* Autoridades estatales y municipales permitieron el asentamiento desde 1990

Las 300 familias afectadas de Canal de Sales exigen un lugar para vivir

* Un ex líder del PFCRN empezó la venta ilícita de predios * Incertidumbre ante posible desalojo

René R. Alvarado y Javier Salinas, corresponsales, y Matilde Pérez, enviada, Nezahualcóyotl, Méx., 13 de julio * Duermen y comen entre los hierros retorcidos, entre madera y cartón quemados, no les importa el olor de la podredumbre mezclada con petróleo, su decisión es permanecer en lo que queda de su patrimonio: un terreno de poco más de tres metros cuadrados.

Son 300 familias que la tarde del domingo 11 perdieron todo en el incendio que, de acuerdo con los informes preliminares de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, fue ocasionado por un corto circuito en los campamentos 12 y 13 del asentamiento irregular Canal de Sales. Los rumores de que serán desalojados en cualquier momento los obliga a permanecer en la tierra, ahora negra por la ceniza, que ocuparon sus viviendas.

Por esa incertidumbre, las familias han frenado las acciones de limpieza de los 200 trabajadores que enviaron los gobiernos estatal y municipal para agilizar la delimitación de lotes y regularizar ese asentamiento que nació hace 11 años por la venta ilícita que llevó a cabo Rubén Mendoza Fuentes, ex líder del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y quien fundó la organización Estrella y Engrane.

"šYa basta de miserias, queremos soluciones!", dicen indignados los damnificados. "šYa no queremos más comida, exigimos respuesta a nuestra petición de vivienda!", expresan al hacer un alto en su aferrada labor de separar los fierros de lo que fueron camas, estufas, alacenas y sillas, y colocarlos en las carretas tiradas por caballos que los llevan al depósito de fierro viejo, ubicada a menos de 15 metros del asentamiento.

En 1988 llegaron los primeros invasores. La madrugada del 29 de septiembre de 1990, 2 mil familias ocuparon 2.5 kilómetros fraccionados en 17 campamentos de lo que se llamó colonia Lázaro Cárdenas, hoy Canal de Sales. En octubre de ese año la fuerza pública los desalojó, pero sus líderes llegaron a un acuerdo con el entonces gobernador Ignacio Pichardo Pagaza, "para ocupar ordenadamente" el lugar.

En 1993, la tierra fue reclamada por el Sindicato de Agricultura y Recursos Hidráulicos que exigió el pago de su propiedad. Rubén Mendoza Fuentes pidió a cada familia 4 mil pesos para iniciar el trámite de la compra del terreno a través del Fondo Nacional de la Habitación Popular (Fonahpo) y con él firmaron un convenio para pagarle, cada propietario, otros 4 mil pesos.

Aprovechando su representación legal ante esa institución, el líder de Estrella y Engrane empezó la reventa indiscriminada de lotes, y por ese abuso los espacios de 60 metros cuadrados en donde vivía una familia se redujeron a terrenos de apenas 15 metros cuadrados, el hacinamiento llegó al extremo. Esa acción ilícita sólo fue detenida por el siniestro del domingo pasado que devastó, en menos de tres horas, 600 casuchas de lámina de cartón y madera.

La reventa de terrenos provocó divisiones entre los agremiados y surgieron otras organizaciones: Asociación Civil de Canal de Sales, encabezada por Ignacio Zamudio; Liberales de Canal de Sales, dirigida por Felipe López Mendoza; Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, presidida por Guadalupe Cervantes; Nuevo Partido Socialista, con Consuelo Hernández Mejía a la cabeza; Unión de Luchadores Tata Lázaro Cárdenas del Río, y la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. Sin embargo, Mendoza Fuentes siguió ejerciendo su "poder".

El gobierno estatal y la autoridad municipal conocían de los ilícitos del líder de Estrella y Engrane, pero nunca actuaron legalmente; dejaron que su poder creciera e incluso la última semana de junio creó otros dos asentamientos irregulares a un costado de la unidad habitacional Las Armas, junto a Canal de Sales. Ahora, temeroso de que las autoridades estatales actúen judicialmente en su contra, Mendoza Fuentes interpuso un amparo, cerró su oficina ubicada en el campamento uno del asentamiento y hasta canceló el contrato de su radio localizador.

A Mendoza Fuentes lo fortalecieron la "ineptitud y la complacencia" de los anteriores gobiernos municipales del PRI, afirma el actual alcalde perredista de Nezahualcóyotl, Valentín González Bautista. "A ese líder lo dejaron crecer los priístas a pesar de que ya tenía 24 denuncias penales en su contra", comenta en su oficina, mientras prepara un viaje a su natal Oaxaca. Por eso, explica, las familias de Canal de Sales desconfían de la autoridad municipal, no quieren que intervenga en la regularización a pesar del programa conjunto con el gobierno del estado para dar legalidad al asentamiento y reubicar en Santo Tomás Chiconautla, Ecatepec y San Jerónimo Cuatro Vientos, Ixtapaluca, a las familias "excedentes" y así terminar con las condiciones infrahumanas.

De las 2 mil familias que viven en Canal de Sales 400 han regularizado sus predios y en los campamentos 12 y 13, donde viven otras 600, sólo hay cupo para menos de 200. La actual situación de emergencia obligó a la autoridad municipal a realizar un censo de damnificados y compararlo con el que elaboró la Comisión Reguladora del Suelo del Estado de México (Cresem) para evitar que "oportunistas lleguen a querer apropiarse de un predio ante la inexistencia de los documentos, perdidos por el incendio".

Ahora, la tragedia sirve "para el proselitismo vulgar e insultante de los partidos políticos que creen que con repartir unas cuantas despensas van a solucionar el problema de fondo (regularización del asentamiento), pasando por encima de la autoridad, la cual instaló, junto con otras dependencias, centros de acopio y albergues", agrega.

La pasarela política llegó este martes a su máxima expresión con la presencia del dirigente nacional y candidato a la presidencia de la República por el PVEM, Jorge González Torres, quien a pesar de su desconocimiento del problema responsabilizó al gobernador César Camacho Quiroz y al alcalde González Bautista del "desinterés y desamparo de las familias damnificadas".

Mientras, en un comunicado de prensa, el PRI mexiquense asegura que por orden del "gobernador electo, Arturo Montiel Rojas, se brindará asesoría jurídica para defender el patrimonio de las familias y exigir a las autoridades locales cumplan con su deber constitucional".

Las promesas no eliminan el temor y la incertidumbre de las familias de estar asentados sobre ductos que llevan turbosina al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pemex y el ayuntamiento aseguran que no existe ningún conducto para que la zona sea considerada de riesgo. Mientras, Roberto Bello Corona, delegado regional de Protección Civil, argumenta que sí hay instalaciones de Pemex en el lugar.

Cuarenta y ocho horas después comenzaron los trabajos de limpieza, pero eso ųde acuerdo con el Instituto de Salud del Estado de Méxicoų no elimina el riesgo de un brote de cólera. En tanto, la Cruz Roja Mexicana y otros centros de acopio insisten en que faltan víveres y medicamentos, principalmente para los recién nacidos y los menores.

Los damnificados iniciaron ya su peregrinaje a la Presidencia de la República para que a todos se les dé un espacio donde vivir.