n "Como el delito es de oficio, no es necesario que intervenga la universidad"

Piden Carrancá y Burgoa 11 años de cárcel para miembros del CGH

n Basaron su denuncia en el artículo 395 del Código Penal Federal, alegando despojo de inmueble

Roberto Garduño n "šHemos sido despojados de ella...!", expresó enojado Raúl Carrancá, al momento en que su compañero Ignacio Burgoa demandó una pena de 11 años de cárcel, sin posibilidad de libertad bajo fianza, para los integrantes del Consejo General de Huelga por mantener cerradas las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los dos abogados presentaron una denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) contra los estudiantes por el delito de despojo de inmuebles.

La demanda de castigo penal que ayer recibió el Ministerio Público Federal despertó dudas entre los periodistas, pues, en términos legales, correspondería hacerlo al rector Francisco Barnés, pero de inmediato el profesor emérito Burgoa justificó la acción avalada por otros once profesores universitarios:

"En la denuncia se menciona a los miembros del mal llamado Consejo General de Huelga. Son los que debaten y los que no quieren entregar las instalaciones. Es errónea su denominación, porque no hay huelga. Hay paro ilícito. La huelga pertenece a los trabajadores frente a los empresarios.

"Se trata de un delito de despojo de inmueble cometido por menos de cinco personas, y este ilícito se persigue a querella del agraviado, de la universidad, del rector, pero como se trata del despojo de un inmueble colectivo, entonces el delito es de oficio, y por lo tanto no hay necesidad de que intervengan la universidad, el rector, el consejo ni ninguna autoridad. Lo hacemos como maestros de la Facultad de Derecho".

Ignacio Burgoa descubrió en el artículo 395 del Código Penal Federal el argumento de la denuncia que firmó, pues este postulado refiere que "se aplicará la pena de tres meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos, al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él; o de un derecho real que no le pertenezca".

Al contenido del citado artículo, el doctor Burgoa agregó más castigo por medio de una rara fórmula matemática, pues, dijo, "cuando se comete colectivamente a esa pena se agregan seis años, de manera que la pena sería de 11 años y la mitad sería de 5.6, por lo que no alcanzarían libertad bajo fianza".

Una vez que los expertos en derecho constitucional y penal entregaron el escrito de la denuncia en la Dirección General de Averiguaciones Previas, respondieron a las interrogantes de los periodistas. Tanto Burgoa como Carrancá pusieron límites con sus interlocutores: "yo soy profesor emérito, y usted Ƒde qué medio es?". Así, con la denuncia en mano, Raúl Carrancá calificó el movimiento de huelga como un "asunto político" que afecta el estado de derecho.

"Nosotros no los estamos señalando como delincuentes. El Ministerio Público, llegado el caso, si así lo tiene a bien, será quien consigne. Nosotros no discutimos posición ni ideas de los paristas".

Burgoa y Carrancá, quienes tienen en su haber casi medio siglo de cátedra -según repetían una y otra vez- expusieron primero que no se requiere la fuerza pública para terminar el conflicto, y segundo, "para nuestra manera de pensar se agotó todo... no estamos rebasando al rector, ni estamos buscando una posición privilegiada ni especial".

La denuncia fue presentada por Ignacio Burgoa, Fernando Castellanos, Fernando Flores, Ricardo Franco, Pedro Zorrilla, Julián Guitrón, Miguel Angel Ruiz, Daniel González, Baltasar Cavazos, Alberto del Castillo y Raúl Carrancá, quien no firmó.