Los fideicomisos abiertos por el PRI para obtener financiamiento de la campaña electoral de 1994, operaron como cuentas bancarias en las que se realizaban depósitos de diversa procedencia. De esos fideicomisos, el Revolucionario Institucional retiraba el dinero y lo administraba a través de cuentas de cheques.

Según se sabe, varias personas depositaron dinero sucio en los fideicomisos. Se conoce, por ejemplo, que Arrendadora Unión, que formó parte del grupo financiero del mismo nombre, concedió un préstamo a una empresa fantasma y ésta depositó al PRI más de diez millones de pesos. El entonces director de Aeroméxico, Gerardo de Prevoisin, ha declarado bajo juramento ante la corte estadunidense que entregó al tricolor ocho millones de dólares a través del fideicomiso 46-6 de Banca Serfin. Existen indicios de otros depósitos en favor del partido oficial, cuya legalidad no está clara o, francamente, no existió.

El ``pase de la charola'', organizado originalmente por Carlos Salinas de Gortari, generó una canalización de grandes sumas de dinero. Solamente Madrazo Pintado gastó en Tabasco, durante 1994, más de 70 millones de dólares en las campañas de Colosio, Zedillo y en la de él mismo. Las cantidades gastadas en todo el país no pudieron ser las que el PRI declaró ante el Instituto Federal Electoral, sino mucho mayores.

Después de que el PRD entregó al auditor del Fobaproa algunos documentos relacionados con la canalización de créditos de Banco Unión a fideicomisos del PRI, se solicitó formalmente a dicha institución de crédito el informe sobre los movimientos de tales fideicomisos. La negativa fue inmediata y contundente. Después, el comité técnico de la auditoría, integrado por diputados de todos los partidos, solicitó a las autoridades de Hacienda la entrega de la información y, nuevamente, la respuesta fue negativa. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) de la Cámara de Diputados requirió al secretario de Hacienda, José Angel Gurría, la entrega de la información y éste respondió, a través del subsecretario, que no era legalmente posible entregarla. Así fue como la CRICP acudió en queja al presidente de la República, quien no ha respondido.

El argumento oficial es que los fideicomisos están protegidos por el secreto fiduciario. Sin embargo, una auditoría no puede concluir sin todos los informes que requiera, es decir, que cuando se audita a un banco se requiere saber cómo se realizaron exactamente los movimientos. En este caso se necesita conocer de qué manera llegó el dinero de créditos bancarios a los fideicomisos del PRI con el propósito de que, si tales créditos fueron concedidos ilegalmente (como en efecto sucedió), el partido oficial regrese los millones que le ingresaron, pues la ley así lo señala.

El gobierno está encubriendo al Partido Revolucionario Institucional y, al hacerlo, incumple con su deber. Esta situación es característica del sistema político imperante en el país: la impunidad y la complicidad. La autoridad está obligada a aplicar la ley, pero sólo lo hace cuando así lo decide. Por tanto, el señor Gurría debería ser acusado por la Cámara de Diputados ante el Senado de estar violando leyes federales y rechazar, al mismo tiempo, la anunciada acusación del PRI contra el diputado Creel Miranda, quien exhibió documentos oficiales en los que se admite que, efectivamente, un crédito concedido por Banco Unión fue a parar a un fideicomiso del PRI, el cual es, ahora, una deuda de la nación.

El país necesita saber todo lo relacionado con los fideicomisos del Revolucionario Institucional, pues no puede haber dinero secreto de una entidad de interés público que goza de subvenciones del Estado.

En cuanto al asunto de Gerardo de Prevoisin, el procurador general de la República debería investigar de qué manera llegó al PRI el dinero que aquél presuntamente le robó a Aeroméxico, pues en la corte de Estados Unidos se encuentran algunos cheques de una cuenta personal del entonces director de la empresa de aviación en favor del PRI, es decir, de un fideicomiso del partido oficial. De Prevoisin dice lo mismo que Cabal Peniche: que el PRI le pidió el dinero y que esa era una forma normal de relación con el gobierno.

¿Cuánto dinero sucio se usó en la campaña de Ernesto Zedillo? ¿Cuánto gastó realmente el PRI en la promoción electoral? ¿Por qué tendrá que pagar la nación las sumas ``donadas'' al PRI para su excesivo gasto de campaña?