* La verdad, cuando el PRI deje el gobierno: Gómez
Insiste el PRD en el juicio político a Gurría y Ortiz
Georgina Saldierna y Andrés Morales, corresponsal * El dirigente nacional del PRD, Pablo Gómez Alvarez, ratificó ayer que ese partido promoverá juicio político en contra de Guillermo Ortiz y José Angel Gurría, gobernador del Banco de México y secretario Hacienda y Crédito Público, respectivamente, por las irregularidades que se cometieron en el rescate bancario. Señaló que el escándalo del Fobaproa-IPAB no ha terminado y que en algún momento tendrá que salir a la luz pública toda la verdad y se aplicará la ley.
Ese momento, resaltó, llegará cuando el PRI deje el gobierno, lo cual ''esperamos se dé en el último día del mes de noviembre del año 2000'', subrayó en alusión al eventual triunfo de un partido opositor.
La diputada Dolores Padierna anunció que buscarán dialogar con ''panistas honorables'' para que firmen la solicitud de juicio político en contra de los dos funcionarios mencionados y se logren reunir dos tercios del total de diputados para que el Senado de la República dé curso a una demanda de este tipo.
Pablo Gómez dijo estar dispuesto a trabajar con el PAN y con cualquier otro partido político que esté dispuesto a luchar por que el pueblo de México sepa la verdad sobre el rescate bancario y se sancione a los culpables. No obstante, todo dependerá de quién represente a Acción Nacional, pues si es Fauzi Hamdan ''es una cosa, y si lo lleva otro, es otra cosa''.
En conferencia de prensa, Gómez Alvarez leyó un documento de 13 puntos en el cual dio a conocer la posición de su partido sobre el Fobaproa y el informe del auditor canadiense Mackey. Resalta que la quiebra del sistema financiero fue consecuencia de la aplicación de una política basada en tres puntos: la venta apresurada de los bancos con propósitos políticos, la ausencia de vigilancia oficial sobre el funcionamiento de la banca y la crisis financiera de 1995, producto de una política aventurera del gobierno priísta.
Refiere que una parte de la banca fue entregada a grupos ligados al PRI con el propósito de crear un sistema financiero vinculado a las actividades políticas.
Gómez Alvarez criticó que ahora se pretenda rehabilitar el sistema bancario mexicano mediante la extranjerización de instituciones quebradas --una vez que la nación ha absorbido todas las pérdidas-- y la fusión de las sobrevivientes. Esta política tiende a concentrar el poder económico, a erosionar la competencia y a restringir el crédito, subraya.
Asimismo, sostiene que la auditoría ordenada por la Cámara de Diputados resultó ser una investigación de carácter general, especialmente por los obstáculos impuestos por el gobierno.
Recuerda que el Fobaproa asumió deuda pública en forma ilegal y sin autorización del Congreso por instrucciones del presidente Zedillo y del entonces secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, y que la crisis de pagos debió haberse encarado mediante la capitalización de los bancos por cuenta del Estado, de tal manera que con el tiempo el costo lo absorbieran las instituciones bancarias, sin mermar la capacidad de financiamiento del sistema bancario y con un menor costo para la nación.
Para el dirigente perredista, la ayuda oficial a los pequeños deudores debió darse directamente mediante subsidios a las tasas de interés para promover el pago de los adeudos y estabilizar la actividad bancaria.
''La creación del IPAB fue un error en la medida en que se reprodujo al Fobaproa'', señala el documento y recuerda que esta decisión no evitó la quiebra de Serfin.
Asimismo, señala que, como una muestra más de la impunidad que prevalece en el país desde hace décadas, no se denunció oportunamente la entrega ilegal de créditos a los bancos. ''Los responsables de estas violaciones siguen sin castigo''.
Insiste en que el PRI utilizó el producto de los créditos ilegales para financiar su campaña en 1994 y que las deudas de esas transacciones, las cuales se transfirieron al Fobaproa (ahora IPAB), deberán cubrirse con fondos públicos.
La dirigencia perredista insistió en que el PRI devuelva ese dinero y confirmó que el rescate bancario es ''el fraude del siglo'', pues los mexicanos deberán pagar su costo por varias generaciones y ello perjudicará a la economía nacional durante décadas.
Carta al PRI
Durante la conferencia de prensa, Pablo Gómez informó que ayer envió al dirigente nacional del PRI, José Antonio González Fernández, una carta en la que responde la que el priísta le remitió el viernes pasado. El perredista señala que González se niega a informar sobre los fideicomisos que el PRI creó en 1994 porque no puede hacerlo sin comprometer a su partido.
''Usted me confirma con su actitud que estamos en lo cierto cuando, con los elementos de la información oficial, afirmamos que el PRI usó dinero sucio en la campaña de 1994. Y me confirma lo importante que es continuar exigiendo el esclarecimiento y el castigo a los responsables de esos hechos ilícitos'', subraya.
El viernes pasado Gómez remitió una misiva al dirigente priísta para pedirle que informara sobre los fideicomisos creados en 1994 para el financiamiento de las campañas. González Fernández respondió, en una carta enviada el mismo día, que el PRD ha utilizado este tema con fines electorales, pero ni siquiera hizo referencia a los estados de cuenta de los fideicomisos. Al siguiente día, el perredista declaró que el PRI no quiere informar al respecto porque seguramente había dinero sucio en sus campañas. Este martes, Gómez Alvarez formalizó sus declaraciones en una carta de cuatro párrafos.
Mientras, en el puerto de Veracruz, la secretaria general del PRD, Ifigenia Martínez, señaló que una vez conocido el resultado de la auditoría al Fobaproa, el Congreso de la Unión deberá retomar su función de protector de los intereses del pueblo y modificar el sistema bancario nacional.
Para ello, agregó, debe designarse un equipo de especialistas en política monetaria, financiera y jurídica que diseñe una estrategia para sanear al país y dar marcha atrás a las reformas ''neoliberales'' a la Constitución aprobadas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y que son ''una verdadera afrenta'' a la nación. Aseguró que los datos revelados por Mackey no son nuevos y sólo confirman lo que ya se había denunciado.
* Los panistas las obstaculizan por quejas poselectorales, aseguran
Reformas evitarán otro Fobaproa: priístas
Andrea Becerril y René Alberto López, corresponsal * Para evitar nuevos Fobaproas y quebrantos es fundamental aprobar en este periodo extraordinario de sesiones el paquete financiero, que incluye las reformas al Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Ley de Quiebras, aseguraron los senadores priístas Manuel Medellín y Rodolfo Becerril Straffon.
Ambos rechazaron que haya parálisis legislativa y aseguraron que se buscan consensos; sin embargo, acusó Becerril Straffon, la fracción del PAN obstaculiza los trabajos al actuar con un criterio político, ya que trata de condicionar el avance de las iniciativas financieras, que permitirían tener una legislación adecuada sobre supervisión bancaria para evitar quebrantos.
Becerril Straffon, quien preside la Comisión de Hacienda, precisó que los grupos parlamentarios del PAN han actuado con cerrazón, movidos por el rechazo a la reforma electoral, y tratan de condicionar las iniciativas financieras al proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.
Por ello, dijo, en la Cámara de Diputados no se ha avanzado y el Senado está sin materia de trabajo, aunque los integrantes de la cámara alta han participado de manera extraoficial en las negociaciones.
En cuanto a las reformas a la CNBV, hay consenso en prácticamente todos los puntos, pues se aceptó que sea un organismo descentralizado y que la flotación del tipo de cambio no se estipule por ley. Las diferencias se refieren a quién presidirá la junta directiva de la nueva comisión o instituto bancario y si se le cambiará el nombre.
Dijo confiar en que una vez que se acepten los resultados de las elecciones en el estado de México haya voluntad de la oposición, especialmente del PAN, para terminar los asuntos pendientes del período extraordinario.
Acción Nacional, agregó, propuso incorporar estas iniciativas a la agenda del periodo extraordinario y ahora las retrasa. Por ello ''la urgencia no está de nuestro lado''.
Por separado, Medellín Milán, presidente de la Comisión de Comercio del Senado, resaltó que el resultado de las auditorías al Fondo Bancario de Protección al Ahorro hacen urgente legislar sobre supervisión bancaria y por ello el tema debería estar por encima de diferencias políticas.
Mayans: responsabilidad penal de banqueros y funcionarios
La mayoría de los senadores del PRI rechazó que existan elementos para iniciar juicio político al ex secretario de Hacienda Guillermo Ortiz y al director de la CNBV, Eduardo Fernández. Los responsables, dijeron, son los empresarios.
Sin embargo, el tabasqueño Humberto Mayans Canabal consideró que no sólo se debe responsabilizar penalmente a los banqueros y funcionarios que cometieron ilícitos que luego transfirieron al Fobaproa, ''sino asegurarse de que devuelvan el dinero que obtuvieron de manera ilegal''.
Entrevistado en Villahermosa, el único legislador del PRI que votó en contra de convertir en deuda pública los pasivos del Fobaproa dijo que todo el peso de la ley debe caer sobre quienes defraudaron a los bancos y actuaron contra el pueblo de México. Tres generaciones tendrán que pagar esos 870 mil millones de pesos, advirtió.
El también priísta Juan Ramiro Robledo aseguró que Michael Mackey es ''un auditor de la oposición'' y por ello los más obligados a atender sus recomendaciones son los legisladores de esos partidos. Además, agregó, la conclusión es que la banca se entregó a empresarios carentes de responsabilidad, que son los responsables de los quebrantos y no hay datos que inculpen a los funcionarios.
Deslindan al PRI del quebranto
Elizabeth Velasco C. * El ex dirigente nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, rehuyó hacer comentarios sobre el Fobaproa y los resultados de la auditoría realizada por Michael Mackey, pero deslindó a su partido del quebranto bancario.
Sobre el financiamiento que el tricolor recibió de Banco Unión en 1994, el ahora secretario del Trabajo dijo que corresponde ''a la responsabilidad individual que virtualmente pueda tener el señor (Carlos) Cabal, pero de ninguna manera transita al PRI''.
En su opinión, el informe sobre las aportaciones de Cabal Peniche al PRI en 1993 y 1994 ya es cosa juzgada, pues ''ya fue discutido, analizado, validado, impugnado y resuelto en juicio; de tal manera que seguir insistiendo en este tema, me parece que es seguir volteando hacia atrás''.
En entrevista previa a la reunión del Acuerdo de Cooperación y Consulta entre los Sectores productivos, en la STPS, Palacios afirmó que la auditoría de Mackey debe estudiarse con más seriedad. ''Necesitan conocerse a fondo los resultados y deliberarse ampliamente en el Congreso''.
Afirmó que nadie puede hablar con autoridad a menos que haya estudiado a fondo las auditorías y tenga suficientes conocimientos de actuaría y economía.
* Auditorías, primer paso para aplicar sanciones
El PRI deberá devolver recursos de origen irregular, insiste AN
Juan Manuel Venegas y Ciro Pérez Silva * La dirigencia del PAN mantuvo su defensa al IPAB; insistió en que la auditoría del canadiense Michael Mackey es el primer paso para castigar a los responsables de las irregularidades cometidas en el rescate bancario, y reiteró su exigencia de que el gobierno federal abra los archivos de Banco Unión, a fin de determinar los recursos que el PRI tendrá que "regresar", por haber financiado ilegalmente sus campañas políticas de 1994.
"Estamos en el camino correcto para que en forma técnica, ponderada, sin llevar a un terreno extremadamente politizado este asunto, nos permitirá conocer todo aquello que debe ser castigado; todo lo que debe ser depurado, y que no debe ser cargado al bolsillo del pueblo de México", indicó el dirigente panista Luis Felipe Bravo Mena.
Y según él, "eventualmente" el IPAB podría fincar "algunas responsabilidades de carácter penal o administrativo" en contra de los funcionarios que planearon y ejecutaron el rescate bancario.
En el mismo tenor, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados salió en defensa de la ley que dio origen al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, y "podemos afirmar que los primeros datos de las auditorías practicadas al Fobaproa prueban lo dicho hace siete meses por Acción Nacional, en el sentido de que la Nación sufrió uno de los agravios morales y económicos más grandes de su historia; el dictamen de Mackey confirma que hubo negligencia de las autoridades en el caso del Fobaproa, ya que no actuaron con diligencia y prontitud, omitiendo la ley".
La posición de los panistas surgió luego de una reunión que sostuvieron por la mañana en la sede nacional de su partido. Con Bravo Mena estuvieron los coordinadores parlamentarios Carlos Medina Plascencia y Gabriel Jiménez Remus; los vicecoordinadores de los diputados, Francisco José Paoli y Fauzi Hamdan, así como Santiago Creel Miranda y el ex candidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos, entre otros.
Analizaron el resultado de la auditoría de Mackey y, como resultado, cerraron filas para defender la creación del IPAB. "Creo que estamos en el camino correcto, y que el mecanismo ideado y propuesto por el PAN, y aprobado por la Cámara (el IPAB), está siendo correcto, y que al final vamos a tener la satisfacción de que en esta tragedia nacional, que fue el rescate bancario y la quiebra bancaria en México, los mexicanos serán, en la mayor medida, los menos perjudicados, en medio de todo este desastre", indicó Bravo Mena.
Por su parte, Fernández de Cevallos arremetió: "Si el PRI o el PRD tienen mejores fórmulas que el IPAB, que las aporten, las presenten, las promuevan y que el pueblo juzgue. Acción Nacional ha hecho un trabajo serio. Hoy, lo que vale es que se conozca la verdad y que se llegue a los mejores procedimientos para que se aplique la ley y, de esta manera, se eviten perjuicios enormes para el pueblo de México".
Paoli Bolio sostuvo que lo único que falta "para que esto quede completamente saldado" es la información del Banco Unión, y los recursos del PRI que fueron absorbidos por el Fobaproa, por lo que criticó a las autoridades hacendarias por actuar como "tapaderas" del tricolor.
En ese sentido, indicó que su partido seguirá el camino de la "presión legal, no el de la presión política indebida", para lograr que se entregue esa información que están reclamando, y para lo cual ya enviaron una "queja formal" al presidente Ernesto Zedillo.
Para fincar las responsabilidades y aclarar las irregularidades en el Fobaproa, agregó Paoli, "nosotros hemos hecho lo que hemos podido... planteamos el juicio político, pero la correlación de fuerzas no nos alcanza para que, por ejemplo, el juicio político proceda... Y bueno, no pueden echar la responsabilidad a un chaparrín de que haya uno grandote que todavía le gana a las vencidas. šEso! šQue tome nota el pueblo de México para ver si cambia su correlación de fuerzas en la votación del 2000! Por lo pronto, nosotros podemos hacer hasta donde nos da. Lo demás sería voluntarismo".
La posición de los diputados
Tras la línea fijada en la sede nacional de su partido, la bancada panista en la Cámara de Diputados emitió un comunicado en el que "lamentó" que el presidente de la República, Ernesto Zedillo, "rehuya" su obligación, "y a toda costa trate de encubrir la información referente a Banco Unión", de donde obtuvo financiamiento para su campaña política en 1994, y reiteró su "absoluto" rechazo a la impunidad de quienes, a través de complicidades y corruptelas entre el poder político y económico, se beneficiaron ilegalmente a costa de los mexicanos.
Los legisladores de Acción Nacional insistieron en que para ellos las auditorías al Fondo Bancario de Protección al Ahorro no terminarán hasta que se concluya la revisión de Banco Unión, luego de advertir que los avances de la auditoría arrojan la evidencia de que el Revolucionario Institucional recibió, a través de esta institución que perteneció a Carlos Cabal Peniche, recursos millonarios que no deben ser pagados por los mexicanos.
"Pese a lo anterior, podemos afirmar que los primeros datos de las auditorías de Michael Mackey practicadas al Fobaproa prueban lo dicho hace siete meses por Acción Nacional, en el sentido de que la nación sufrió uno de los agravios morales y económicos más grandes de su historia; el dictamen de Mackey confirma que hubo negligencia de las autoridades en el caso del Fobaproa, ya que no actuaron con diligencia y prontitud, omitiendo la ley".
En este sentido, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, Fauzi Hamdan, dijo que se encontraron 72 mil millones de pesos de operaciones irregulares, que equivalen casi al doble del presupuesto de egresos asignado al Distrito Federal, o a 70 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de educación, lo que justifica plenamente los recursos erogados en las auditorías.
El panista insistió en que se puede llegar a reducir casi 50 por ciento el total del saldo del Fobaproa.
Los panistas destacaron que con el diseño del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, y las auditorías al Fobaproa, hacen patente su compromiso con la necesidad de transparentar el rescate bancario y que, como consecuencia de ello, se deslinden responsabilidades y se sancione a los culpables.