* El texto que distribuyó el lunes pasado tiene fallas de dedo y de palabra
Mackey: hubo omisiones y errores en el informe sobre el Fobaproa
* La negativa oficial de revisar en su totalidad a Banco Unión, salvedad en el documento, señala
Ciro Pérez * El auditor Michael Mackey reconoció ayer ante diputados miembros del comité técnico de seguimiento a las auditorías del Fobaproa e integrantes del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) que una de las salvedades que contiene el informe, además de la negativa oficial de revisar en su totalidad a Banco Unión, es la obligación legal de entregar el estudio el 19 de julio, por lo que el resultado es ''prematuro''.
De hecho, durante la reunión privada que sostuvo en la Cámara de Diputados con Alejandro Creel Cobián, Humberto Murrieta Necoechea, Adalberto Palma Gómez, Carlos Enrique Isoard y el secretario ejecutivo del IPAB, Vicente Corta, Mackey no pudo entregarles los resultados de la auditoría, porque admitió que el texto que se distribuyó el lunes pasado contenía ''errores de dedo y de palabras'', entre otras deficiencias.
El diputado perredista Jorge Silva informó, al término de la reunión, que los disketes que acompañan al texto en inglés y que deberían contener la información nominal señalando al acreditante, acreditado, tipo de operación y clase de irregularidad del crédito, carecían de estos datos, que el auditor canadiense se comprometió a entregar el próximo viernes.
La presentación no se apega al formato establecido
Otra de las omisiones que reconoció ayer Mackey es el hecho de que la presentación de los resultados no se apega al formato establecido en el contrato. De acuerdo con éste, el programa de auditorías se dividió en seis bloques y debía entregarse un informe por cada uno de ellos, diferenciando los aspectos analizados.
Los seis bloques son: evaluación del desempeño del Fobaproa y de las instituciones encargadas de controlar y supervisar su funcionamiento; revisión del origen y destino global de los recursos y naturaleza de los pasivos del Fobaproa para el saneamiento de las instituciones financieras de México; revisión del costo fiscal; evaluación de los esquemas de capitalización y saneamiento financiero y de control y supervisión en la intervención bancaria; evaluación de los programas de apoyo a los deudores de la banca, y análisis de los pasivos susceptibles de convertirse en obligaciones de deuda pública.
Al ser interrogado sobre este particular, el auditor respondió ųluego de consultar con su abogado y otros asesoresų que en el informe de más de 200 hojas, los temas divididos en los seis bloques del programa de auditorías ''se traslapan'', y se comprometió a entregar también el próximo viernes un diskete que ayude a los legisladores a ubicar las divisiones de cada uno de los temas.
Todas las omisiones reconocidas ayer por Michael Mackey ante funcionarios del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y legisladores, deberán quedar resueltas este viernes antes de que, en una ceremonia oficial que tendrá lugar a las 10 de la mañana en el Salón Legisladores de la Cámara de Diputados, los integrantes del IPAB reciban el resultado de las auditorías en idioma español, con lo que darán inicio a la verificación de los créditos bajo sospecha de ser ilegales, para turnarlos a la autoridad judicial y que ésta actúe en consecuencia.
''El señor auditor Mackey no puede irse sin antes dejar resueltos estos problemas'', enfatizó el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Silva.
Por la puerta de atrás
La reunión de Mackey con legisladores y funcionarios del IPAB se llevó a cabo en un salón del Palacio Legislativo de San Lázaro, al que la prensa no tuvo acceso, aunque se ofreció informar de su contenido al término de la misma.
Sin embargo, al no entregar a los funcionarios del IPAB el resultado de las auditorías y ante el temor de que se informara públicamente de ''la pequeña gran salvedad'' que obligó al auditor a entregar un informe ''inmaduro'', quienes participaron en esa reunión privada decidieron no hacer frente a los medios de comunicación y escabullirse por la puerta de atrás, bajar hacia la cocina de la Cámara de Diputados y desde ahí abandonar las instalaciones.
''El que metió el desorden fue el diputado del PRI, Jorge Estefan'', acusaron el perredista Jorge Silva y el petista Gustavo Pedro Cortés, luego de señalar que fueron los únicos que cuestionaron las omisiones del informe. ''Estefan Chidiac llegó a interpelarnos cuando interrogábamos al señor Mackey, argumentando que sólo le estábamos quitando el tiempo a los señores funcionarios del IPAB'', pero tanto el panista Fauzi Hamdan como la verde Gloria Lavara ''parecían satisfechos con el resultado, aunque éste tuviera errores'', concluyeron.
* Los bancos los dieron a socios y de ahí al Fobaproa
Créditos por $42 mil millones, otorgados sin pedir garantías
Roberto González Amador * Por lo menos 42 mil millones de pesos en préstamos incobrables transferidos al Fondo Bancario de Protección al Ahorro correspondieron a créditos que fueron otorgados por los bancos a sus propios socios, directivos y consejeros sin la garantía necesaria, establece el informe del auditor Michael Mackey.
"En muchos casos, los pagos del principal y los intereses nunca fueron hechos. En algunos otros casos, la posibilidad de recuperación por parte del Fobaproa es nula", señala el documento entregado el lunes a los diputados en inglés y cuya traducción oficial al español será divulgada el próximo viernes.
El informe de Mackey estableció que el costo fiscal del rescate ascendió a 633 mil 300 millones de pesos hasta junio de 1998, en comparación con el cálculo del gobierno de 576 mil millones a esa misma fecha. Una estimación de la firma calificadora estadunidense Standard & Poor's muestra que al primer semestre de 1999 el costo fiscal era de 840 mil millones de pesos.
La auditoría indicó que las transacciones irregulares o "reportables" realizadas al amparo de los programas gubernamentales de compra de cartera y capitalización a través del Fobaproa eran de 72 mil 700 millones de pesos, de los cuales 42 mil millones corresponden a préstamos empleados para financiar a personas o entidades relacionadas con los bancos.
El reporte entregado por Mackey a los diputados destaca la existencia de un número reducido de grupos económicos con intereses en diversas ramas de la actividad económica, incluida la de los servicios financieros, responsables de una "proporción importante de la actividad empresarial".
Según Mackey, estos "10 o 12" grupos adeudan cantidades significativas a los bancos que participaron en los programas de rescate y que tienen o tuvieron participación como accionistas en varios de los bancos investigados en la auditoría.
El auditor dijo en su reporte entregado a los diputados que algunos de los préstamos otorgados a esos "10 o 12" grupos, y que luego fueron a parar al Fobaproa, "son de credibilidad dudosa", por lo que consideró probable que redunden en costos para el gobierno.
Los créditos otorgados por los bancos a sus propios socios o ejecutivos que pasaron al Fobaproa, señaló Mackey en el reporte, fueron concedidos sobre la base de las relaciones de esos individuos con las instituciones en cuestión y fueron generalmente entregados "sobre bases inseguras". En este mismo punto agregó que "los estudios y análisis de crédito respectivos no fueron encontrados en los archivos y, cuando fueron preparados, no contienen suficiente información que permita suponer que existían las garantías suficientes".
Sin identificar plenamente el nombre, Mackey ejemplificó en su informe que "en uno de los bancos que no fueron intervenidos por el gobierno, varios créditos fueron concedidos a los accionistas de la propia institución, quienes además tienen intereses en otras actividades económicas distintas a la bancaria. Al 30 de junio de 1998, esos accionistas debían al banco cientos de millones de pesos. Algunos de esos préstamos fueron hechos a los miembros de grupos económicos para adquirir acciones de los bancos. La mayoría de los préstamos fueron concedidos entre 1992 (fin de la privatización) y 1995 (inicio del rescate bancario) y no tenían las garantías requeridas".