n No convenció la delegación oficial al Comité de Derechos Humanos
Dudas y desconfianza sobre México en Ginebra
Kyra Núñez, corresponsal, Ginebra, 16 de julio n El Comité de Derechos Humanos, órgano de vigilancia de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al concluir el examen del cuarto informe periódico sobre México 1992-1996 y el addendum informativo hasta 1999, volvió a insistir en los temas que a sus 18 miembros causan "inquietud" o "profunda preocupación": Chiapas, la administración de la justicia, la violencia contra las mujeres, la creciente militarización y la impunidad.
A lo anterior se suman nuevos puntos, como la tipificación reciente de delitos flagrantes, porque da pie a la impunidad; de la misma manera, les preocupan las nuevas leyes y normas recientes, que podrían dar espacio a la ocurrencia de más delitos; la incorporación de militares a tareas de seguridad pública; la limitación a los tribunales castences de los delitos cometidos por militares, y el estado de emergencia no declarado implantado en Chiapas.
La delegación mexicana, presidida por el embajador Félix González, consultor jurídico de la cancillería, estuvo integrada por ocho funcionarios venidos de México, entre ellos el subcoordinador de la Comisión para la Negociación y el Diálogo en Chiapas, Alan Arias Marín; Enrique Ampudia Mello, subcoordinador de Asesores de la Secretaría de Gobernación; Arturo Sánchez Gutiérrez, director ejecutivo de prerrogativas del IFE, que participa como invitado, ya que la institución electoral es independiente, y dos diplomáticos acreditados en Ginebra.
González dijo que todos se sintieron a gusto respondiendo a las preguntas que por escrito le hicieron llegar los integrantes del comité y a las intervenciones de los 18 miembros independientes del comité examinador.
Las recomendaciones y observaciones del comité serán presentadas al gobierno el 30 de julio.
La buena disposición en las respuestas y la abundante documentación que México ofreció a los examinadores no lograron despejar las grandes dudas ni dar confianza al comité, en cuanto a que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se aplica de facto en el país.
La presidenta del comité, Cecilia Medina Quiroga, dijo que entre las preocupaciones que se mantienen dentro de sus miembros están la cuestión de la tortura, su ocurrencia y tratamiento como delito, agravada por el reconocimiento de que la Ley de Prevención no es mandatoria en todos los estados de la República; el problema de la detención y la detención preventiva, porque hay aparentes faltas de explicación, y porque, a su juicio, la tipificación de "flagrancia" en la última reforma de los códigos implica una amenaza seria a la integridad personal de los individuos.
Preocupa, además, el hecho de que, si se toman, en conjunto, todas las leyes y normas emitidas, y se mira cómo operan, se evidencian posibilidades de que se produzcan delitos como la tortura.
"Otro punto de preocupación del comité, naturalmente, es la militarización y la participación de militares en tareas de orden público" dijo Medina Quiroga. En ese sentido hubo dudas, en cuanto a que ello no sea una forma más para encubrir la impunidad, aunque la delegación mexicana haya dicho que tal participación está bajo mandos civiles.
De "enorme preocupación" fue el rubro de la administración de la justicia y el procedimiento escrito, pues éste puede provocar graves infracciones, además de que no sería extraño ni sorprendente que en un país con 100 millones de habitantes, con tantos lugares alejados, con problemas económicos, el pedir las sentencias y documentación de procesos sea complicado, lo cual va en contra de la esencia del pacto.
Se duda sobre el hecho de que México afirma que los observadores extranjeros tienen libertad de ir y actuar en el país, porque la Ley y Reglamento General de Población permite, en su artículo 62, "cualquier cosa", y los requisitos que se exigen para dar visados son muy difíciles de cumplir para todos.
También se encontró aparente incumplimiento en lo relativo a la libertad de expresión, lo cual podría paralizar el proceso democrático. Y, por último, dudas en cuanto a que el artículo 27 constitucional no impide la distribución de tierras indígenas a particulares no indígenas, lo cual sería una manera de terminar con su modo de vida.