumana'' en Chenalhó y principalmente en varios municipios de la zona norte del estado de Chiapas.
Vera López confió en que la presencia de la funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas contribuya a encontrar una salida negociada al conflicto, pues ''es muy peligroso que se mantengan las cosas como están, sobre todo porque el ambiente que vemos en la zona no favorece al país ni al estado''.
Para este miércoles, la relatora se entrevistará con el fiscal especial para el caso Acteal, con pobladores y desplazados de esa comunidad, el obispo de San Cristóbal, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la delegación de la CNDH.