Gilberto López y Rivas
Del coleccionismo mercantil al diletantismo legislativo

Recientemente, nuestro conocido coleccionista metido a senador de la República, Mauricio Fernández Garza, confesó en un debate radiofónico que su iniciativa de ley, que diligentemente elaboró por largos cuatro años, no era, en realidad, más que ``un instrumento de trabajo'' al que se le podía cambiar todo lo que resultase de un proceso ``democrático de consulta''. Después de todo, hasta en el título de la iniciativa presentada había un error, además de las inconsistencias de técnica legislativa y los innumerables gazapos jurídicos, pese a la erudición de la que hace gala públicamente nuestro modesto representante popular.

Claro que durante todos esos años de construcción legislativa no se le ocurrió consultar a quienes han dedicado su vida académica y de investigación al tema de la defensa del patrimonio cultural de la nación, sin otro interés de por medio que la preservación de ese patrimonio desde una perspectiva nacional y científica, debido a que estos estudiosos no le inspiran confianza al legislador por su ya conocido centralismo, gremialismo, y otros ``ismos'' que, en confianza, resultarían pasados de moda.

No, el coleccionista-senador se asesoró de quienes como él, han estado luchando a brazo partido por ``abrir'' el patrimonio cultural a las leyes del mercado y al botín de los gobernadores y los grupos locales y transnacionales de poder económico, golpeando al INAH hasta dejarlo en el nivel ``técnico'' y de subordinación a los funcionarios de los estados que ese ``instrumento de trabajo'' propone, despojándole de un plumazo de sus labores sustantivas de investigación y su vinculación necesaria con la docencia y la formación de especialistas.

Sí, el legislador contó para la elaboración de ese documento con el apoyo de la alta burocracia de la cultura en México que ha servido como ``caballo de Troya'' para, desde el interior de las propias instituciones, intentar cambiar la naturaleza federal, pública y nacional de las mismas, al grado de que en el caso del INAH, todos sus trabajadores, en asambleas plenarias de investigadores, técnicos, administrativos y manuales, así como estudiantes y profesores de la ENAH, coincidieron en demandar la renuncia de la titular de ese organismo por traicionar la confianza inherente a un cargo con responsabilidades como --entre otras-- hacer cumplir la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972.

Por ello, resulta retórico e inaceptable, insistir en organizar foros para la discusión de la iniciativa presentada, cuando ésta ha concitado el repudio generalizado de todos los trabajadores de la cultura, los colegios de antropólogos, de todos los centros de investigación, de las escuelas, de los especialistas y cuando, incluso, nuestro diletante legislador no cuenta con el apoyo ni de su propia bancada para completar el proceso legislativo que él inició. En todo el país, los senadores y diputados de Acción Nacional, y también de otros partidos, son advertidos sobre lo que significaría en términos políticos, su apoyo a la aventura de Fernández Garza y muchos se han estado distanciando de los planteamientos elitistas de quien como senador pretende consolidar sus intereses de coleccionista y empresario de la cultura; esto es, una ley a la medida de sus exquisiteces y excentricidades, y por ende, las de sus socios y amigos.

Después del debate radiofónico, el senador salió despotricando por los pasillos de la emisora contra quienes, a su juicio, se consideran dueños del patrimonio cultural, advirtiendo con voces destempladas que llevará a cabo su ``consulta'' contra viento y marea.

Es obvio que no le interesan las opiniones de la mayoría de los mexicanos y que confía en que sus apoyos oficialistas y de los poderosos consorcios que están en espera de la apertura mercantil del patrimonio cultural, le permitan completar su ciclo ``democrático'', contando ya, la dirección del INAH, con una ley ``revisada'', que deja a salvo los razonamientos centrales de la iniciativa para su ``negociación'' en el Senado.

Participar en una consulta con estos antecedentes y con base en una iniciativa de esta naturaleza, sería un acto de simulación democrática y de complicidad con un proceso viciado de origen. Es no tomar en cuenta más de una década de discusión sobre el tema, en la que se concluyó que, en todo caso, debía reformarse la ley vigente, la cual en los aspectos fundamentales resulta actual y valedera.

Reformar, sí, pero de cara a la sociedad, con la participación de todos los actores sociales, sin que el proceso sea llevado de la mano de quienes ya consultaron previamente a los grandes legisladores del régimen: una minoría de funcionarios con sus asociados en las cámaras. El pueblo de México no quiere más privatizaciones, menos de lo que nos da identidad como nación diversa y pluricultural.