La pertinencia de la alianza opositora parece haberse reafirmado con la jornada electoral del 4 de julio. Ello obliga a empezar, con seriedad, un debate que establezca acuerdos y desacuerdos de las formaciones partidarias que formarían la alianza; en materia económica debieran establecerse las líneas fundamentales de política que normarían el accionar del gobierno. En materia fiscal, lo prioritario sería una reforma tributaria que eleve los ingresos a los niveles promedio de la OCDE y que permita ampliar el gasto público, ligado a una política social que busque reconstituir el tejido social, roto por 17 años de neoliberalismo.

En materia laboral hay cuestiones fundamentales sobre las que deberá actuarse para afectar al corporativismo priísta. Una de ellas es la libertad sindical, el derecho de los trabajadores a decidir su sindicato, ya sea nuevo o existente; este principio establecido en la Constitución, pero impedido en la práctica, ha permitido la existencia del charrismo sindical con sus efectos negativos, tanto para los trabajadores como para las empresas. Otro tema es el de los contratos de protección, que debieran ser eliminados a partir de que las autoridades laborales informen a los trabajadores, con oportunidad, el contrato colectivo que los rige y el sindicato titular de ese instrumento. En ambos casos, las representaciones auténticas de los trabajadores podrían establecer convenios de productividad realistas que beneficien a las empresas y permitan mejorar las remuneraciones del personal.

Un tema central en la política económica del nuevo gobierno es el referente a la estabilidad en los niveles de precios. Los gobiernos neoliberales se han propuesto como meta alcanzar una inflación compatible con la de nuestros principales socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, lo que significa un crecimiento de los precios anuales de alrededor de 3 por ciento; ciertamente, alteraciones mayores a éstas tienden a reducir la competitividad de nuestra economía frente a estos países, pero también es cierto que este propósito sólo es compatible con un nivel de crecimiento del producto menor al requerido para generar los empleos necesarios. Por otro lado, mantener un nivel de precios estable es condición sine qua non para lograr que las tasas de interés se fijen en términos nominales, lo que permitiría reactivar el crédito y ofrecer condiciones de pago adecuadas a los deudores, de modo tal que los niveles de cartera vencida se detengan y permitan que los bancos recuperen su rentabilidad.

En una nueva estrategia económica es insoslayable mantener una política antiinflacionaria, compatible con el crecimiento del producto; por lo tanto, lo central no sería reducir la inflación, sino mantener los precios en niveles que permitan tasas de interés fijas, crecimientos de alrededor del 5 por ciento anual del producto. La política monetaria tendría que acomodarse a este objetivo, restringiendo la oferta monetaria en el caso de presentarse choques inflacionarios, pero relajándola en condiciones de estabilidad internacional; el tipo de cambio, por su parte, una vez controlado el crecimiento de los precios debiera retornar a movimientos preestablecidos dentro de una banda de flotación.

El crecimiento será, por supuesto, el objetivo toral de la política económica para la transición democrática. En el modelo neoliberal vigente, la dinámica ha provenido de las exportaciones, particularmente de las manufactureras; en ello, la contribución de las empresas maquiladoras ha sido significativa. Este sector, como se sabe, sólo consume la fuerza de trabajo necesaria para ensamblar el producto final, la que remunera muy por debajo de lo que pagaría en las economías receptoras; es posible que los salarios mejoren sin que las empresas pierdan competitividad. De esta manera, otro componente de la demanda agregada, el consumo, contribuiría a la dinámica económica.

Esto lleva a la cuestión del mercado interno y la pequeña y mediana empresa, sus abastecedores naturales. El mercado interno sólo podrá fortalecerse si se incrementan las remuneraciones de los trabajadores: la contracción salarial no tiene precedentes; de 1993 a 1998, los salarios mínimos reales y los promedios manufactureros se redujeron a menos de la mitad, al tiempo que la productividad del trabajo en la manufactura creció casi 45 por ciento. La retribución salarial tiene que ser corregida, lo que dinamizaría el mercado interno, favoreciendo a la pequeña y mediana empresa y, con ellas, al empleo.

En otros temas, como las privatizaciones eléctrica o petrolera, los desacuerdos entre los partidos coaligados debieran resolverse acudiendo a la población; el gobierno organizaría el plebiscito y respetaría escrupulosamente su resultado. Se busca que la política económica se oriente en una perspectiva diferente, ni concentradora ni excluyente, sino democrática y participativa.