n Omitió aplicar la ley del 72: trabajadores del INAH

Afuera de la SEP, Franco fue juzgada, condenada y quemada

n Entregaron dos cartas para pedir que destituyan a la funcionaria

Renato Ravelo n El fuego consumió una marioneta. Para la centena de trabajadores en la calle de Argentina, afuera de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, se trataba de María Teresa Franco, directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de quien se pidió su destitución ''por atentar contra la existencia del INAH'', en dos cartas que fueron entregadas en la oficina del titular de esa dependencia, Miguel Limón Rojas.

En el estilo festivo de las manifestaciones políticas de la última década, que reconcilian la consigna política con la farsa, Franco fue juzgada, condenada y quemada en su representación de madera y tela, por trabajadores administrativos y académicos del INAH. En otro sentido festivo, éste involuntario, el par de cartas y sus anexos fue recibido por la secretaria de Susana Villafuerte, que es secretaria de la secretaria particular del secretario Limón. Sería hasta por la tarde que se les daría fecha de audiencia, a pesar de que desde principio de semana anunciaron la entrega de las cartas.

El argumento para pedir su destitución: ''La falta de aplicación cabal de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos", según los investigadores, así como su apoyo a la iniciativa de ley general del patrimonio cultural, que atenta contra la existencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Separar lucha sindical y patrimonial

Para los administrativos, técnicos y manuales, las razones para solicitar la destitución de Teresa Franco son lo mismo su ''ambigüedad" al apoyar la propuesta de ley impulsada por el senador panista Mauricio Fernández Garza, la cual consideran lesiva para el instituto, así como motivos sindicales como represión, hostigamiento, descuentos indebidos, adeudos, falta de profesionalización.

También presente y así aprovechar la ocasión para difundir su causa, Rogelio Pérez Martínez, representante del Calpulli Teotihuacán, que desde el año pasado interpusieron una denuncia de hechos por malversación de fondos en contra de una lista de funcionarios (de Carlos Salinas de Gortari al encargado de la zona, pasando por Rafael Tovar y Teresa Franco), por un monto superior a 11 mil millones de pesos. Las viejas rencillas de las plazas Jaguares, Corzo y Gamio en la zona arqueológica mexiquense, presentes también.

Para José Antonio Contreras, secretario general de los investigadores, es necesario separar la lucha sindical de la patrimonial. Asegura que aunque tienen un par de asuntos pendientes con la administración de Franco (falta de pago de un bono y regulación de una centena de trabajadores que hacen labores de base por contrato), el documento y la intención sindical son la de defender el patrimonio.

Por primera ocasión en 60 años, destaca, los investigadores han llegado a la conclusión de que es necesario pedir la destitución de la directora del instituto ''porque ha demostrado una debilidad que no va de acuerdo con el compromiso que requiere el cargo. Apoyó ambiguamente una iniciativa de ley que atentaba contra la existencia del INAH, para luego desmentirlo. Sus actuaciones en el asunto Teotihuacán y Cuicuilco, como lo documentamos, responden también a esta falta de fortaleza".

En el documento que entregaron se abordan 13 puntos recurrentes respecto de los siguientes temas: no se ha aplicado cabalmente la ley del 72, la directora ha apoyado la iniciativa de ley general de patrimonio cultural; no se ha concluido la negociación de la ley orgánica, se ha dado una perjudicial influencia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en las decisiones del INAH, así como un cuestionamiento a su trayectoria profesional.

Sensatez, postura de ATM

Conocidos por sus siglas, los trabajadores Administrativos, Técnicos y Manuales, cuyo secretario general es Enrique Roura, aluden en su documento a los materiales periodísticos publicados por este diario, para atribuirle a María Teresa Franco responsabilidad directa en la iniciativa de Ley General de Patrimonio Cultural. Del instituto sólo se rescata el nombre en tal proyecto, argumentan: ''Esta circunstancia, de suyo grave, aunada a la pérdida del interés social, el carácter federal y utilidad pública del patrimonio cultural para dar paso a su comercialización y privatización nos parecen elementos improcedentes de la antes referida iniciativa".

Aunque Roura asegura que no se contamina la petición de destitución por aspectos de defensa patrimonial con reivindicaciones sindicales, en tres de los cinco puntos que integran su documento se aprovecha para solicitar solución a problemáticas que tienen que ver con la relación sindicato-autoridad.

ƑQué esperamos de esto?, se pregunta Roura y contesta ''que con base en los argumentos que hemos presentado hoy, prive la sensatez de que hay legitimidad en las demandas de los trabajadores y que encontremos con la Secretaría de Educación Pública lo que mejor que resulte para la institución".