* La demanda, contra quienes resulten responsables por la toma de instalaciones
Interpondrá Carrancá denuncia ante el MP
* El jurista niega que la medida sea un llamado a la intervención de la fuerza pública
María Esther Ibarra y Francisco Guerrero Garro, corresponsal * El jurista universitario Raúl Carrancá y Rivas anunció que en los próximos días presentará, junto con Ignacio Burgoa Orihuela, una denuncia de hechos ante el Ministerio Público federal por la paralización y la toma de instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El también profesor de la Facultad de Derecho aclaró que la denuncia no implica un llamado a la intervención de la fuerza pública para recuperar las instalaciones de la máxima casa de estudios o solucionar el conflicto universitario.
"šDios nos ampare de que entre a la UNAM, pues ni remotamente estamos pensando en eso ni buscamos de manera violenta nos reintegren nuestros derechos", exclamó Carrancá y Rivas en entrevista vía telefónica.
"Estamos apelando a la fuerza del Estado, a la del derecho, a fin de que el Ministerio Público inicie una averiguación y determine la configuración de delitos contra quien o quienes resulten responsables", externó.
Al margen de las denuncias que pudiera presentar Gonzalo Moctezuma, abogado general y representante legal de la máxima casa de estudios, explicó que la suya es como "académicos universitarios despojados de nuestro derechos para ejercer la labor de enseñanza, como de los espacios requeridos para ello".
Carrancá y Rivas comentó que por tratarse de una denuncia de hechos, no establecerán el tipo de delito, aunque mencionó la configuración de los delitos de daños en propiedad ajena en perjuicio de la UNAM y de despojo, en el caso de los académicos y estudiantes universitarios opositores.
El jurista dijo que recurrían a esa acción porque los huelguistas "no hacen ningún caso a los llamados del presidente Ernesto Zedillo ni del rector Francisco Barnés de que devuelvan las instalaciones universitarias y la universidad retorne a sus actividades académicas".
Confió en que la denuncia prospere, pues de lo contrario sería muestra de que en la UNAM "cualquiera puede actuar de manera impune y atropellar la propia autonomía". Sin embargo, insistió en que tampoco intentarán recuperar las instalaciones universitarias, porque sería "hacernos justicia por nuestra propia mano y es improcedente".
Incluso, dijo que podrían tener razón los paristas en su inconformidad por el Reglamento General de Pagos, pero "eso no les da derecho a pasar por encima de miles de universitarios que se han opuesto a su toma por asalto de la institución. Todo debe ser resuelto por el diálogo, y lamentablemente vemos que ellos no quieren dialogar".
Refutó que el actual conflicto en la UNAM pueda equipararse al de 1968, pues en su opinión existe una enorme diferencia entre ambos movimientos estudiantiles. "En aquél los estudiantes luchaban por por una causa social muy grande y otras eran las condiciones en el país, además de que el entonces presidente era un represor y el actual ha tenido una actuación muy distinta".
En Cuernavaca, Morelos, durante la conmemoración del Día del Abogado, Carrancá sostuvo que la creación "inconstitucional" de la llamada Policía Federal Preventiva ų"con la presencia extraña de militares en esta corporación"ų, junto con el conflicto universitario, son ejemplos elocuentes de la "fragmentación" del estado de derecho en el país.
Agregó: "Lo que preocupa es su dudosa constitucionalidad, además de que se pretende enfrentar a la delincuencia dándole prioridad absoluta a la represión, al derecho penal represivo, con omisión o disminución de la prevención".
* Académicos piden a los críticos aportaciones para la solución del problema
Voces disidentes con la huelga enrarecen el diálogo
Nadie en la UNAM, incluido el movimiento estudiantil, renuncia o se opone a la excelencia académica, pero para alcanzarla el gobierno federal debe destinar más recursos a la institución y a todas las universidades públicas del país, manifestaron académicos e investigadores de la máxima casa de estudios, al cuestionar que el presidente Ernesto Zedillo critique de manera indirecta algunos de las planteamientos hechos por los estudiantes paristas.
Consideraron que tanto el mandatario como el jurista Raúl Carrancá y Rivas ųquien anunció que presentará una demanda penal contra los huelguistasų deberían "abstenerse" de hacer declaraciones que "exacerban" la posibilidad de una salida violenta al conflicto universitario", más aún cuando el Consejo General de Huelga (CGH) y la Comisión de Encuentro (CE) lograron ayer reunirse por tercera ocasión.
Axel Didriksson, de la Comisión Plural de Investigadores (CPI), dijo que las autoridades universitarias deben ser las primeras en escuchar el mensaje del Presidente por incurrir en prácticas demagógicas como ''las clases extramuros, los exámenes al vapor y el pase automático concedido a estudiantes no paristas, que no tienen nada que ver con la excelencia".
Para ser consecuente con el concepto de excelencia académica, abundó, Zedillo debería "proporcionar los recursos necesarios a la UNAM y las universidades de todo el país para generar la infraestructura y condiciones de enseñanza". Sin embargo, dijo, su administración tiene un "nulo interés en el mejoramiento de la calidad, la cobertura y la eficacia de las universidades públicas", cuya caída en sus condiciones académicas obedece a los recortes presupuestales promovidos en los últimos años por el gobierno federal, que carece de una política coherente en la materia.
Las autoridades deberían ser autocríticas y reconocer que el movimiento estudiantil al que se han unido las voces de los académicos revela ''la enorme insatisfacción'' que existe contra las políticas gubernamentales en la materia, indicó Didriksson. Al respecto, mencionó que el conflicto en la máxima casa de estudios tiene una "vía de solución expedita", que nunca mencionan Zedillo, Barnés de Castro y el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, referida a un proceso de cambios académicos, urgentes y necesarios, para alcanzar la excelencia académica.
Entrevistados por separado, Sergio Suárez y Josefina Morales ųdel Instituto de Investigaciones Económicas (IIE)ų, así como Ana María Aragonés ųacadémica de la ENEP Acatlán e integrante del grupo Creadores, Académicos e Intelectuales (CAI)ų señalaron que el Presidente debe aclarar a quién se refiere con sus acusaciones "abstractas".
La excelencia académica es un compromiso del espíritu universitario y los estudiantes en huelga no se oponen a él, enfatizaron Morales y Aragonés, quienes indicaron que no es demagogia demandar un incremento en el número de profesionistas y de universidades públicas, porque el país los requiere.
La demagogia, dijo a su vez Sergio Suárez, es cerrarse a los problemas socio-económicos que impiden a los jóvenes acceder a las universidades y concluir sus estudios. Los huelguistas, consideró, defienden un proyecto de educación gratuita para las futuras generaciones que se opone al proyecto que es promovido con carácter de mercado.
Más demagógico y populista, sostuvo Suárez, es apoyar a los banqueros "que succionan la riqueza de México y no aportan recursos al proyecto educativo que permita impulsar el desarrollo". El gobierno no entiende que la inversión en educación es la más productiva de todas, manifestó Aragonés.
Sobre las declaraciones de Carrancá y Rivas, Didriksson advirtió que aunque "las voces del fascismo y de la represión las hemos tenido desde el inicio del movimiento", lo preocupante ahora es que con el alargamiento de los tiempos otros sectores de la sociedad puedan respaldarlas.
Aragonés calificó como "incendiarias y provocadoras" las afirmaciones del jurista y dijo que son absurdas e ineficientes, porque, se preguntó, "Ƒcontra quiénes se levantaría la demanda? ƑContra los miles de estudiantes que sostienen la huelga?"
En lugar de provocar más conflictos, dijo Sergio Suárez, la Barra de Abogados debería analizar la gratuidad de la educación y los mecanismos para que el gobierno aporte más recursos a las universidades.
Según Elvira Concheiro, también investigadora del IIEc, si Carrancá asegura defender a los universitarios también debe aceptar que los huelguistas forman parte de la UNAM, por lo que hizo un llamado a "abstenerse de exabruptos" y mantener la cordura.
En torno al encuentro entre el CGH y la CE, los investigadores coincidieron en que ambas partes deben "flexibilizar" sus posiciones. Didriksson señaló que en las reuniones del Palacio de Minería estudiantes y autoridades deben alcanzar acuerdos sobre la recuperación del semestre, el levantamiento de sanciones contra los paristas, y el compromiso, "particularmente de las autoridades", de crear una comisión representativa que incluya a todos los sectores de la UNAM para organizar un foro de discusión sobre la transformación de la institución, en el que incluso se aborden los puntos no resueltos del pliego petitorio del CGH.
Elvira Concheiro indicó que resulta inexplicable que , de entrada, las autoridades se nieguen a tratar todos los puntos en la mesa de discusión, "no es conveniente poner trabas" a la solución de la huelga, dijo. (Susana González)