Hay cada vez más datos que confirman que toda la estrategia del sistema (gobierno y partido oficial) se centra, desde hace dos años, en evitar que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas llegue a la candidatura del 2000 con sus fuerzas íntegras y con la gran popularidad que ha acumulado, tanto por su actuación honrada y congruente en la vida pública, como por la identificación de su propia forma de ser con la de mayoría de los mexicanos de clase media y pobre, que ven en él a un dirigente político diferente.

Con el escándalo mayúsculo armado en su contra por Televisión Azteca, con motivo de la muerte del conductor de programas Paco Stanley, la campaña anti-Cuauhtémoc llegó a su saturación, y fue tan exagerada, que podemos decir ya con certeza que les resultó, a los que la planearon o la improvisaron, contraproducente.

Evidenció que no es el contradictorio Fox, que cada vez que abre la boca hace más clara su falta de congruencia y de formación sólida, identificable con los admiradores del american way of life, quien les quita el sueño; ni tampoco los tres precandidatos priístas, que se han presentado a simular un juego democrático interno.

Quien preocupa y quien ha preocupado al régimen es Cárdenas, porque ya los venció en 88 y porque puede repetir la hazaña el año próximo.

Es por ello que el gobierno anterior del DF le dejó, al retirarse, un verdadero campo minado a todo lo largo y ancho de la capital del país, para evitar que su actuación como primer gobernador de ella acreciente sus posibilidades de ganar las elecciones federales.

Una de esas minas de contacto que el gobierno de Oscar Espinosa le heredó al del ingeniero Cárdenas, lo constituye la inexplicable organización (o desorganización) del comercio formal e informal en el Metro y sus alrededores.

La administración anterior dejó que creciera todo un sistema de puestos prácticamente fijos, todos iguales, bien constituidos, de estructuras metálicas peligrosas, incómodas y estorbosas, pero firmemente establecidos en todas las calles cercanas a las puertas de acceso a las estaciones del Metro.

Pero ese es tan sólo parte del problema, la otra es que para el comercio formal, en locales que se encuentran en el interior de las estaciones, la herencia no fue mejor. Para el uso de esos espacios, que son de la ciudad, y que deberían ser muy bien empleados; con seguridad para los usuarios del Metro y para beneficio de ellos mismos, se celebró un contrato, con una sola empresa, a largo plazo y con todas las ventajas para ésta, de tal modo que esa sola compañía tiene el control de todos los espacios interiores de las estaciones, y los usa con un espíritu puramente mercantil, sin tomar en cuenta otro criterio que el de las altas ganancias, no para la ciudad, sino para sus accionistas y dueños.

Es por ello que es de destacar, en esta situación, la importancia que tiene la recomendación de la Procuraduría Social, órgano autónomo e independiente en sus juicios, acerca de la necesidad de analizar a fondo lo mismo el trato a los "vagoneros", verdaderos ambulantes, que a los puestos de fuera, y al comercio establecido dentro, este último controlado prácticamente por un monopolio. La propuesta es de una auditoría jurídica sobre el contrato con la empresa que tiene este privilegio, y un mejor trato y consideración a los verdaderos comerciantes.