Aunque Labastida Ochoa, ``con voz entrecortada y lágrimas incipientes'', calificó de indignantes la pobreza y la marginación que persisten en el campo, también afirmó que el Tratado de Libre Comercio (tlc) ha sido favorable para el sector en algunos aspectos (La Jornada, 30 de junio 1999).

Atrapado en el mismo discurso neoliberal que orientó la negociación del TLC, Labastida separa la pobreza de las causas que la originan, y ofrece un ``apoyo decidido'' al campo sin cambiar de modelo, a contracorriente con los reclamos de las distintas organizaciones de productores -ganaderos, porcicultores, avicultores y campesinos de granos básicos y oleaginosas- que coinciden en que las reformas agrícolas que el tratado institucionalizó han sido perjudiciales para el desarrollo del sector.

Más allá de una cuestión ideológica sobre virtudes y perjuicios del tratado, los datos muestran que en el campo:

1. La supuesta generación de divisas por aumento de las exportaciones, como eje de desarrollo, se ven nulificadas por el aumento aún mayor de las importaciones. La balanza comercial agropecuaria y agroalimentaria ha sido deficitaria en los cinco años de vigencia del TLC; excepto en 1995, cuando la devaluación funcionó como el mejor arancel. El comercio con Estados Unidos -con el que se orienta 75% de los intercambios- se fundamenta en la importación de alimentos básicos -maíz, soya, trigo, sorgo, frijol, oleaginosas, aceites vegetales, ganado vacuno, y carnes frescas y refrigeradas- a cambio de la exportación de productos suntuarios para sus élites -café, jitomate, legumbres, hortalizas, frutas frescas, jugo de naranja, cerveza y camarón congelado.

La exportación está en manos de transnacionales y algunas grandes empresas mexicanas. Los campesinos y pequeños productores sólo participan en la de café, que no tenía ninguna restricción antes del TLC, pero son impactados por las importaciones que reducen los precios en el mercado interno y benefician de nuevo únicamente a transnacionales mexicanas o extranjeras.

2. La mayor producción campesina -los granos básicos y oleaginosos- fue la principal perjudicada con el tratado, a lo que se suma una política doméstica antiagrícola.

El sorgo fue liberado de inmediato. Sus importaciones representan 33% del consumo y pasaron de 1 millón 100 mil toneladas en 1988 (antes de la apertura comercial), a 3 millones 100 mil toneladas en 1998. Los precios reales se redujeron a la mitad en ese periodo y no se compensaron con los subsidios, los cuales pasaron de 24 a 19%, entre 1988 y 1995. A pesar de esas políticas, la producción aumentó de 5 millones 900 mil toneladas en 1988, a 6 millones 400 mil en 1998. México permitió importaciones de sorgo procedentes de Argentina sin arancel, cuando éste -según el GATT- es de 15%.

En el TLC, la soya tiene 10% de arancel a reducirse en diez años. Las importaciones pasaron de 1 millón 100 mil toneladas en 1989, a 3.5 en 1998. Representan 96% del consumo nacional. Sus precios reales cayeron más de la mitad entre 1989 y 1997. En 1995 el precio interno fue menor al precio internacional. Con esta política la producción de soya prácticamente desapareció: pasó de 992 mil toneladas en 1989, a 153 mil en 1998. En el GATT el producto tiene un arancel de 50%, pero México permitió la entrada de soya de Argentina y Brasil bajo con arancel del TLC.

A partir del TLC, el trigo cuenta únicamente con 15% de arancel a reducirse en diez años. Sus importaciones pasaron de 428 mil toneladas en 1989, a 2 millones 400 mil toneladas en 1998, y representan 43% del consumo interno. Su precio real se redujo 30 por ciento. En 1995 el precio doméstico fue menor al precio internacional. Los subsidios disminuyeron de 28% en 1990, a 22% en 1996. En 1995 los trigueros no recibieron subsidios, sino que pagaron un impuesto de 6%. La producción de trigo se redujo de 4.4 millones de toneladas en 1989, a 3.2 millones en 1998.

El maíz y el frijol fueron considerados ``sensibles'' en el TLC, y se protegieron con aranceles-cuota y plazos ``extralargos'' de desgravación de quince años. Pero el gobierno mexicano, para favorecer a las transnacionales importadoras de maíz -Cargill, Continental, Dreyfus, adm, Pilgrims Pride, Anderson Clayton, Purina, Minsa, Maseca, Arancia- realiza dumping en contra de los maiceros, al aumentar los cupos de importación sin arancel e inundar el mercado con importaciones de Estados Unidos, subsidiadas con créditos blandos de la Commodity Credit Corporation (CCC). Durante 1996 y 1998, años de cosecha récord de maíz, las importaciones sin arancel también fueron récord. Para 1996 alcanzaron 5 millones 820 mil toneladas, más del doble de la cuota de 2.65 millones de toneladas. No pagaron el arancel de 189.2%. Para 1998 el cupo de importaciones de maíz sin arancel alcanzó los 5 millones 200 mil toneladas (la cuota del TLC era de 2.8 millones). Estas importaciones tampoco pagaron el arancel de 172%.

Alrededor de 22% del consumo de maíz se cubre con importaciones. Entre 1990 y 1998 los precios internos se redujeron 48%. Durante 1995 y 1996, los precios de referencia Conasupo fueron menores al precio internacional. Los subsidios cayeron de 48% en 1990, a sólo 16 en 1996. Pese a la política de desaliento, la producción creció de 11 millones de toneladas en 1989, a 18 millones en 1993. En 1998 alcanzó 18.4 millones de toneladas. Los productores de maíz principalmente de Sinaloa, Chihuahua y Chiapas han realizado fuertes movilizaciones para cambiar la política agrícola y exigir al menos el respeto a la poca protección negociada en el tratado.

El caso del frijol es similar al maíz, en 1996 la cuota de 53 mil toneladas se rebasó más del doble. Las importaciones fueron de 124.6 mil toneladas y no pagaron el arancel de 122.3 por ciento. En 1998 sobrepasaron en más del triple la cuota de 56.3 mil toneladas, al llegar a 171.4 miles y las excedentes tampoco pagaron el arancel de 111.2 por ciento. Se han permitido importaciones sin arancel de Argentina. Los productores de frijol de Zacatecas, Durango y Chihuahua han visto desplomarse los precios por las importaciones.

Las organizaciones campesinas productoras de granos básicos, atrapadas en la maraña de la aplicación desleal de los nuevos instrumentos de política agrícola, se enfrentan ciclo a ciclo con la imposibilidad de comercializar su producción en el mercado interno a un precio que garantice su rentabilidad. El gobierno responde a sus movilizaciones con argumentos que esconde tras la liberalización del mercado y los acuerdos internacionales pactados, la intervención estatal en contra de los productores.

A esta situación se suma la reciente desaparición de Conasupo, que pese a su complicidad durante los últimos años en la reducción artificial de precios era una opción de venta, y la consecuente penetración y consolidación de las empresas transnacionales como únicos posibles compradores de la producción nacional.

La Secretaría de Agricultura argumenta que las importaciones de granos básicos y oleaginosas aumentaron debido al crecimiento del consumo, principalmente pecuario, mientras los ganaderos demandan protección frente a las importaciones que dañan la planta productiva nacional.

3. La importación de ganado bovino en pie y de carne fresca, refrigerada y congelada, en canales y distintos cortes se liberalizó antes de la entrada en vigor del TLC. Las exportaciones de ganado en pie para engorda -en los que México complementa el ciclo de producción de Estados Unidos- cayeron de 1.38 millones de toneladas en 1993, a 665 mil toneladas en 1998. Las importaciones de carne pasaron de 95 mil 600 toneladas, a 221 mil 500 entre 1993 y 1998. El consumo nacional se satisface entre 35 y 40% con importaciones, que según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, provienen de animales viejos y de desperdicio. Los precios al productor cayeron 20%. Los subsidios de 18% en 1991, se convirtieron en un impuesto de 23% para 1995, año en que el precio internacional de la carne fue mayor al precio interno. La oferta nacional se redujo 25% entre 1995 y 1998.

La relación comercial ha estado marcada por disputas trilaterales. Las asociaciones ganaderas mexicanas interpusieron una demanda por dumping en 1994 y otra en 1998 contra las importaciones de carne y subproductos de Estados Unidos. La de 1994 no tuvo ninguna solución efectiva; la de 1998 aún no se resuelve, a pesar de los enormes márgenes de dumping que los ganaderos reportan, entre 283 y 20% de acuerdo con el producto. Las empresas demandadas son Excel, IBP y Monfort, gigantes de la industria de la carne en Estados Unidos, Cargill y los supermercados mexicanos.

4. En la producción porcícola, el gran logro del TLC es la calificación de Sonora como único estado libre de fiebre porcina en 1997, lo que permite exportaciones a Estados Unidos. Los puercos en pie, la carne fresca o congelada, los jamones y otros derivados fueron -junto con las manzanas y las papas al vapor- los únicos productos con salvaguarda en el TLC, lo que se manejó como un éxito. Estos productos, con un arancel de 20% a reducirse en diez años, tenían una cuota máxima de acceso, que al ser sobrepasada podrían regresar al arancel original. Las cuotas se han sobrepasado sistemáticamente, pero las aduanas mexicanas no tienen la capacidad operativa para aumentar los aranceles.

Entre 1994 y 1997 el sector porcícola presentó tres demandas por dumping y no pudo demostrarlas debido a la mala estadística existente en México. Hasta 1999 logró establecer un arancel compensatorio de 35 centavos por kilo de carne importada.

5. Para los productos de exportación, competitivos esencialmente por el bajo precio de la fuerza de trabajo en México, la relación ha estado marcada por disputas comerciales y políticas proteccionistas. El caso del jitomate y las fresas son dos de los ejemplos más conocidos.

Para el aguacate, una promesa del TLC fue eliminar los obstáculos a la exportación al declarar zonas libres de plaga. Fue hasta 1997 cuando se permitió la exportación de aguacate hass de Michoacán a 19 estados de la Unión Americana. Las exportaciones totales absorben 6% de la producción y las destinadas a Estados Unidos en las dos temporadas pasadas representaron 0.8 y 1.2%, respectivamente, con 6 mil y 9 mil 700 toneladas. Sin embargo las transnacionales Chiquita Banana, Calavo de México, West Pack y Mission de México -mismas que controlan el mercado de California y Florida y que mantuvieron cerrada la exportación a Estados Unidos durante 84 años- aprovecharon 20 y 80% de las exportaciones en las respectivas temporadas.

6. Otro argumento oficial en favor del TLC es la atracción de inversión extranjera directa. En el sector agropecuario pasó de 8 millones de dólares en 1994, a 28.4 millones en 1996. Entre 1997 y 1998 presentó un fuerte descenso a 9.8 millones en 1997, y 4.4 millones en 1998. La inversión extranjera agropecuaria representó para 1998 0.09% de las divisas gastadas en las importaciones sectoriales y 0.07% de las remesas enviadas por los migrantes (a quienes el PRI negó el derecho a voto).

Frente a esos datos, los rubros beneficiados por el TLC a que debe referirse Labastida son los que concentran un puñado de empresas transnacionales, en un rango entre 20 y 300, y marginalmente algunos grandes empresarios, mientras que sus costos e impactos se distribuyen entre 4 millones de productores directos.

Desde hace más de una década los diseñadores neoliberales de la política agrícola satanizaron la intervención estatal como fuente de corrupción, paternalismo y falta de democracia, a fin de convencernos de las ventajas de la mano invisible del mercado, autoreguladora e imparcial. Los resultados en el campo son una muestra de que el libre comercio no es garantía de democracia ni tampoco está excento de corrupción.