n Apoyan campesinos la alianza de Pablo Salazar

Alertan sobre el riesgo de que estalle la guerra civil en Ocosingo

Andrea Becerril, enviada, Ocosingo, Chis., 16 de julio n La estrategia de contrainsurgencia, traducida en violencia, intimidación, hostigamiento y endurecimiento en la apliacación de la política de Estado en contra de las organizaciones y pueblos indígenas, puede devenir en el estallamiento de una guerra civil en esta región de la selva chiapaneca, advirtió el dirigente de la Coalición de Independiente de Organizaciones Autónomas de Ocosingo, Porfirio Encino Hernández.

Ello, en el marco de una reunión en que representantes de organizaciones sociales, campesinas y de los partidos políticos de oposición de más de 200 comunidades de Las Cañadas expresaron su apoyo a Pablo Salazar Mendiguchía, en el proyecto que encabeza para construir una gran alianza con miras a lograr la gubernatura de Chiapas.

"Nos pronunciamos por construir un proyecto político de gobierno que garantice una paz digna, con justicia, democracia y desarrollo para todos los chiapanecos, y por eso es de vital importancia que se concrete la alianza opositora", agregó Encino.

Denuncian acciones represivas del gobernador Albores Guillén

Durante la reunión, integrantes de la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO) -que incluye a más de seis grupos indígenas y campesinos, entre ellos la ARIC Independiente- y del Frente de los Partidos Políticos (Freppo), en el que participan PAN, PRD, PT y Verde Ecologista, denunciaron el incremento de acciones represivas del gobierno de Roberto Albores y el empleo de recursos públicos en favor del PRI.

Santiago Lorenzo y Leonel Esteban Aguilar, del PAN, detallaron una serie de operativos policiaco militares, entre estos el del pasado 9 de junio, cuando 350 elementos de seguridad de diversas corporaciones irrumpieron en La Trinidad, sin solicitud y el conocimiento de la comunidad, y buena parte de ellos aún permanece en la población con el pretexto de garantizar "el estado de derecho".

En esa reunión, Salazar Mendiguchía escuchó a Josué Rodríguez, del PT, y a Javier Toledo Córdova, dirigente de la ARIC, Unión de Uniones, explicar el movimiento que han emprendido para destituir al presidente municipal de Ocosingo, Adolfo Cruz, quien "es cómplice" de una serie de maniobras del gobernador Roberto Albores para contrarrestar el avance de las fuerzas democráticas en esa zona, que adquirió relevancia internacional a partir de enero de 1994.

Hicieron notar que incluso se prestó para la preparación de "acciones teatrales en las que supuestos zapatistas desertaron". Hay pruebas, recalcaron, de que quienes aparecieron con capuchas el pasado 29 de marzo y entregaron las armas al gobierno estatal no son miembros del EZLN, sino delincuentes comandados por Vicente Pérez Castellanos y Domitilo Hernández Paniagua.

Tenían, señalaron, denuncias penales por robo de coches y de ganado, y se las cancelaron a cambio de que se hicieran pasar por zapatistas. El presidente municipal ha propiciado enfrentamientos entre comunidades, como el del pasado 30 de marzo en Nazaret, para justificar así una mayor presencia policiaco militar, y ha ordenado el encarcelamiento de 14 maestros democráticos en el Ejido San Quintín.

Salazar Mendiguchía dijo que coincide plenamente con los planteamientos que ahí le formularon en el sentido de que el gobierno de Roberto Albores Guillén "es el principal enemigo del proceso democrático en Chiapas, en tanto está comprando conciencias, dividiendo a las organizaciones y reprimiendo los diversos movimientos sociales".

Recalcó que sólo a través de la unidad, de sumar esfuerzos de todos los sectores de la sociedad chiapaneca "se podrá dar contenido al cambio". Esto es, dijo, que el proyecto de gobierno para el 2000 en Chiapas surja desde las bases sociales.

En Chiapas, insistió, la alianza es un asunto de sobrevivencia, toda vez que tanto el gobierno federal como el estatal harán todo lo posible por mantener al PRI en el poder. Parte de ello, precisó, son las iniciativas de ley que de manera unilateral ha establecido Albores, como las referidas a remunicipalización, derecho y cultura indígenas y desarme.

Salazar Mendiguchía coincidió en que debe vigilarse el empleo de los fondos públicos, ya que pese a que hay pocos recursos, éstos se destinan al proyecto de contrainsurgencia y al beneficio de organizaciones afines a la política de Estado.

En ese sentido, el senador independiente resaltó que pese al discurso oficial, la situación en Chiapas se ha agravado de 1994 -cuando estalló la rebelión indígena- a la fecha. Y dio algunos datos: hay 135 mil nuevos casos de enfermedades que ya habían sido erradicadas, como el paludismo y la tuberculosis, y en la zonas indígenas, de cada cien niños que ingresan al nivel primaria, sólo 16 la concluyen.

Los dos productos pilares de la agricultura en la entidad: maíz y café, se han desplomado, en tanto no hay mercado para ellos. Todo esto, insistió, puede generar un estallido social en la entidad, por lo que es vital un nuevo gobierno que garantice progreso y paz para todos.