Como era de esperarse, la representación del rector en las pláticas con los estudiantes justifica sus interminables "no" y los límites de sus atribuciones con los dos lugares comunes (trincheras) a los que siempre acude la burocracia para defender la inmovilidad de la institución: la calidad académica y la legislación universitaria; como es costumbre, ambos utilizados mañosamente.

En lo que se refiere al primero de ellos, es significativo que los "guardianes" de la calidad académica validen cursos que están muy lejos de la excelencia que tanto reiteran. Clases dadas en carpas de hacinamiento, cuando no en parques públicos o casas particulares, sin bibliotecas, equipos de cómputo, laboratorios ni prácticas de campo y, en muchos casos, con maestros improvisados. Habrá que agregar la presión ejercida a muchos profesores para que entreguen calificaciones "como sea", sin reparar en el costo que significa el fraude académico. Es obvio que la burocracia prefirió presionar políticamente a la huelga que cumplir con la responsabilidad que la sociedad le encomendó. Con las clases extramuros, el rector convirtió a la universidad en "las academias Vázquez".

Sin embargo, las autoridades no han dudado en usar a "la academia" como ariete para caracterizar las demandas estudiantiles, presentando a los paristas como sujetos que buscan privilegios inaceptables y contrarios a la preparación que la UNAM aspira a proporcionar. Ese es el caso cuando se refieren a las reformas de 1997 y a la vinculación de la institución con el Ceneval, aunque hasta el momento no hayan dado un solo argumento académico.

Así, a pesar de que las reformas del 97 tengan como consecuencia que sólo uno de cada diez estudiantes del bachillerato universitario --del cual, por cierto, sus egresados tienen mayor eficiencia terminal que los que ingresan mediante el examen de selección-- tenga asegurado estudiar lo que quiera, y que el Ceneval imponga los criterios de evaluación a las comunidades académicas y seleccione a los estudiantes de una institución autónoma en un fabuloso negocio, cualquier objeción es calificada como promotora de canonjías. En estos puntos, como en muchos otros, no es la academia la principal preocupación de las autoridades universitarias.

Con el establecimiento de sus atribuciones y límites, la llamada Comisión de Encuentro (CE) puso de manifiesto, de manera inmejorable, el otro muro ųéste infranqueable, según afirmanų con el que la burocracia se defiende ante cualquier cambio que amenace sus intereses. La legislación, dicen, no les permite resolver los problemas planteados, pues son atribuciones del Consejo Universitario y lo único que pueden hacer es dar a conocer las bondades de las resoluciones que tuvo ese órgano en su sesión anterior y acordarlas, esto es, que los estudiantes las acepten agradecidos.

La legislación universitaria es víctima de dos lecturas. Es sumamente flexible cuando las autoridades proponen alguna reforma, pero absolutamente rígida cuando las modificaciones son pretendidas por otros sectores. Esto es así porque el único facultado para interpretar la legislación universitaria es el abogado general, el cual es designado por el rector. Por si esto fuera poco, el rector mantiene un claro control sobre el Consejo Universitario, que es el que tiene facultades legislativas. Veamos ahora el cuadro completo: la ejecución, legislación e interpretación de la ley descansa prácticamente en una sola persona y si hay contrapesos son, por decirlo de algún modo, palaciegos. El ogro filantrópico con toga y birrete.

A nadie debe extrañarle, por tanto, que en el movimiento de 1986-87 las autoridades hayan afirmado que un congreso resolutivo era imposible porque violentaba la legislación y, durante la huelga, cambiaran de opinión. Con voluntad e imaginación no hay escollo legal que no se pueda salvar en la UNAM. Por ello, en lugar de ponerle diques a la negociación y amedrentar a los estudiantes con la fuerza pública, la CE debiera abocarse con el CGH en encontrar una salida justa a la crisis y, a partir de ese acuerdo, salvar las dificultades que pudieran existir.

La razón aducida por la CE es un pretexto que no se sostiene. Ellos son representantes del rector, el cual, en su calidad de presidente del Consejo Universitario, puede citarlo a sesión, con 48 horas de anticipación, para presentarle los acuerdos a que se llegue. Por otra parte, si el Consejo Universitario delegó parte de sus atribuciones legales a los Consejos Académicos de Area, por qué no podría hacer lo mismo con un congreso por él convocado u otra salida igual de ingeniosa para que la comunidad universitaria pueda tener garantías de que efectivamente sus posturas van a contar en las definiciones de transformación que necesita la UNAM. Pero pedir al movimiento estudiantil que confíe en el Consejo Universitario, después de la vergonzosa sesión del 15 de marzo, es francamente una provocación.

La única forma para que la universidad pueda salir fortalecida del conflicto es si la solución es pactada entre las autoridades y los estudiantes en paro. Para que esto pueda ser posible se debe derrotar la intransigencia, y eso significa que ambas partes estén dispuestas a ceder y renuncien a la pretensión de buscar la rendición del otro. Sería de gran ayuda que el rector dé muestras claras de su voluntad por hacer partícipes a los universitarios de los cambios que requiere la institución y no regatee el otorgamiento de garantías para la realización de estos espacios de discusión que deberán ser resolutivos dentro del marco legal de la universidad. De esta manera, los estudiantes tendrán la certeza de que hay mucho qué ganar después de la huelga.