* Los integrantes de la dirección de HB, libres luego de un año y cinco meses
Anulan sentencia de siete años de cárcel a 23 dirigentes vascos
* El Tribunal Constitucional votó a favor; puede ser un punto de distensión en el proceso de paz: PNV
De la corresponsalía, Madrid, miércoles 21 de julio * Los 23 integrantes de la anterior Mesa Nacional de la coalición vasca Herri Batasuna (HB, considerada brazo político del grupo armado ETA) recuperaron esta madrugada su libertad horas después de que el Tribunal Constitucional de España decidió por mayoría anular la sentencia de siete años de cárcel en su contra. Los políticos vascos fueron acusados de "colaboración con banda armada" por "pretender difundir un video" en el que ETA manifestaba su voluntad de paz.
Pasadas las 23 horas del martes, el Constitucional decidió por ocho votos a favor y cuatro en contra anular la sentencia condenatoria contra los dirigentes de HB, con lo que puso fin a un debate comenzado hace 21 días durante el cual los magistrados analizaron dos ponencias, una a favor de la sentencia y la otra por la anulación.
La defensa de la anterior mesa de HB presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en noviembre de 1997, que pasó a trámite en abril de este año. Los líderes abertzales permanecieron en la cárcel un año y cinco meses, con la excepción de Jon Idígoras, puesto en libertad en junio de 1998 por problemas de salud.
El Constitucional informó anoche mismo la decisión al Supremo, que tendrá la obligación de informarla al Ministerio del Interior, para poner en libertad de inmediato a los políticos vascos, quienes según informó Radio Nacional de España, recuperaron su libertad la madrugada de este miércoles.
La encarcelación de la anterior mesa de HB se remonta hasta el verano de 1995, época en la que ETA decidió elaborar una campaña de propaganda en la que "apostaban por la alternativa democrática". El video, en el que aparecían tres miembros de ETA con capucha y fusil, leyendo un comunicado, fue distribuido en varios medios de comunicación y se remitió a todas las fuerzas políticas del Estado español, incluido el Rey Juan Carlos.
La entonces ejecutiva de HB decidió proyectar ese video en el espacio electoral de televisión gratuito durante el proceso electoral de 1996, pero antes de que se transmitiera la cinta, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenó su incautación y pasar el caso al Tribunal Supremo.
El juicio comenzó en abril de 1997, en la ciudad de Burgos, a petición de los políticos vascos. La defensa de los políticos de HB argumentó su derecho "a la libertad de expresión" y explicó que la cinta "ya se había proyectado en muchos otros foros". El proceso quedo visto para sentencia en noviembre de ese mismo año, en el que se condenó finalmente a siete años de prisión a la anterior mesa de Herri Batasuna.
Los 23 líderes abertzales se negaron a entrar a prisión, por lo que en diciembre fueron arrastrados por las fuerzas de seguridad del Estado a sus respectivas cárceles, tres de ellas en el País Vasco y una en Navarra.
La defensa, que presentó de inmediato el recurso de amparo, manifestó su preocupación por la "lentitud" con la que se estudiaba el caso, pues no fue hasta un año y cinco meses después que el alto tribunal decidió pasar a trámite dicha petición.
Patxi Zabaleta, abogado defensor de HB, amenazó con acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y ponía como ejemplo la celeridad con la que se había concedido el "indulto" al ex ministro del Interior, José Barrionuevo, y al ex secretario para la Seguridad del Estado, Rafael Vera, durante el gobierno socialista de Felipe González. Ambos fueron condenados a 13 años de cárcel por haber diseñado la guerra sucia contra ETA y fueron indultados "únicamente tres meses después".
La primera ponencia estudiada por el Constitucional, redactada por el magistrado Manuel Jiménez de Parga, y que ratificaba la condena del Supremo, fue rechazada por siete votos contra cinco. Entonces el presidente del pleno, Pedro Cruz Villalón, decidió encargar al vicepresidente del Constitucional, Carlos Viver, un nuevo borrador para comenzar otro periodo de discusiones. Esta segunda propuesta consideraba que "se había violado el derecho constitucional de presunción de inocencia", por lo que estimaba oportuna la anulación de la condena.
El documento final fue redactado con mucha cautela, pues si bien consideran que el Tribunal Supremo actuó "de acuerdo con la ley vigente" definen "inconstitucional" establecer que "pretender emitir un video es un delito de colaboración con banda armada". Asimismo, se remiten al artículo que utilizó el Supremo, el 174bis del Código Penal de 1973, y lo consideraron "preconstitucional".
Las reacciones a lo que representa la primera vez en la historia de la justicia española que el Tribunal Constitucional anula una sentencia en primera instancia del Supremo no se hicieron esperar. El gobierno, por medio de su portavoz, Josep Pique, afirmó que "es necesario sacar el fallo del Alto Tribunal del debate político". Mientras, el portavoz de justicia del Partido Popular (PP) fue más directo y sostuvo que este es "un sistema democrático donde a los terroristas o a los que les amparan se les trata como a personas".
De las filas socialistas, el portavoz de comunicación, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que "quienes creemos en el estado de derecho acatamos la sentencia, nos guste o no". Javier Madrazo, de la coalición Izquierda Unida, señaló que esta sentencia "va a fortalecer el proceso de paz en el País Vasco, en el que nos encontramos desde que el pasado 16 de septiembre ETA decretara una tregua indefinida y sin condiciones".
El nacionalismo vasco también recibió con alegría esta noticia. La portavoz de justicia del Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el gobierno regional), Margarita Uria, indicó que la decisión "hace justicia, pues la condena estaba suprapenalizada, y ésta puede ser un factor de distensión en el proceso de pacificación en el País Vasco. Personalmente, me alegro mucho de que haya sido así".
El abogado que dirigió la defensa de los líderes abertzales, Patxi Zabaleta, explicó que esta decisión del Constitucional "contribuirá a afianzar el proceso de paz en el País Vasco".