n Relatora especial hablará con el procurador estatal
Preocupan a la ONU asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez
Triunfo Elizalde n Asma Jahangir, relatora especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias de las Naciones Unidas, anunció ayer que está "pensando recomendar la apertura de una línea telefónica directa, 24 horas, entre víctimas o sus familiares y las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos", para que denuncien de inmediato nuevas agresiones, violaciones o asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En dicha población, los afectados directa o indirectamente son obligados a esperar un día para levantar un acta, bajo el pretexto de estar investigando los hechos que "van a ser oficializados". Acerca de esto y de la situación en general sobre los asesinatos de mujeres en dicha población, la funcionaria hablará el próximo viernes con Arturo González Rascón, procurador general de Justicia de Chihuahua.
Jahangir, luego de señalar que la apertura de esa línea, "que ya existe en otros países, sería una forma de presionar a las autoridades" de Ciudad Juárez y al gobierno federal para atender con celeridad los ataques contra mujeres, informó que, durante su próxima visita a esa ciudad fronteriza, revisará los expedientes de los casos de mujeres asesinadas, para conocer si en ellos se habla o no de narcotráfico, o se trata de un intento de desviar las investigaciones en torno a quienes pudieran resultar presuntos responsables de los asesinatos.
De acuerdo con la ONG Mujeres por Juárez, que preside la abogada Victoria Caraveo, "a finales de la semana pasada el número ascendió a 194 homicidios, de los cuales, 80 por ciento lo integran jovencitas de entre 14 y 17 años y que trabajaban en plantas maquiladoras locales". En muchos casos, dice, "las autoridades quieren justificar los crímenes y violaciones diciendo que 'ellas se lo buscaron', bien por haber sido 'ligeras' o porque se trataba de prostitutas, como si con el ser prostituta se perdieran los derechos humanos y, sobre todo, el derecho a la vida".
El gobierno "ha dado muestras de cooperación", y por eso dará seguimiento a algunos casos, aseguró Asma Jahangir, durante una breve entrevista concedida en la sede de la ONU en México, donde ayer continuó celebrando reuniones de trabajo con representes de ONG de Ciudad Juárez, y en especial con mujeres que han sido víctimas de violaciones, atropellos en sus derechos de reclamar justicia, y con familiares de mujeres asesinadas en las afueras de Ciudad Juárez, población que ha cobrado fama de ser la de mayor número de mujeres asesinadas, luego de ser violadas sexualmente, golpeadas y torturadas.
Precisó que acerca de los casos que más llaman su atención platicará con el procurador estatal, sobre todo porque "muchos de los homicidios cometidos revelan actitudes sexistas"; lo cual "me ha causado profunda inquietud"; pero lo que me ha conmovido es la tortura que sufren las familias mientras se encuentra el cadáver de sus hijas; "la confirmación y la espera que es un sufrimiento intenso a través de los días; dolor que todos podemos comprender y sentir".
Luego de aclarar que ella, como relatora especial de Ejecuciones Extrajudiciales, no puede hacer recomendaciones a otro relator, "pues todos somos técnicos independientes y autónomos"; sin embargo, dijo que hablará con la relatora especial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sobre su experiencia en México.
Ayer, durante las pláticas que tuvo con representantes de ONG de Ciudad Juárez y familiares de algunas víctimas de mujeres asesinadas, todos le pidieron que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU promueva una visita de dicha relatora a nuestro país, "no sólo por los múltiples casos de Ciudad Juárez, sino de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, por citar algunos hechos", dijeron.
En el documento que le entregaron las ONG de Ciudad Juárez y familiares de las víctimas, vivas y muertas, se le pide que recomiende al gobierno mexicano que agote todas las líneas de investigación "que la técnica y la experiencia procesal y policial aconsejen"; que fije indemnizaciones justas a los familiares de las víctimas, "por los casos de deficiente administración y procuración de la justicia"; que se integre una comisión de evaluación y diagnóstico en que estén representadas las ONG y expertos en derecho procesal independientes, y que exija el cumplimiento cabal de la recomendación 44/98 de la CNDH, que prácticamente se encuentra estancada.