En el Palacio Legislativo de San Lázaro se efectuó la semana pasada un foro nacional sobre derechos humanos y medio ambiente, donde se expusieron diversas inquietudes surgidas entre legisladores, organizaciones ciudadanas, especialistas y dirigentes sociales, a fin de ampliar el sustento jurídico y el margen de acción en los temas referidos.

Durante el foro se ofrecieron ejemplos que ilustran las lagunas que impiden hacer realidad los derechos humanos y la conservación de la salud y el ambiente, así como la necesidad de tomar medidas acordes con la realidad nacional.

Entre los 20 casos expuestos sobre los asuntos anteriores, sobresalen los referidos al funcionamiento de la industria petrolera en el Golfo y sureste de México; los niños y las madres contaminadas con plomo, en Torreón; la minera San Javier, en San Luis Potosí; las víctimas que ocasionó en 1991 el incendio de la empresa química Anaversa, en Córdoba, y cuya estela de daños no termina; y los efectos negativos que ocasionan los plaguicidas.

En el campo jurídico destacaron las aportaciones de Carlos L. Baungarten, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, sobre la necesidad de resolver las lagunas y vacíos existentes en la legislación en torno al artículo 4¼ constitucional, que garantiza el derecho que tiene toda persona ``a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar'', y la rectoría del Estado para garantizar que el desa-rrrollo sea integral y sustentable.

Por su parte, el licenciado Ramón Ojeda Mestre, presidente de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental, recalcó la necesidad de vigorizar los acuerdos de la comunidad de naciones sobre el medio y los derechos humanos.

La reunión pudo haber sido más éxitosa, pero no se le dio la difusión adecuada y muchos se enteraron tarde de su celebración; varios participantes no tuvieron el tiempo suficiente para elaborar sus ponencias ya que fueron invitados uno o dos días antes. Además, las fechas del foro fueron cambiadas. Quedó la sospecha de que la desorganización y la notable ausencia de la mayoría de los legisladores que integran las comisiones (con la honrosa excepción de la diputada Roselia Barajas) fue fruto no solamente de la burocracia, sino de los enfrentamientos que los partidos políticos tienen en la Cámara. La ciudadanía, nuevamente, dio una muestra de interés en asuntos que a todos atañen y de su disposición a trabajar en busca del cumplimiento de la ley. Cabe señalar que buena parte de los asistentes provenían de fuera del Distrito Federal y costearon su traslado y permanencia en la ciudad con recursos propios, cuando lo correcto, tratándose de un foro nacional, era que esos gastos los cubriera el Poder Legislativo.

De lo ocurrido en el foro, destaco tres asuntos básicos que resumo enseguida:

Uno, la necesidad de que las comisiones de Derechos Humanos, Salud y Medio Ambiente de la Cámara y el Senado, actúen coordinadamente, pues los temas bajo su responsabilidad se encuentran estrechamente vinculados. Máxime si los pocos legisladores presentes comprobaron el malestar ciudadano por el desempeño de las dependencias oficiales responsables de esas áreas. Y que los asistentes expusieron los obstáculos que existen para hacer efectiva la actual legislación ambiental.

Dos, el llamado urgente al presidente Zedillo y a la secretaria Julia Carabias, para que atiendan debidamente los casos de contaminación y los accidentes ambientales ocasionados por las empresas paraestatales y privadas, así como por particulares.

Y tres, la necesidad de hacer autónoma a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). En las intervenciones ciudadanas se evidenció que dicha instancia, que depende de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), no cumple cabalmente su cometido y es ineficiente en su tarea de procuración de justicia. El estar subordinada a la Semarnap, la convierte en juez y parte. Hacer a la Profepa autónoma es tema que también analiza la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara.

En fin, ya se habla de un segundo foro, mejor organizado y en el que habría realmente intercambio de opiniones entre la ciudadanía y los legisla- dores. Ojalá éstos hagan a un lado sus intereses partidistas, asistan y cumplan con el deber de atender las peticiones de quienes, entre otras cosas, los eligieron con su voto.